El mundo al revés/Ernesto Villanueva
La Comisión de Atención a Víctimas en jaque
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas prevista en el artículo 84 Ter de la Ley General de Víctimas es una de las instituciones sensibles en un país como México donde las víctimas existen a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. La doctora Mara Gómez, titular de la Comisión Ejecutiva es una mujer con una gran solvencia profesional y con prendas éticas firmes, designada por esas razones por mayoría calificada en el Senado de la República, que en estos tiempos de crispación no se veía fácil conseguir ese consenso. A la llegada de Mara a esa Comisión encontró un panorama poco afortunado, por decir lo menos: a) Procesos legales en el Poder Judicial de la Federación no atendidos adecuadamente como una verdadera bomba de tiempo; b) Problemas de gestión administrativa y c) Grandes oportunidades de mejora para redimensionar el cumplimiento de sus atribuciones sustantivas.
La Comisión no es, no debe ser, sólo una ventanilla de entrega de cheques a quienes se consideran víctimas, como una suerte de mediador de transacción económica de cuánto vale la vida humana o la afectación de la integridad física o mental. Es verdad que el estipendio económico es un ingrediente de la reparación de la víctima, pero no el único ni el principal, sino que debe atenderse de manera integral para no desvirtuar el propósito de reparación que incluye otros elementos además del dinero.
Mara ha identificado la problemática existente y tiene un diagnóstico de cómo rehacer el camino andado por esa ruta del dinero como principio y fin de la reparación que no debe seguir siendo la única ruta. Ahora, empero, las medidas de austeridad del gobierno federal también se han aplicado a esa institución que afecta ya no sólo que siga el modelo económico anterior (que hay que cambiarlo, por supuesto), sino para la operación de la gestión básica de esa Comisión donde se han suspendido las partidas para las cuestiones básicas haciendo nugatoria la aportación que su diseño institucional tenía previsto. Nadie puede estar en contra de la austeridad como principio, sobre todo en un país donde el derroche y los excesos fueron el sello distintivo de las administraciones anteriores. Pero de ese punto de partida conceptual a la aplicación puntual no puede hacerse a rajatabla. Debe, por el contrario, llevarse a cabo de manera casuística, identificando de esta forma en qué dependencias y entidades se puede aplicar sin desnaturalizar su labor y en donde los ahorros deben ser menores o, por el contrario, deben incrementarse sus recursos porque para nadie es un secreto que muchas instancias gubernamentales han sido marginadas por razones ajenas al sentido común y a la racionalidad.
En esta circunstancia por la que atraviesa el país, donde se registran mayores incidentes violentos y con retos en la seguridad pública en los distintos niveles de gobierno, se debe actuar en consecuencia para garantizar la gobernabilidad del país y robustecer los avances en la atención a las víctimas- en especial con la nueva perspectiva interdisciplinar de Mara Gómez-. Esa vía iniciada con todo y sus deficiencias, que habrá que mejorar, no debería tener caminos de regreso.
