La Opción/Jorge Vílchez
La Opción
Jorge Vílchez
La propuesta de inhabilitar de manera definitiva y no temporal a todo funcionario o servidor público que haya incurrido en actos ilegales o de corrupción, como lo promueve el legislador Javier Paredes Andrade, no solo es viable, también necesaria.
Es drástica, pero se presume como ejemplar una medida como la citada, más aún cuando el tema es cotidiano y preocupante.
El coordinador de la Representación Parlamentaria argumenta que la temporalidad en las sanciones administrativas para el funcionariado público, permite que se convierta en una “forma de vida para los políticos, porque no hay castigos, situación que alienta a que se sigan cometiendo actos de corrupción”.
Que los funcionarios que incurrieron en actos ilegales reciban castigos ejemplares con cárcel, inhabilitación permanente y la devolución del daño, situación que permite que se eviten “monumentos a la impunidad” sería, sin duda alguna, una decisión que podría desalentar actos de la naturaleza como las que destaca Paredes Andrade.
El parlamentario ilustra su ponencia al decir que México se encuentra en un nivel de percepción de corrupción alarmante, estancado como uno de los lugares donde se perciben más casos en todos los niveles de gobierno, lo que ha sido documentado por Transparencia Internacional a través de su índice anual.
Y refiere que en el más reciente reporte de Transparencia Internacional, correspondiente al 2018, se advierten los siguientes resultados: México se ubica en el puesto 138 de 180, con una calificación de 28, tres lugares por debajo del mismo diagnóstico de 2017.
Anota que México se encuentra empatado con Guinea, Irán, Líbano, Papúa Nueva Guinea y Rusia; y está entre los cinco países con la calificación más baja en la región de las Américas. Solo 10 puntos por arriba de Venezuela, último lugar en la zona.
El legislador de Movimiento Ciudadano ejemplifica el caso de Michoacán, en donde solo algunos funcionarios han sido inhabilitados por un par de años, pero les ha salido muy barato, porque después podrán regresar a la función pública sin problema alguno.
Así, la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política; la Ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos de Michoacán y sus Municipios, propuesta por el legislador Javier Paredes para combatir la corrupción podría tener eco entre los integrantes de la LXIV Legislatura local.
Y de aprobarse ésa, sería un elemento más de prevención o de advertencia para todo funcionario o servidor público que esté tentado a cometer actos de corrupción o ilícitos en contra del patrimonio de los michoacanos.
Al tiempo.
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