Itinerario político
Ante aranceles, solo salida
retórica, sin reindustrialización
Los funcionarios mexicanos desde Luis Echeverría hasta la presidenta Sheinbaum Pardo han demostrado una gran agilidad para planificar reacciones a crisis, pero con programas construidos en el aire. El Tratado 1.0 y 2.0 tuvo el altísimo costo de apostarle solo a la exportación primaria y a la maquila-ensamble de productos intermedios. Y ahora que no hay Tratado, el gran desafío es volver a construir una planta industrial de Europa.
Todos los planes de emergencia anticrisis en 52 años aciertan con precisión a la identificación de los problemas y a la propuesta de soluciones, pero son inaplicables en la realidad porque todo el aparato productivo público y privado carece de funcionalidad, interrelación y recursos.
El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 se puede resumir en un solo detalle que se ha proyectado en todas las propuestas posteriores al ramalazo arancelario del presidente Trump: la participación del contenido nacional en las exportaciones globales de la producción manufacturera total pasaría de la línea base de 16.3% a la meta de 19%. Sin embargo, el analista Arnulfo R. Gómez tiene otros datos: el componente del producto nacional cayó de 58.8% en 2001 a 38% en 2022 y en el sector automotriz bajó de 35% en 2023 a 26% en 2029.
La disminución de la participación nacional en el componente de exportación mexicana sintetiza el golpe desindustrializador que comenzó nada menos que el negociador original del Tratado, Jaime Serra Puche, cuando respondió a las inquietudes sobre el futuro de la industria en México con la firma del Tratado y al requerimiento de que cuál sería la nueva política industrial: “la mejor política industrial es la que no existe”. Y a lo largo de 51 años de funcionamiento del Tratado, México desindustrializó su sector de transformación. Y volver a reconstruirlo tardará centenas de miles de pesos y mínimo 10 años, con la circunstancia agravante de que todos los planes y programas de la presidenta Sheinbaum carecen de un programa de construcción una nueva planta industrial y agropecuaria.
El otro dato que salta a la vista en la respuesta gubernamental mexicana es la descoordinación de proyectos y metas. El Plan Nacional de Desarrollo y el Plan México solo definen el ideal de un México desarrollado, pero los Criterios Generales de Política Económica 2025 y 2026 --la realidad operativa de los instrumentos cotidianos que regulan la actividad productiva-- también cuentan otros datos: la meta original para este sexenio era de 2.5% de PIB promedio anual, pero toda la inestabilidad en torno al Tratado y los aranceles ya bajó la expectativa de crecimiento en esos dos años a 0% anual, en el más optimista de los casos.
Lo anterior quiere decir que el promedio efectivo de crecimiento para el sexenio tomando como base que en los cuatro años finales se alcance la meta de 2.5% bajará a 1.6% por ciento anual promedio sexenal. En estos datos reflejan solamente la realidad de los aranceles a México en automotriz, acero y aluminio, y faltan todavía los narcoaranceles de 25% generales si la Casa Blanca de Donald Trump considera que México no ha desmantelado las estructuras físicas, criminales y políticas de los seis cárteles del narcotráfico que se encuentra ya incorporados a la lista de narcoterroristas.
El Plan México que se presentó en el Museo de antropología días después de la formalización de los aranceles el 2 de abril pudiera ser la base de un gran programa de desarrollo, pero tendría que pasar por la reestructuración total y totalizadora del Estado/sistema/régimen/Constitución, por la cancelación del modelo populista de la 4-T y sobre todo y de manera prioritaria e indispensable de la suscripción de un gran acuerdo productivo de reorganización de la economía mexicana entre el Estado y los empresarios y el compromiso de los trabajadores organizados.
El gran error de las políticas públicas de Echeverría a Sheinbaum radicó en el hecho de que el gran eje único fue el Estado y su desguanzado gasto público que ni siquiera alcanza hoy para mantener los programas sociales nuevos y anunciados y menos aún para construir una nueva planta industrial y agropecuaria que tendría que impulsar el gasto público. Desde la devaluación de 1952 a 1970 operó el modelo constitucional de economía mixta donde el Estado y los empresarios y el aval de los sindicatos sostenía programas de infraestructura productiva antes de repartir subsidios a cuenta del déficit presupuestal, una política pública deficitaria que comenzó con Echeverría y se revalidó con López Obrador.
Paulatinamente, la realidad económica de la crisis productiva difuminará el bombo y platillo de las reuniones presidenciales para los programas de emergencia anunciados para el corto plazo.
