Elección 2025: debilitamiento democrático

México, desde 1988, con cada proceso electoral, vino construyendo una reputación de primera en materia electoral y pasó de aquel no tan lejano 88 en el que reinaba la desconfianza y falta de legitimación electoral al muy reciente 2018, en el que se generó tal grado de credibilidad en las elecciones que la misma noche de la elección, con el PREP, prácticamente se cantaba al ganador de la contienda – particularmente la presidencia de la república – y seis años después esa fortaleza democrática ha venido en retroceso, al punto en que ahora, en 2025, parece que regresaremos a épocas electorales que se pensaba estaban superadas. ¿Por qué? Veámoslo.

Para decir porqué, antes debemos apuntar cuales fueron los elementos, qué a mi juicio, sin ser conocedor de la materia pero si un ciudadano que creció y se desarrolló democráticamente, con ese sistema implementado a partir de 1991 con la creación del entonces Instituto Federal Electoral.

Los cuestionamientos de la democracia electoral en 1988 eran, por mencionar algunos, los siguientes:

· Control del Ejecutivo sobre las elecciones, ya que el órgano electoral lo presidía el Secretario de Gobernación.

· Los órganos electorales eran temporales. Nulo servicio civil de carrera.

· No existía representación de la sociedad civil y los funcionarios de casilla eran propuestos todos por la Secretaría de Gobernación.

· Los resultados se daban a conocer días después de celebradas las elecciones.

· Existía el Colegio Electoral en manos de la Cámara de Diputados, que calificaban la legalidad de la elección.

· La legislación electoral era básica.

· La participación de los partidos políticos era casi testimonial.

· La fiscalización de los gastos de la elección era cosa de ficción.

· La regulación de las campañas era mínima y nula en caso de precampañas.

· Una simbiosis casi institucionalizada entre autoridad electoral y partido gobernante.

A partir de la gran crisis electoral del 88 en la que la falta de confianza de un sector muy importante de los mexicanos con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza en los resultados de aquella elección, se dio paso a la creación del primer órgano electoral, embrión del ahora Instituto Nacional Electoral que, hasta la elección de 2018, gozaba de una confianza abrumadoramente mayoritaria, tanto en su actuación como en sus resultados, producto esto de una serie de reformas legislativas y de la plena incorporación ciudadana en este órgano autónomo totalmente alejado del poder público y ajeno a los intereses políticos de los grupos dominantes, lo que propició un gran prestigio nacional e, incluso, internacional.

Sin embargo, esa fortaleza ya no fue la misma para la elección de 2024 y lo que se había ganado en legitimidad y confianza en 30 años, ahora en 2025, después de las reformas propiciadas por los poderes Ejecutivo y legislativo, pareciera que impactarán negativamente en el proceso electoral del próximo 1 de junio, al debilitar sustancialmente al otrora prestigiado arbitro electoral.

Ahora sí, ¿Por qué?

· Entre otras cosas, ya no habrá un presupuesto financiero suficientemente solvente para que se desarrollen todas las actividades normalmente llevadas a cabo durante el proceso electoral.

· Tampoco habrá escrutadores -ciudadanos que cuenten los votos - en las casillas electorales, aduciendo razones financieras y técnicas, debido a la complejidad que representará votar y contar los votos.

· Habrá una sola urna para depositar los votos, es decir, no serán separados por cargo, lo cual ocasionará que la labor de conteo sea lentísima.

· Los resultados electorales se darán a conocer, según afirman los expertos, 15 días después de la elección, es decir, por allá del 16 de junio si bien nos va.

· La campaña electoral será prácticamente un secreto reservado a unos cuantos dado que no se permite propaganda en medios masivos de comunicación; tampoco habrá espectaculares, ni utilitarios, mucho menos camisetas u otro tipo de artículos que se dan de mano en mano; tampoco habrá pinta de bardas.

· Nada de lo que normalmente hacen los partidos políticos – que tampoco participarán - en las campañas de presidente de la república, senadores, diputados, gobernadores o presidentes municipales. Así es que no habrá nada de nada, mas que volantes que se repartirán de mano en mano.

El tope de gastos de gastos de campaña será muy bajo.

Los electores no tendrán manera de conocer a los de por si desconocidos juzgadores que se animaron a ir a la elección y tampoco conocerán, a los nada conocidos postulados por los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Es una elección casi secreta, cuando el trasfondo de la reforma a los poderes judiciales era, según se dijo, para que los eligiera democráticamente el pueblo.

El gran reto democrático de la elección de juzgadores estriba no en que sean electos por operaciones matemáticas simples de que con un voto o unos cuantos alguien gane los espacios. No. El verdadero reto de la elección es que haya una participación abrumadora en las urnas y se legitime el discurso que dio fundamento a la reforma en el sentido de que el pueblo debe elegir a los juzgadores.

Una elección intermedia promedio – legisladores únicamente – oscila entre el 25 y 35 por ciento del listado nominal, por lo que si la de este año no llega a esos parámetros será muy cuestionada en todos los sentidos, en consecuencia la legitimidad de los juzgadores estará en entredicho.

Sin embargo, con las notas de diferencia que se presentarán en esta elección y que ya apunté se antoja que el abstencionismo se habrá de hacer presente de forma protagónica.

Ahora si a todo eso le sumamos que los electores no tienen incentivos para salir a votar por servidores públicos que no conocen, con los que jamás tienen contacto de ninguna especie, ni mucho menos son medianamente populares, lo que se avizora, para compensar todo esto, es una movilización institucional y una cargada de apoyo de actores políticos del régimen hacía personas específicamente señaladas.

Las deficiencias señaladas para los órganos electorales; los candidatos y votantes, la legitimidad y credibilidad en los resultados electorales podrían verse seriamente afectados, en desdoro de la tradición electoral mexicana.

Podríamos concluir diciendo que esta elección no solo transformará sustancialmente a los poderes judiciales del país, sino que también sería el inicio del debilitamiento de la confianza y credibilidad en los órganos electorales.

J. Jesús Sierra Arias.