En Contexto/Luis Acevedo Pesquera
A las crisis sanitaria y económica, es necesario incluir la correspondiente a la seguridad.
Si, porque el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 está desequilibrado.
Mientras se destinan elevadas cantidades para apoyar diversos programas de gobierno, muchos con muy bajo impacto social, fue retirado un subsidio de beneficio general e indispensable para responder a los temas de seguridad y justicia de los ciudadanos desde la célula básica de la organización social, económica y política del país representada por los municipios.
El programa que desde los años noventa del siglo pasado se conoce como FORTASEG, que corresponde a Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública, desapareció del proyecto de decreto del gasto público para el próximo año.
No hay explicación para su desfallecimiento, aunque se sugiere que como ya hay un “cambio de paradigma en materia de seguridad” a partir de la relevancia que se ha dado a las fuerzas armadas, incluida la Guardia Nacional, junto con el combate (invisible) a la corrupción y la austeridad republicana, es entonces posible hacer a un lado a los municipios, aunque sean uno de los soportes constitucional de la federación y de los votos.
Sin que, a la fecha, se perciban evidencias del “cambio de paradigma en materia de seguridad”, el gobierno del presidente López Obrador propone para el próximo año más bien una paradoja, porque en la medida en que aumenta la delincuencia, el presupuesto para combatirla baja, especialmente en los momentos más críticos del país.
Y aunque pueda parecer inverosímil, gracias a los recursos del FORTASEG la percepción de inseguridad ciudadana no se ha desbordado y, aunque con dificultades, es posible salir a la calle y circular por las calles o caminos, gracias a la presencia de la policía municipal en donde hay de todo: buenos y malos.
Con los recursos del FORTASEG, 300 de los municipios con más densidad poblacional y con los índices más altos de delincuencia financiaron, la formación de los cadetes de policía, los exámenes de control de los oficiales en servicio y su capacitación, la compra de uniformes, patrullas, armamento, instalaciones, radios, prevención del delito, conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia y mejoría de condiciones laborales, entre otros.
Si la falta de visión de la mayoría en la Cámara de Diputados no atiende este tema que en 2020 significó apenas 4 mil millones de pesos, cantidad que resulta insignificante frente a los 36 mil 287 millones que se destinarán al Tren Maya, lo cierto es que la población quedará en manos de la delincuencia.
Para tener una idea de la importancia de este subsidio bastan algunos datos: los 300 municipios que actualmente disponen de estos recursos representan el 12 por ciento del territorio nacional, pero atienden al 70 por ciento de la población, generalmente con muy pocos elementos y son los primeros respondientes de los delitos de alto impacto, que generalmente no atienden los policías estatales ni, por su vocación, la Guardia Nacional.
En el presupuesto se indica que para encauzar el “paradigma de seguridad” se tendrán que utilizar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones (FORTAMUN), que forma parte de la muy centralizada y politizada Coordinación Fiscal, pero que sufrirán una reducción muy importante el próximo año por el deterioro económico nacional.
Aunque se podría pensar que tanto el gobierno central como los gobernadores en el pasado, pero también en el presente, no solo han sido capaces de promover un proceso integral de seguridad nacional y de procuración de justicia, sino que ignoraron la diversidad de problemáticas que viven municipios, entre las que destacan la escasez de recursos económicos, materiales y humanos.
Eso, sin dejar de lado la corrupción generalizada y la penetración de la delincuencia que, ahora sí, estará a la vuelta de la equina o unos pasos atrás.
De entrada, la desaparición del FORTASEG plantea, en lo particular, más deterioro en la calidad de vida de la policía de proximidad, con todo lo que eso significa y, en general, la profundización de la inseguridad por el deterioro de la precaria estructura de inteligencia policial y vigilancia, que serán fertilizante para la delincuencia, al tiempo que agravarán los niveles de bienestar y del Estado de Derecho.
La seguridad, recuperación económica y la seguridad de México están en manos de los legisladores, de quienes se espera que en el presupuesto de 2021demuestren inteligencia y sentido social, porque sin esos dos elementos ¿Quién podrá defendernos?
@lusacevedop
