El colapso como límite

La pregunta acerca del punto límite para la expansión aguacatera puede parecer ociosa, pero no lo es. El límite legal estaría fijado por las leyes y las instituciones que norman la prohibición para el cambio de uso de suelo. El límite social estaría fijado por los valores de resistencia de la sociedad sobre la destrucción del entorno natural que supone cultura, paisaje, espiritualidad y servicios ambientales, los que cada vez son más reconocidos. El límite económico lo decide el mercado por la demanda. Y el límite ecológico estaría marcado por el equilibrio de los ecosistemas intervenidos y los riesgos que ello supone.

Dos de esos límites, sin embargo, dos están fracturados y son en exceso porosos frente a la voluntad humana. Las leyes no han impedido que la mancha aguacatera siga creciendo; el límite social no ha sido suficiente para modificar las conductas institucionales y singulares de empresas y personas para detener la alocada marcha ecocida; y el cuarto límite, el del daño ecológico y sus efectos en el incremento de temperaturas y baja infiltración hídrica, a pesar de la gravedad, no ha generado una reacción social de contención suficiente.

Por sí mismos ni el límite legal, social ni económico, que dependen en absoluto de la actuación humana, han podido hasta ahora erigirse con vigor en barreras eficientes para que el crecimiento de la mancha aguacatera se detenga. Las subjetividades que son el motor de estos límites han diluido su fortaleza pues se alimentan por la cultura del relativismo que a la hora de interpretar la realidad ambiental se han doblado ante la narrativa optimista del progreso económico sin más.

La presión económica y social de un producto con un valor ya estratégico para la economía estatal ha crecido imparable al paso de los años. La fuerza inercial de su crecimiento se ha convertido en un caudal de poder arrollador frente al cual el poder político ha sucumbido. De tal suerte que el límite legal y social que debió haberse fortalecido desde la última década del pasado siglo ha sido sepultado y anuladas sus barreras de contención.

Ni siquiera el capítulo 24 del T-mec titulado “Responsabilidad Social Corporativa y Conducta Empresarial Responsable, en el que se indica que “las partes reconocen la importancia de la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica”, ha servido para evitar el cambio de uso de suelo y el ecocidio continuo. Si se acepta que la mitad de las hectárea aguacateras están fuera de la legalidad, puede concluirse que la mitad de las exportaciones de aguacate hacia los Estados Unidos tienen como origen el cambio de uso de suelo, y que allá son cómplices de ecocidio.

De los cuatro límites quedará al final uno, el ecológico, que por su dramática objetividad irá configurando, como ya ocurre, el horizonte de catástrofe que terminará derrumbando el sueño del progreso aguacatero y comprometiendo la sustentabilidad presente y futura de Michoacán.

El colapso como límite del crecimiento caótico del aguacate está en marcha. Los desequilibrios alcanzados en distintas partes de los municipios aguacateros han superado los márgenes para la mitigación. La falta de agua, agudizada por lluvias escasas, resultado del cambio climático mundial, el uso de tecnologías y agroquímicos dañinos, no sólo ponen en riesgo el futuro de las huertas aguacateras también agudizan la conflictividad social.

La pérdida en tan solo 30 años de la mitad de los bosques michoacanos, de la que una gran parte es ocupada por aguacates, es una noticia estremecedora. Creer que ello no tiene consecuencias ―está teniendo― habla de nuestra incapacidad para comprender el funcionamiento de la naturaleza, pero sobre todo de nuestra frivolidad ambiental y de una vergonzosa normalización del ecocidio.

Será entonces el colapso ambiental ―con los anuncios que ya vemos― el hecho que nos obligue a comprender el error de no haber activado a tiempo los límites legales y sociales.

El diagnóstico gubernamental de esta realidad siempre se ha tenido. Por ejemplo, el gobierno actual, en el Pladiem 2021-2027 reconoce en el Eje de Territorio Sostenible que “es urgente detener el proceso de depredación y rapiña de los recursos naturales …  no somos contrarios al crecimiento económico y a la generación de riqueza, ni al uso y aprovechamiento de los recursos naturales, pero no podemos tolerar un desarrollo que pone en riesgo la vida de comunidades enteras y de ecosistemas. Propondremos mediante el diálogo con los productores, los pueblos originarios, los ejidos y las comunidades, el establecimiento de un nuevo Estado de derecho para el medio ambiente, que nos permita sentar las bases éticas y sociales de un modelo de desarrollo que incorpore en su haber la idea de que, ante todo, está la ponderación de todas las formas de vida.”

Es decir, se buscan los límites legales y sociales ―que son encomiables―, pero esos enunciados teóricos deben traducirse en acciones urgentes e inmediatas antes que el cuarto límite, el del colapso ecológico, nos indique que hemos llegado tarde.