Hacinamiento escolar: Un indicador a seguir/Horacio Erik Avilés Martínez

La posibilidad de que se presente el fenómeno de hacinamiento escolar será uno de los semáforos más visibles del riesgo en el que se encuentren estudiantes, maestros y padres de familia en el regreso a clases ya anunciado. Se puede simular la sanitización, relajar la aplicación de medidas preventivas, pero visualmente es imposible ocultar la proximidad entre seres humanos.  En muchos casos significará la reducción al absurdo de la intención de saturar las aulas, por razones ajenas a la salud.

El pasado 5 de los corrientes, la SEP emitió  el “Acuerdo número 12/06/20 por el que se establecen diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020 y cumplir con los planes y programas de estudio de Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria), Normal y demás para la formación de maestros de Educación Básica aplicables a toda la República, al igual que aquellos planes y programas de estudio del tipo Medio Superior que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, en beneficio de los educandos", de donde se infiere vendrán algunas medidas sanitarias a realizarse por parte de las autoridades educativas en consecuencia.

A  pesar de estar en Diario Oficial, no cabe duda de que se trata aún de un borrador sujeto a cambios, subordinado completamente a lo que ocurra con la pandemia; mientras tanto, debemos asumir sus líneas como políticas gubernamentales incompletas que deberán contar con la programación y presupuestación respectivas que permitan contar con condiciones adecuadas para el regreso presencial a clases en cada escuela, priorizando que sea cada comunidad escolar la que tome decisiones respecto a los requerimientos principales para poder reanudar labores y que las autoridades superiores cumplan con ser proveedores, facilitadores y acompañantes del proceso, sin protagonismos, conflictos de intereses ni hechos de corrupción.

Es muy importante que, desde las oficinas centrales se realice la microplaneación del próximo ciclo escolar con mayor detalle, incorporando las dimensiones de cada aula y definiendo el cupo máximo de estudiantes. Por igual, que se definan las necesidades de construcción de más infraestructura física y de equipamiento. A la par, si bien las autoridades federales han definido días de clases y horarios, es muy importante que desde lo local se establezcan con mayor precisión los horarios de clases, atendiendo las circunstancias específicas de cada comunidad de aprendizaje.

Por ejemplo, la idea de la SEP de dedicar el viernes a reforzamiento y recuperación para estudiantes que requieran repasar temas específicos puede llegar a generar fenómenos de hacinamiento que deben resolverse comunitariamente, no siguiendo a la ciega dictados centralistas que, si bien tienen la intención de brindar líneas generales de actuación, su aplicación irrestricta puede atentar contra los derechos de la comunidad. Es tiempo de que impulsemos la construcción participativa de las medidas que conllevará el regreso a clases.

Se debe partir del reconocimiento oficial de la problemática: es un hecho que, desde hace muchos años se presenta el fenómeno del hacinamiento en muchas aulas michoacanas, desde preescolar hasta posgrado, tanto en escuela pública como en privada. En buena medida, el enorme rezago en cobertura educativa que impera en la entidad depende de la muy precaria infraestructura física con la que se cuenta actualmente. Los indicadores en materia de cobertura educativa exclaman la precariedad de la cual no ha salido nuestro sistema educativo estatal.

Como consecuencia de la pandemia, los derechos de los estudiantes se verán aún más altamente amenazados: el derecho a la vida, a la convivencia, a la salud, al aprendizaje, entre otros más. La convivencia se verá acotada; la didáctica, la práctica de deportes y muchos otros aspectos más. Por ello, ante esta situación el rigor de las medidas de seguridad deberá ser alto, pero mucho más la labor de concientización que se debe de realizar entre todos los integrantes de una comunidad de aprendizaje: maestros, personal de asistencia y apoyo a la educación, directivos, estudiantes y padres de familia. Asimismo, la intervención de las altas autoridades debe ser arropadora, proveedora de recursos

Las presiones de los actores intervinientes serán altas, las cuales inciden en dos variables: el número de maestros y el de estudiantes, dejando en segundo término la disponibilidad de aulas y de equipamiento educativo.

Por una parte, está la autoridad tratando de lograr elevar su indicador de estudiantes por grupo, racionando al máximo el número de maestros, por criterios burocráticos que resultan inoperantes cuando se trata de garantizar derechos humanos.

Por otra, están los directivos escolares, en todo un espectro de actitudes, finalidades e intereses: están quienes tratan de maximizar la matrícula, pasando por contar con un clima laboral adecuado, e incluso aquellos que aceptan o ceden maestros, que reciben estudiantes por recomendaciones y sobornos. De todo ello hay muchos casos documentados.

Por otra parte, presionarán las cúpulas sindicales para tener ubicados a sus trabajadores de la educación afines en las escuelas más céntricas o estratégicas políticamente hablando. Por otra parte, también lucrando con los espacios en las aulas, llegando a subastarse las fichas de inscripción en los planteles de mayor demanda.

Intervienen también los padres de familia, intentando por todos los medios a su alcance, lograr que se acepte a sus hijos en la escuela de su predilección, lo cual puede inferirse que es por criterios de prestigio académico, de horarios escolares o de proximidad a sus respectivos domicilios o centros de trabajo.

Ante esta serie de presiones se han tomado medidas desesperadas como la construcción de más aulas, la contratación irregular de más maestros, la creación de “extensiones” de planteles y la consabida presión que se realiza a las autoridades, para que, a posteriori les doten de los recursos y se les regularice administrativamente.

Aplicar esa clase de soluciones puede atentar contra la vida humana en esta ocasión. Por ello es importante la intervención honesta e inmediata de parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para resolver los problemas de infraestructura, equipamiento y dotación de servicios, anticipando y acotando consecuencias que devienen de la corrupción y omisión, como el hacinamiento escolar, siempre poniendo al centro los derechos humanos de los integrantes de las comunidades de aprendizaje.

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