Hablar y hacer/Julio Santoyo Guerrero
Deberá llegar el momento en que el compromiso con la agenda ambiental del país sea factor determinante para que los políticos accedan a la representación. Hasta ahora las reivindicaciones medio ambientales han sido insertadas a modo de complemento en las plataformas de los partidos y de sus candidatos. Se suele creer que esta agenda es secundaria y que quienes la proclaman la han empujado más allá de la importancia que tiene, se llega a creer que son reclamos coyunturales, de moda. Nada más equivocado.
Quienes han sido electos para la representación, casi todos, a la hora de ejercer su función, relegan o francamente olvidan los compromisos que deberían promover para el cuidado y preservación de los ecosistemas, gracias los cuales se puede realizar la vida humana. A sabiendas que la agenda ambiental, a medida que pasa el tiempo, los ciudadanos la van haciendo suya y se constituye en referente para articular protestas sociales y que su reivindicación atrae votos, se proclama pero sólo en el discurso. Y no está mal que los políticos se acerquen cada día más a los problemas medio ambientales, el problema es que hasta ahora la concreción de políticas públicas para atenderlos es claramente insuficiente y en algunos casos representa retrocesos. Es decir, el hacer debe ser la consecuencia esperada del hablar, cosa que hasta ahora no siempre ha ocurrido.
La congruencia y consecuencia de la clase política con el medio ambiente debe medirse por la calidad de las políticas que se emiten, por los resultados y no por el discurso esgrimido, y eso es crucial frente a las crisis que en esta materia estamos enfrentando. Los políticos mexicanos tienen inclinación por la adhesión demagógica. Difícilmente dicen que no pero en los hechos dejan las cosas como siempre han estado. A raíz de esta cultura de la omisión hemos llegado a los desastres ambientales que emergen por todo el territorio nacional. Como bestia desbocada avanza en carrera loca la deforestación y la extinción de especies. La cantidad de hectáreas de bosques y selvas que anualmente se pierden con dificultad se recuperan espacios marginales. En el caso de las demás especies vegetales y de fauna el asunto es más grave porque para ello no existen estrategias integrales para su recuperación y repoblamiento, simplemente se pierden. El incremento de la precariedad ambiental va de la mano con el deterioro de los derechos ambientales de la población y con el estrechamiento de las oportunidades de vida futuras, cuestiones que los políticos deberían tener presentes y romper con el inmediatismo y pragmatismo que suele caracterizarlos.
De por sí México llegó tarde a le generación de ordenamientos jurídicos pro ambientales, pero se resiste aún más a llegar al punto en que se hagan valer tales leyes y al establecimiento de estrategias que frenen la destrucción. La inexistencia de una concordancia eficaz entre las instituciones federales, estatales y municipales en la materia, el consentimiento de actividades productivas ecocidas y la corrupción que permea en algunas instituciones, son la vía por la cual transita el afán destructor del patrimonio natural del país. Esto no se ha movido y debiera preocuparnos.
El avance y consolidación de la conciencia ambiental entre los ciudadanos es fundamental para mover el pesado anclaje de la omisión. El día en que los electores castiguen o reconozcan con su voto a los políticos por su desempeño frente a los problemas ambientales, entonces habremos dado un gran paso. En los tres ámbitos de gobierno tenemos hoy día políticos que se han enriquecido a costa del medio ambiente o bien representantes que rotundamente engañaron a sus electores dándoles al final gato por liebre. En lugar de políticas ambientales autorizaciones para la destrucción de ecosistemas. Una cosa es el hablar y otra distinta el hacer.
Ya tenemos, de por sí, un gran retraso que nos ha costado la pérdida de valiosos espacios naturales -en términos de vida y de derecho ambiental-; un retraso que ha instituido una rutina que a diario devora aguas, bosques y tierras. Y hasta ahora no hay elementos para afirmar que esto se ha frenado. Más bien es lo contrario, así lo dicen, por ejemplo, los datos del cambio de uso de suelo en Michoacán, los que dan testimonio de que en los últimos 23 años no ha habido autorización alguna y sin embargo casi la mitad de las plantaciones aguacateras y de frutillas están instaladas en predios que han sido deforestados.
El retraso no puede prolongarse más, ciudadanos y políticos deben proclamar la agenda ambiental como prioritaria para la preservación de la vida humana y como esencial para la civilización. Prioridad que debe reflejarse en la asignación de recursos y en el rediseño de políticas públicas. Prioridad que debe expresarse en reconocer los retrocesos del gobierno federal en la materia y poner en práctica los acuerdos internacionales de los cuales México participa.
