Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar
LA PANDEMIA Y LA ECONOMÍA CXLVI… Las secuelas del plagio de la tesis profesional de Jazmín; el prestigio de la SCJN en juego y el caso de Genaro García Luna.
Más allá de la absurda defensa que Andrés Manuel López Obrador ha hecho en las mañaneras de su amiga, la pirata ministra Jazmín Esquivel Mossa y su arremetida en contra del rector de la UNAM, Enrique Graue, el asunto tiene varias aristas que muy importante analizar.
Por un lado, de ninguna manera es serio, que los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados presenten una iniciativa para proteger a plagiarios académicos y evitar que después de cinco años se pueda anular su título y cédula profesional. Eso hizo, el diputado Alejandro Robles integrante de la fracción mayoritaria en San Lázaro, quien propuso reformar la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en Ciudad de México. Es decir, permitir la trampa y la impunidad en una cosa tan seria como es la conclusión de los estudios profesionales con un título y una cédula profesional, pues ¿en qué piensan?
Otro tema que se debe revisar es la legislación universitaria que ya ha quedado totalmente rebasada con los actuales alcances tecnológicos y científicos. Y sin estar a favor o en contra de la actuación del rector Enrique Graue, hay que tomar en cuenta sus palabras en el mensaje que dirigió hace apenas unos días:
Dijo al referirse al caso de la exalumna Esquivel Mossa: “La falta de integridad académica que representa lo anterior no solo es inadmisible, sino que ha lastimado severamente a la UNAM y a las decenas de miles de estudiantes, académicos, tutores de tesis y egresados que empeñan y han empeñado un inmenso esfuerzo en cumplir a cabalidad, con ética y rigor académico, con este requisito”. Y añadió: “El plagio de una tesis no es cosa menor; es una conducta reprobable, una usurpación de ideas y talentos. Es un acto que pone en entredicho la ética y la moral de quien lo comete, y ofende a quienes se esmeran en cumplir con este requisito académico”.
Los críticos le exigen que se invalide el título de la fraudulenta, pero el académico explicó que los abogados universitarios concluyeron que la UNAM y sus autoridades carecen de facultades legales para ello.
El otro gran afectado es el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrado por once ministros, incluyendo a Jazmín Esquivel Mossa, la cual se niega a renunciar. Esto no es el primer caso en que un ministro en funciones se ve envuelto en un escándalo.
En los años que me tocó cubrir como reportero las actividades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me vino el recuerdo del caso del ministro Ernesto Díaz Infante, quien en 1988, recibió un soborno de medio millón de dólares por parte de un abogado para que gestionara a través de dos magistrados, también sobornados, la liberación del Chacal de Acapulco, Alejandro Braun Díaz, condenado a 30 años de prisión por violación y asesinato de la niña de seis años Merle Yuridia Mondain Segura, en 1986 en Acapulco, Guerrero.
La Suprema Corte, presidida entonces por Ulises Schmill Ordoñez, invitó a principios de 1993, a Jorge Carpizo que acababa de llegar a la Procuraduría General de la República (PGR) a un desayuno donde varios ministros le pidieron que no actuara contra su colega, Ernesto Díaz Infante y no consignara el expediente por el daño que le causaría al máximo tribunal. “La mejor manera de defender a esta institución es lo que hice esta mañana: consignar el expediente ante el juez federal”, respondió Carpizo.
Díaz Infante, que se encontraba prófugo en San Antonio, Texas, fue detenido por el FBI en junio de 2001, días antes de prescribir los delitos de cohecho y obstrucción de la justicia por los que lo consignó Carpizo. Dos años después, el ministro fue condenado a 10 años de prisión, luego de que la propia Corte le negó dos amparos. Tres años los pasó en prisión y en 2004 fue confinado en su casa a causa de un cáncer. Falleció en 2006, a los 77 años.
Otro ministro que renunció fue Eduardo Medina Mora quien se desempeñó como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre el 10 de marzo de 2015 y el 3 de octubre de 2019, cuando se informó que presentó su renuncia al cargo, como lo confirmó el presidente del órgano, Arturo Zaldívar.
Había sido designado ministro de la Corte por el Senado de la República con 83 votos y como parte de la terna enviada por el presidente Enrique Peña Nieto para sustituir al fallecido ministro chiapaneco Sergio Valls Hernández. Luego de que fue presionado por el gobierno federal para renunciar a su cargo, se confirmó que estaba siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por presunto lavado de dinero. La de Medina Mora es, hasta ahora, la primera y única renuncia de un ministro de la Suprema Corte, desde que esta se reformó en 1994.
La semana pasada, el senador Germán Martínez Cázares presentó a la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra la ministra Jazmín Esquivel Mossa tras la confirmación del plagio de su tesis de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
De acuerdo con la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, “si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde un año hasta veinte años”.
Martínez Cázares señaló que la falta que cometió la ministra es grave y su permanencia en la Suprema Corte de Justicia le resta credibilidad al máximo tribunal del país. En tanto, el Consejo General de la Abogacía Mexicana (CGAM) pidió la renuncia de Esquivel Mossa luego de que se confirmara que fue ella quien copió “parte sustancial” de la tesis que presentó un año antes el alumno de la Facultad de Derecho, Édgar Ulises Báez.
“Por respeto a la sociedad mexicana, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Estado de Derecho, se estima que la ministra Esquivel Mossa debe renunciar en los términos del Artículo 98, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Para el CGAM, la permanencia de Esquivel Mossa como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) da es “éticamente insostenible” y da una imagen errónea del máximo Tribunal: “Independientemente de las implicaciones jurídicas y de los procedimientos que se deberán seguir, la permanencia de la C. Esquivel Mossa como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afecta gravemente al prestigio de nuestro alto tribunal y por tanto es éticamente insostenible”.
La carta está firmada por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE), Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), y por Colegio de Abogados de México (INCAM), “con fundamento en el Artículo 50, inciso A de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o constitucional”, referente al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México.
Como consecuencia de lo anterior, Martha Rodríguez Ortiz, asesora de tesis de la ministra Jazmín Esquivel Mossa, fue despedida por la UNAM por “haber incurrido en causas graves de responsabilidad, así como en faltas de probidad y honradez en el desempeño de sus labores como académica y directora de tesis profesionales”.
Durante más de una década el gobierno de Estados Unidos ha reunido información sobre las presuntas actividades delictivas de Genaro García Luna. Aunque lo respaldó durante el gobierno de Felipe Calderón en la llamada “guerra al narcotráfico”, funcionarios policiales de ese país expresaban su frustración por los reiterados intentos fallidos para detener en esa época a Joaquín El Chapo Guzmán.
Ahora, Washington tiene al “superpolicía” en el banquillo bajo el cargo de narcotráfico en complicidad con el Cártel de Sinaloa, encabezado entonces por Guzmán Loera. El fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, fue confirmado como uno de los testigos que declararán contra Genaro García Luna en su juicio por narcotráfico que se celebra en Brooklyn, Nueva York.
La lista está integrada por otros “célebres” narcotraficantes como Sergio Villarreal Barragán “El Grande”, Miguel Ángel Arriola Márquez y Jesús Reynaldo Zambada García “El Rey”. Edgar Veytia fue sentenciado a 20 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos. Sus delitos, sin embargo, van mucho más allá.
Tras su captura en California, en Nayarit comenzaron a surgir las historias de terror: desaparición de personas, secuestro, extorsión, levantones y asesinatos sufridas por comerciantes, dueños de terrenos que fueron obligados a pagar derecho de piso o malbaratar sus tierras.
Un reportaje publicado en la revista Proceso en agosto de 2019 documenta que, en el periodo 2011-2017, durante el gobierno del priista Roberto Sandoval, policías encapuchados dirigidos por Veytia extorsionaron a cientos de personas para despojarlas de casas, ranchos, negocios, bodegas, terrenos y dinero. Tras su captura en Estados Unidos, se publicó que el exfiscal facilitaba que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) almacenara en Nayarit cargamentos de cocaína y precursores de drogas sintéticas que desembarcaban en Manzanillo, Colima. En Estados Unidos, Veytia confesó que trabajó para el CJNG, al igual que el entonces gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, asesinado en Puerto Vallarta.
El gobierno mexicano insistirá a Estados Unidos que todo el dinero que se acredite que Genaro García Luna robó al erario de México se devuelva, “sea la cantidad que sea”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
