Es la seguridad y el crimen organizado
El problema principal que deja a la nueva administración federal el presidente Andrés Manuel López Obrador y esta primera versión de la 4T es la implosión de la inseguridad pública y la expansión del crimen organizado. Los resultados en cinco año revelan un rotundo fracaso, más allá de la narrativa de éxito que, sin éxito, busca colocar MORENA y sus líderes.
No hay mexicano que no este preocupado por el clima de inseguridad que priva en todos los ámbitos y en todas las modalidad; secuestros, asesinatos dolosos, extorsión, robos, asaltos. En EU esa preocupación ya los está llevado a tomar cartas en el asunto.
En lo que toca al crimen organizado el resultado que se observa hoy es que hay más zonas, regiones y estados donde estas organizaciones criminales de alto impacto han crecido en presencia, fuerza y control. En algunas partes de la geografía nacional los principales grupos de narcotraficantes controlan fronteras y rutas de transporte marítimo, terrestre y ferroviario.
A eso vino la delegación de alto impacto de funcionarios norteamericanos encabezados por los secretarios de Estado, Antony Blinken; el secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas, y el fiscal general de ese país, Merrick Garland. Presionan para que del discurso triunfalista se pase a los hechos. El problema del fentanilo que desde México se envía a EU los apremia.
Estudios recientes señalan que en México operan 175 grupos del crimen organizado y cubren el 85 por ciento del territorio nacional.
La mayoría de ellos han multiplicado sus actividades criminales; ya no se concentran solo en el tráfico de drogas, sino que ahora han ampliado sus garras en rubros como el tráfico de personas, la trata, el reclutamiento forzado de jóvenes para incorporarlos a las células delictivas, extorsión, secuestro, así como la importación de químicos para la fabricación, distribución y venta de drogas de diseño, como el fentanilo. La periodista @Peny Ley reveló detalles concretos de esto último.
Chiapas, por ejemplo, vive un a cruenta guerra entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Uno y otro grupo se posicionaron y florecieron, hay que decirlo, al amparo de la ineficacia de los grupos políticos y gobernantes, así como la complicidad y corrupción de los cuerpos de seguridad pública municipal, estatal y federal, incluso, como ha quedado demostrado en varios casos, de mandos militares. La frontera con Centroamérica está tomada por el crimen organizado.
Eso ocurre a nivel de entidades federativas, sin embargo, la situación es aún más grave en términos de población femenina, de acuerdo con un estudio elaborados por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República.
Los datos más relevantes apuntan a que en solo siete años, del 2015 al 2022 se registraron 27 mil 133 asesinatos de mujeres y niñas en nuestro país. De ese universo 6 mil 689, es decir el 25%, fueron clasificados como feminicidios y 20 mil 444, o el 75 por ciento, quedaron clasificados como homicidios intencionales.
La gran mayoría de esos crímenes han quedado en la impunidad y las razones que los generaron no han sido atendidas, lo cual genera ciclos perniciosos, donde el delito, al no ser castigado, se normaliza.
El documento intitulado “Feminicidios y homicidios intencionales de niñas y adolescentes en México”, cuya autora es la investigadora Irma Kánter Coronel, precisa que en esos siete años el 80% de los crímenes fueron perpetrados contra mujeres de 18 y más años, en tanto que 8 de cada 100 se cometieron (2 mil 166) en contra de niñas y adolescentes entre 0 y 17 años.
El gobierno de la 4T no ha tenido empacho en afirmar que sus proyectos sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro y otros de fomento al empleado, han alejado de las garras del crimen organizado a miles de jóvenes y mexicanos en general. Pero la realidad echar por tierra esa afirmación. Ocurre un efecto contrario.
El estudio “Reducir el reclutamiento de los carteles es la única manera de bajar la violencia en México”, difundido recientemente por la revista Sciencie, en la que participó el investigador mexicano surgido del ITAM, Rafael Prieto Curiel, revela que el narcotráfico tiene reclutados a 175 mil mexicanos y que, por este volumen de personas bajo su mando, representa el quinto empleador más grande del país, solo por debajo de América Móvil, Walmart, Pemex, Oxxo o Femsa-CocaCola. Es un ejército de sicarios, halcones y narcotraficantes.
En proporción, los diversos grupos de narcotraficantes tienen más personas bajo su mando que la Guardia Nacional, en lo que se refiere a personal activo. De ese tamaño es la tragedia de la impunidad, la delincuencia y el crimen organizado en México.
La pregunta que se hace necesaria desde ahora es: ¿Quién es el hombre o la mujer con la capacidad real de domar a este dragón de mil cabezas que se materializa en la delincuencia y el crimen organizado y que tienen postrado al país?
