Las firmas de 5,530 y 194 muertos/Jorge Álvarez Banderas
El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió un informe sobre los apoyos ciudadanos a la consulta popular sobre juicios a expresidentes de la nación mexicana, promovida por Norma Ariadna Sánchez y Manuel Vázquez, de donde resalta que 5 mil 530 personas excluidas de la lista nominal por defunción, brindaron su apoyo firmando en apoyo a dicha consulta, entregando una copia fotostática de su credencial de electro; en total el INE excluyó 23 mil 533 apoyos ciudadanos por otros diversos motivos.
Las firmas validadas al haber alcanzado el 2.32% de los registros en la lista nominal, cumple con lo estipulado en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el segundo párrafo del inciso c) del apartado 1 de la fracción VIII, que precisa que para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, los ciudadanos, en número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, tienen derecho a votar en dichas consultas.
La petición realizada por estas dos personas, será convocada por el Congreso de la Unión, debiendo ser aprobada por la mayoría de la cámara de senadores y diputados respectivamente, una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la constitucionalidad de la materia de consulta, consulta que el INE tendrá a su cargo, en forma directa, verificando previamente que se reuna por lo menos el 2% arriba señalado; organizando, difundiendo, desarrollando, computando y declarando los resultados.
El INE también informó sobre otra consulta con los mismos fines promovida por Citlali Ibañez Camacho, donde se detectó la firma de 194 muertos entre otras irregularidades, en esta consulta solo se obtuvo un 0.06% de la lista nominal; por ahora, una vez conocidos estos resultados, se ha emitido los reportes a la cámara de senadores para su conocimiento.
De acuerdo a la Ley General en Materia de Delitos Electorales se impondrán de 50 a 100 días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos; el anterior tipo penal es el más cercano a la conducta de que alguien obtuvo copia de las credenciales para votar de personas ya fallecidas, que supuestamente dieron el apoyo para llevar a cabo la consulta.
En materia de delitos electorales no se tipifican conductas relacionadas con los apoyos de los ciudadanos que firman solicitando se lleve a cabo una consulta popular, ya que no se podría sancionar por analogía a los 120 mil 902 personas que firmaron repetidamente para la procedencia de dicha consulta, situación que si se prevé para cuando una persona vota más de una vez en una misma elección, actuando el ministerio público de oficio con el inicio de las investigaciones.
¿La consulta va? @lvarezbanderas
