Indicador político/Carlos Ramírez
Replanteamiento de estrategia de seguridad; entra el Senado
Carlos Ramírez
En el escenario de un repunte de la violencia derivada por el escalamiento de la disputa a balazos por posiciones territoriales entre las principales bandas del crimen organizado, dos circunstancias se incorporaron al escenario de la estrategia de seguridad: la movilización operativa del ejército para recuperar el territorio de Aguililla, Michoacán, y el anuncio de que el Senado abrirá foros sobre seguridad para analizar lo que hace falta por hacer en esa materia.
Como tercer punto equidistante se encuentra el aviso presidencial de que este año se enviará al Congreso una iniciativa de ley para trasladar a la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero cuidando que las tareas operativas de la Guardia no se militaricen y sigan siendo supervisadas por las leyes de autoridades civiles.
Y lo que falta por hacer tendrá que asumirse de manera estricta en el corto plazo: la exigencia a las autoridades estatales y municipales para que cumplan --hoy no lo hacen-- con sus facultades constitucionales en materia de seguridad y dejen de depender del proteccionismo federal.
La estrategia electoral de todos los partidos, pero sobre todo de Morena por ser el que encabeza las preferencias y ha logrado la victoria, debe también precisar las exigencias a sus candidatos para que no solo basen las elecciones en la popularidad o los programas sociales, sino que presenten a los electores ofertas coherentes y eficaces de lucha contra la delincuencia organizada.
Los nuevos gobiernos en Colima, Zacatecas, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Guerrero están enfrentando guerras de posicionamientos delictivos entre varios cárteles, pero sin que se perciban estrategias de emergencia para entrar en una nueva fase de lucha contra el crimen organizado más allá de los objetivos planteados y cumplidos del modelo de construcción de la paz.
Los cárteles del crimen organizado y las bandas delictivas locales en realidad nunca entendieron la propuesta informal del gobierno federal de construcción de la paz basada en la suspensión operativa de persecución de capos y grupos. El modelo de construcción de la paz centraba la atención prioritaria en el nivel de vida de las sociedades en zonas delictivas, pero también en la responsabilidad de los grupos criminales de contribuir a la pacificación de sus territorios deteniendo sus guerras de expansión y creando condiciones que se conocen como de gobernanza criminal.
La primera interpretación que se ha hecho sobre la reactivación de las guerras de expansión territorial de los cárteles del crimen organizado enfatiza la imposibilidad práctica para haber realizado de manera previa acuerdos o entendimientos con las organizaciones delictivas para que entendieran la nueva lógica del poder: evitar la violencia como una forma de disminuir los operativos gubernamentales contra organizaciones criminales responsables de la violencia en las calles.
El ingreso del ejército en un operativo en Aguililla probó que las fuerzas federales de seguridad siguen siendo superiores a las capacidades de violencia de las bandas y que los vídeos de propaganda de los cárteles carecen de veracidad. Aguililla se había convertido en un prototipo de ocupación y captura criminal de instituciones y sociedades y, en términos preocupantes del derecho internacional, se hubiera llegado al planteamiento de una zona de beligerancia que fracturara la integridad territorial de la república.
La intervención del Senado con foros estaría llevando al planteamiento de nuevas recomendaciones para ajustar la estrategia de construcción de la paz y alertar que la inseguridad está rebasando los límites de la seguridad pública y de la seguridad interior y habría llegado a ser un problema de seguridad nacional por las presiones del gobierno de Estados Unidos exigiendo resultados concretos y por la llegada a Quintana Roo de representantes de fuerzas de seguridad de Estados Unidos y Canadá como una forma de demostración de que el gobierno mexicano, en la lógica de los intereses de seguridad nacional extranjeros, no estaría garantizando la tranquilidad nacional en términos de las inversiones del Tratado de Comercio libre y la frontera con EU.
En este contexto se esperan golpes de timón en la política de seguridad pública mexicana
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