¿Frenarán la impunidad ambiental?/Julio Santoyo Guerrero

Está por inaugurarse la administración estatal y el hecho convoca a preguntas precisas sobre las prioridades que atenderá. La distancia entre los dichos de campaña y las acciones de gobierno suele, en muchos casos, ser extensa. No es lo mismo el discurso placero, complaciente para gustar a todos, que la acción gubernamental realista que no siempreagrada.

La cuestión ambiental es una realidad sobre la cual no puede haber discursos unitarios, de complacencia general. Aquí los intereses están divididos porque la relación establecida entre economía y naturalezaen sí es un conflicto,lo es porque se soporta en un vínculodestructivo. La extracción, casi sin medida, para generar valor, es un instrumento que goza de la protección jurídica y de la política pública. En esa relación se soporta un porcentaje importante de la creación delaeconomía de las naciones.

En ese sentido el discurso ambiental congruente suele chocar con intereses económicos puntuales, por ejemplo, el uso de combustibles fósiles para la generación de la energía que mueve a la industria, al comercio y los servicios. Definitivamente entra en conflicto con la minería a cielo abierto, con los monocultivos extensivos de aguacate y plantaciones de frutillas que acaparan aguas y detonan el cambio de uso de suelo.

Hasta ahora los gobiernos han administrado la protesta social que se ha visto alcanzada por los efectos adversos de esas actividades económicas y pospuesto las acciones para corregir. Gobiernan al día aplazando la inversión en consensosy en tecnologías verdes para no modificar los componentes anti ecológicos del modelo productivo, creen que con ello se arriesga la certidumbre económica. actual

Sin embargo, en vista de que el agotamiento de la naturaleza ha llegado a un punto crítico, en donde la población y hasta las mismas empresas están sufriendo consecuencias, como el cambio climático derivado del calentamiento global, y todas sus consecuencias, la urgencia de llevar a la práctica políticas ambientales ya no sólo de contención sino de solución, coloca a los gobiernos en una condición de premura extraordinaria. Están contra la pared.

La nueva administración estatal podrá decidir cómodamente, si así quisiera, la continuidad de políticas ambientales inocuas, asegurando con ello el beneplácito de los capitales que se han hecho a costa de la naturaleza, pero deberá estar seguro de que paralelamente al deterioro ambiental enfrentará serios problemas de gobernabilidad provenientes de conflictos sociales que reclaman frenar la devastación.

El éxito de la agenda ambiental de la nueva administración podrá verificarseen la evolución de los siguientes problemas: el cambio de uso de suelo, la tala ilegal, el acaparamiento de aguas, el uso de agroquímicos nocivos, la realización de la agenda para la sostenibilidad, y la cuestión de la impunidad-corrupción. Es decir, el gobierno debe diseñar y aplicar estrategias concisas para atender estos problemas que son cruciales; el éxito o el fracaso se apreciarán desde las primeras líneas de su programa y las primeras acciones en campo.

Como no puede haber discurso unitario el gobierno deberá optar. O asume las políticas de continuidad, tolerancia y bajo perfil ambiental, para no molestar a los sistemas productivos ecocidas, o toma al toro por los cuernos y  decide atender la complejidad económica y social que hay atrás de estos problemas y construir alternativas.

Hasta ahora las políticas ambientales, la de todos los niveles de gobierno, han fracasado para contener estos fenómenos. Los bosques han mermado su extensión en niveles catastróficos y la concentración ilegal de aguas es un foco rojo y caldo de cultivo para el desbordamiento social. Hay un toque absurdo en todo esto —parece un guión esquizofrénico— reforestar 100 hectáreas cuando se talan 600 para cambio de uso de suelo; de poco sirve generar una cultura de cuidado del agua si los acaparadores privatizan ordinariamente, con impunidad, millones de litros dejando a los pueblos sin acceso a ella.

No siempre el horizonte progresivo se impone y hemos visto que en materia medio ambiental la regresión política y la devastación ecológica son imperativos duros de vencer. El tamaño de la próxima administración se podrá medir en la eficacia de su política ambiental. Si en ella no hay progreso se habrá perdido el sexenio.