La tortura, tratos crueles y degradantes
El control, la disciplina y el sometimiento del cuerpo, ha estado presente durante el desarrollo de la humanidad, es un ejercicio del poder, que permite acciones para ejercer el androcentrismo; en la narrativa actual y ya positivados los derechos humanos y definidas las violaciones graves a los derechos humanos, así como las estructuras operativas que mandata la ley y el diseño de política pública seguimos observando la presencia de actos de tortura, los tratos crueles y degradantes como medida de control; dichos actos se cometen contra personas migrantes, contra grupos en condiciones de vulnerabilidad, personas desplazadas, en ocasiones con miembros de la comunidad LGBTTTIQ+.
Debo de reconocer que, pese a todos los esfuerzos institucionales de formar, informar a los servidores públicos en el Código de Ética y manuales de buenas prácticas, son dichos servidores públicos y otras personas por mandamiento de éstos los que cometen la tortura, los tratos crueles y degradantes, atentando contra la dignidad humana.
De esta manera, en la práctica de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes se configura como una de las formas más graves de violación a derechos humanos, toda vez que atenta contra su dignidad y es causante de graves daños físicos y psicológicos en los cuerpos, los cuales suelen ser aún más destructivos e imposibles de superar, es sin duda, uno de los fenómenos de mayor preocupación por las autoridades internacionales y regionales en el mundo.
Consideramos, desde mi desempeño en distintas labores en materia de derechos humanos, que la tortura es un flagelo inadmisible, indignante y representa un serio retroceso en el Estado de Derecho y además es importante que los organismos autónomos en materia de derechos humanos y las autoridades atiendan, disminuyan y erradiquen, la frecuencia con que se presente este fenómeno en México; de esta manera, se debe garantizar que cada caso que ocurra sea investigado por las autoridades de las Fiscalías, y que se tomen las medidas que aseguren que estas acciones no se vuelvan a repetir, judicializando las carpetas de investigación y no dejando impunes los actos de tortura, tratos crueles y degradantes.
Al igual que las adicciones, la adicción al poder y el ejercicio de la violencia, la tortura, los tratos crueles y degradantes, es una problemática que debe ser atendida desde la prevención, con la formación e información de servidores públicos en sus ejes normativos (leyes), axiológicos (códigos de ética), de conocimiento de los documentos sustantivos de la dignidad humana tanto ontológica, ética y real, desde la importancia del reconocimiento de la persona, como sujeto de derechos humanos y libertades.
Se debe de prevenir la tortura en distintos espacios de acuerdo a la Campaña Nacional contra la Tortura 2024, en dicho documento la Secretaria de Gobernación precisa que pueden ser objeto de tortura: las personas que viven movilidad humana y migración, la violencia obstétrica en centros de salud, la tortura sexual, las personas que viven diversidad sexual a la hegemónica, los pueblos originarios, las infancias y adolescencias, quienes viven con problemas de salud mental y discapacidad, quienes viven en adicciones, defensores de derechos humanos y periodistas y desde luego, las denominadas personas privadas de su libertad es espacios de reinserción social.
De esta manera las víctimas de tortura directa e indirecta pueden ser: por edad, por sexo, por racionalidad, fuero, por entidad, o bien, por materia, termina expresando la narrativa de la Campaña Nacional Contra la Tortura 2024 y en la cual actualmente participa la Secretaria de Gobierno a través de la Subsecretaria de Derechos Humanos y Población que dirige la doctora Elvia Higuera Pérez.
Es así que, la Estrategia Nacional Contra la Tortura es un trabajo colaborativo de 18 dependencias del Ejecutivo Federal y coordinado por la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, tiene dos ejes fundamentales: Por un lado, la prevención de la tortura, la cual consiste en fortalecer las capacidades institucionales y potenciar eficazmente el abordaje de estos delitos, así como evitar la réplica de dichas agresiones mediante acciones focalizadas e interconectadas de cooperación interinstitucional y con ello, transitar hacia una cultura de pleno respeto a los derechos humanos; por otro lado, la atención de la tortura, que consiste en robustecer la asistencia que se brinda a las víctimas y garantizar que su atención tenga como objetivo superar las vejaciones a las que fueron sometidas, recuperar su proyecto de vida, así como de mitigar y sanar el impacto que esta agresión provocó en su entorno. Debemos de seguir trabajando para erradicar la tortura, requerimos de un México sin tortura.
