En Contexto/Luis Acevedo Pesquera
“Por sus obras los conoceréis”.
Es una frase contundente que en México es fácilmente aplicable a los políticos y a los partidos políticos cuyos resultados se vinculan con la ineficacia, la pasividad, el engaño a la ciudadanía, la impunidad o la corrupción y quizá, por eso, presentan los niveles más bajos de confianza en comparación con otras instituciones públicas que no gozan de buen prestigio como los bancos, el Ejército e incluso la policía.
Y si hicieran falta ejemplo de la desconfianza hacia los políticos basta voltear al Congreso, en donde las mayorías legislativas se han dado a la tarea a respaldar consignas de gobierno, aun en contra del beneficio social y el compromiso jurado en favor de los ciudadanos a los que representan.
El análisis y las consecuencia de las leyes que aprueban generalmente sin entender, no cuentan; lo que les importa es mantener la unidad del partido y cumplir con el mandato del líder.
Sobre esa base es que en la Cámara de Diputados se aprobó la Ley de Ingresos para 2021, con ligerísimos matices logrados por una oposición que no podía hacer otra cosa para evitar pasar desapercibida, y la Miscelánea Fiscal que contempla cambios en las leyes del IVA e ISR y el Código Fiscal de la Federación, que dificultan el cumplimiento.
En el Senado de la República la mayoría legislativa, incluidos los partidos satélite, tienen como objetivo la extinción de 109 fideicomisos que centralizarán la utilización de unos 64 mil millones de pesos el próximo año y que cierran el paso a la investigación, la ciencia, las artes y los derechos humanos, entre otros.
Con esas acciones no se ofrecen medidas en favor de la reactivación económica o el empleo. Es más, representa una declaración de distanciamiento a la tendencia mundial de canalizar ayudas productivas para enfrentar la crisis y superar la informalidad desatada por la pandemia del COVID-19. Cuando mucho, se mantiene el asistencialismo como solución a la pobreza y compra de lealtades electorales.
Los partidos políticos, como las demás instituciones públicas, existen en las democracias para promover acciones de beneficio general como la representación y articulación de intereses sociales, pero cuando éstos no son atendidos y, por el contrario, se abusa del poder, se omiten métodos democráticos al interior del partido y se desatienden las necesidades ciudadanas para sólo considerar las del grupo, es cuando se actualiza el “partidismo”. Que no es otra cosa que el ejercicio del gobierno por los partidos privilegiando intereses particulares.
Con las decisiones legislativas recientes e inmediatas, lo ocurrido en el terreno judicial y no olvidemos lo que pasó en materia electoral, refleja que los políticos y los partidos no cumplen las expectativas de los ciudadanos y es cuando estos les retira la poca confianza de que disponen.
Por cuanto a la Ley de Ingresos aprobada, la mayoría de Morena justifica que no se aplicará el “mini gasolinazo”, que proponía un sobregravámen en el precio final si la cotización internacional del petróleo caía, ni el aumento en cobro Derechos por el uso de plataformas digitales, además de que no habrá nuevos impuestos.
Sin embargo, se omiten acciones fiscales para reactivar la inversión, la producción y el empleo. Se otorgan más facultades de fiscalización para el SAT que tendrá más margen de acción contra los contribuyentes cautivos y no se toca ni con el pétalo de la aplicación de la ley a la economía informal.
La planeación en materia de ingresos es tan burda que violenta los principios del Federalismo Fiscal y en una aparente concesión soberana se permitirá que los estados contraten deuda libremente, si sus congresos se los autorizan.
Así, el dictamen prevé ingresos por 6 billones 262,736 millones de pesos, que es 33 mil millones de pesos inferior a lo propuesto por el Ejecutivo Federal y que se logró porque los partidos de oposición lograron eliminar una partida que le permitiría al presidente usar hasta 33 mil millones de pesos provenientes del Fideicomiso Fondo de Salud para el Bienestar, conocido como el Fondo de Gastos Catastróficos del INSABI porque no corresponden a una estimación de ingresos futuros, sino a un monto que ya se encuentra en el fondo referido y que ya tiene un destino de conformidad con la Ley de Salud.
Era tratar de dar la vuelta a la prédica de lucha contra la corrupción en los fideicomisos.
Aunque pueden existir excepciones, con esas mañas, ignorancia, falta de visión y con esa actitud, ¿cómo no desconfiar de los políticos y de sus partidos?
@lusacevedop
