Itinerario político/Ricardo Alemán
¡PRESOS POLÍTICOS…! OTRA MENTIRA
Al amparo de la prensa militante y del periodismno a modo –que guardan un silencio sepulcral--, nace, crece y amenaza con reproducirse otra mentira; la supueta existencia de presos políticos en México.
Y es tal el espantajo que criminales vulgares, ladrones de cuello blanco, lavadores de dinero y hasta matarifes a sueldo se alistan para buscar lugar en la dudosa categoría de “presos políticos” y --¡claro!--, para reclamar al nuevo gobierno su liberación.
Pero antes de seguir se impone la pregunta elemental: ¿Es cierto o falso que en México existen presos políticos?
Dice una definición clásica que un preso político es cualquier persona o ciudadano al que se mantiene en prisión o bajo arresto –al margen del derecho--, “porque sus ideas suponen una amenaza para el sistema político establecido”.
¿De verdad en el México democrático del siglo 21 existen presos polísticos o presos de conciencia?
Está claro que no. Y decir lo contratio sería lo mismo que reconocer el fracaso de los poderes sobre los que descansa el Estado mexicano; Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
¿Entonces, si no existen presos políticos, de dónde sale la peregrina idea de que a partir del 1 de diciembre, el nuevo gobierno emitirá un decreto “para amnistiar a los presos políticos”?
Ya no es novedad. La idea salió de una declaración del Presidente electo, quien luego de una visita al gobernador de Quintana Roo –Carlos Joaquín González--, dijo a los periodistas que el hijo de Mario Villanueva –preso por delitos federales vinculados al crimen organizado--, le entregó una carta en la que expone que Villanueva es un perseguido político.
En respuesta, Obrador dijo: “Vamos a establecer un procedimiento… Le he pedido a la licenciad Olga Sáncherz Cordero que me ayude en la elaboraciòn del acuerdo, del decreto, de la ley, de confomidad con lo que corresponda y que se fijen las condiciones para ésta amnistía a presos políticos a partir del análisis expedito de caso por caso”.
¿Qué significa que el futuro presidente –quien aún no toma posesión--, decida quienes sí y quienes no son “presos políticos”? ¿Qué implica que el Ejecutivo pretenda invadir funciones de los poderes Judicial y Legislativo?
¿Imaginan la paliza para a Fox, Calderón o Peña, si hubiesen insunuado liberar a criminales, a partir de un decreto que ignore los delitos federales y considere “presos políticos” a matarifes, narcotraficanrtes y secuestradores?
En efecto, una vez investido como Presidente, López Obrador puede enviar al Congreso las reforma judicial necesarias para cambiar el estatus de criminales como Mario Villanueva, Javier Duarte y los que guste o mande.
Sin embargo, mientras dichas reformas no sean presentadas, aprobadas por el Legislativo y mientras que el Poder Judicial no haga su parte, el Ejecutivo no puede dar la calidad de “preso político” a nadie.
En realidad sistimos a una monstruosidad legal propia de un dictador y al silencio cómplice de medios y periodistas domesticados. ¿Hasta cuando?
Al tiempo.
