La Opción/Jorge Vílchez
Tiene razón el diputado Juan Figueroa Gómez al advertir de la ausencia de virulentas manifestaciones sindicales en el pasado cuando el gobierno estatal dejó de hacer aportaciones al Fondo de Pensiones.
¿Estaban consintiendo los sindicatos las omisiones en las que incurría el gobierno estatal en los años 2013, 2014 y 2015? Es la pregunta que hizo el legislador perredista en la tribuna del Congreso del Estado.
Como se sabe, el adeudo de la administración estatal al Fondo de Pensiones ascendía a 492 millones de pesos, cifra ésta que se acumuló por la falta de pago durante los años que arriba se citan.
Los sindicatos de los tres Poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- junto a un sector del magisterio michoacano programaron un paro de labores y una marcha el pasado martes, que al decir del secretario de Gobierno, Adrián López Solís, fueron innecesarios.
Los sindicalizados exigían el pago de los 492 millones que adeudaba la administración estatal al Fondo de Pensiones.
La respuesta del secretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Mendoza, fue anunciar, ese mismo día de las movilizaciones, que ya se habían depositado 40 millones de pesos al citado Fondo.
No solo eso, informó que desde octubre del 2015, año que asumió las riendas del estado la administración que preside Silvano Aureoles Conejo, se han depositado en tiempo y forma las aportaciones al Fondo de Pensiones. Hoy el acumulado es de 3 mil 800 millones de pesos.
Así, el gobierno estatal no ha omitido esa deuda que dejaron anteriores administraciones, y ha manifestado voluntad para reparar el daño.
Pero los sindicatos no solo deben exigir que se pague esa deuda al Fondo de Pensiones, sino también deben ser enérgicos y demandar que se esclarezca el destino de esos 492 millones de pesos que no se aportaron durante los años 2013, 2014 y 2015.
Es legítima la demanda, porque es un ahorro de los trabajadores de los tres Poderes del Estado y del magisterio michoacano.
El diputado del PRD en la LXXIII Legislatura local, Juan Figueroa Gómez, dijo que las instancias competentes del gobierno estatal investigan, y ya se han instaurado los procedimientos legales correspondientes en contra de los responsables de este desfalco.
Pero ¿Dónde quedaron los 490 millones de pesos que legalmente debieron aportarse durante esos años al Fondo de Pensiones?
¿Habrá realmente castigo para los responsables de esa gravísima omisión?
Al tiempo
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