La causa justa y la ley garrote/Felipe de J. Monroy
Toda sociedad guarda un sinnúmero de causas; diría el filósofo Helvétius, cada una busca satisfacción de los intereses egoístas de sus miembros. Por supuesto, no es obligatorio coincidir o apoyar todas las causas; es más, seguro hay causas que disputan nuestros propios intereses o privilegios. Es decir, hay causas que, siendo justas para algunos, son injustas para otros. Entonces, ¿quién tiene el derecho de juzgar cuáles son causas justas y cuáles no?
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha insistido en que contra su administración hay movimientos de causas injustas. En diversas alocuciones ha reconocido que debido a su larga militancia desde la oposición le gusta que la gente luche (intuimos, incluso contra el gobierno y sus instituciones como él lo hizo), pero sólo motivada por “causas justas”. Para el presidente, toda su historia personal en la lucha opositora a los últimos cinco sexenios pertenece al ámbito de la ‘causa justa’; y quizá no le falte verdad porque un buen respaldo popular a su causa le eligió presidente.
Ahora bien, concedamos que la lucha de López Obrador nunca ha sido por la ‘administración temporal del poder’ o como él lo ha puesto en sus palabras: “No es un ambicioso vulgar”. Su lucha es por “la radical transformación de la vida pública y de las instituciones en México” y es, por pertenecer a sus intereses, causa justa. Una causa que ahora cuenta con todos los recursos humanos, políticos, diplomáticos, económicos y de coerción social con los que cuenta el gobierno, la administración pública y el poder político.
¿Podría entonces haber otras causas que, siendo justas, contraríen la Cuarta Transformación? Nuevamente la pregunta: ¿quién tiene el derecho de juzgar cuáles son causas justas y cuáles no?
En el curso de las democracias modernas, ese derecho reside aparentemente en la figura del legislador; en el marco de la ley que construye y actualiza como producto de la voluntad popular y de los supremos intereses del bien común. Sin embargo, existe tal distancia entre el cuerpo legislativo y los legítimos intereses de la sociedad que hoy por hoy no hay causa justa de ninguno legitimada enteramente por el otro. Me explico: la lucha del poder en la indefectible sucesión presidencial puede ser causa justa para legisladores de oposición pero es evidente que no cuentan con la confianza ni el apoyo popular; por el contrario, la defensa de las libertades políticas y sociales o la auténtica representación democrática puede ser causa justa para los ciudadanos, pero no para los legisladores o las élites de la partidocracia.
Sólo queda, por tanto, apelar al titular del ejecutivo para que comprenda el riesgo que supone confundir los intereses de grupos por encima de intereses del bien común o el futuro democrático. Es decir, si el líder del movimiento de regeneración nacional no defendiese los principios irrenunciables de la búsqueda de justicia social, ¿deja en este caso de ser representante de la Cuarta Transformación? Concluyo: Cuando los líderes sociales se escuchan a sí mismos, siendo utilizados por malos asesores, para usar su poder y evitar el libre ejercicio de los derechos civiles; inmediatamente pensamos que con ese mismo puño, con el que lucharon por la justicia, golpean los cimientos de su liderazgo e intentan, sin saberlo, derrocarse.
@monroyfelipe
