Contexto

Donald Trump amenaza utilizar militares para las deportaciones masivas.

El presidente electo de EU, Donald Trump, confirmó que utilizará a las fuerzas armadas de ese país e invocará una figura conocida como emergencia nacional, la cual le otorga al mandatario poderes extraordinarios, con el fin de aplicar sus planes de deportación masiva de migrantes indocumentados.

Trump confirmó sus planes en su red social Truth Social, en la que reaccionó con un “¡cierto!” a una publicación del activista conservador Tom Fitton, quien este mes había asegurado que la nueva administración federal republicana estaba planeando “declarar una emergencia nacional y usar activos militares” para llevar a cabo las deportaciones masivas. Trump no ha ofrecido detalles sobre cómo se ejecutarán estas deportaciones, aunque esa fue una de sus principales promesas durante toda la campaña electoral.

Para implementar este plan, el presidente electo estadounidense tiene previsto recurrir a la Ley de Emergencias Nacionales de 1976, que le otorga al presidente de Estados Unidos poderes extraordinarios y le permite esquivar al Congreso de EU -- que los republicanos controlarán por completo -- para implementar las medidas de arrestos masivos ante lo que debe ser percibido como una amenaza para la seguridad de ese país.

Trump ya utilizó este recurso durante su primer mandato en 2019, cuando declaró una emergencia nacional para redirigir miles de millones de dólares asignados al Pentágono hacia la construcción del muro fronterizo con México, una medida que enfrentó múltiples demandas judiciales. Ahora, a lo largo de su campaña, también prometió movilizar a reservistas de la Guardia Nacional para apoyar las deportaciones y sugirió incluso reubicar tropas estacionadas en el extranjero hacia la frontera con México para que aplicaran las leyes migratorias del país.

Estas medidas supondrían un cambio significativo en el papel que han desempeñado hasta ahora las fuerzas armadas, ya que la legislación estadounidense prohíbe estrictamente el uso del Ejército para labores de vigilancia nacional, según detalla en su web el Brennan Center For Justice.

Se estima que en Estados Unidos residen 11 millones de indocumentados y que estos planes de deportaciones masivas podrían afectar a 20 millones de familias, muchas de ellas con miembros que son ciudadanos estadounidenses, de acuerdo con la organización defensora de los migrantes America’s Voice.

Según el grupo no partidista American Immigration Council, estas deportaciones, previstas para iniciarse a fines de enero y principios de febrero del año venidero, podrían costar miles de millones de dólares anuales y provocar escasez de mano de obra en sectores clave de la economía que dependen de los migrantes indocumentados, como la agricultura o el sector servicios.

No obstante, el proyecto 2025 del nuevo gobierno republicano establece una serie de políticas públicas que reestructuran radicalmente al gobierno y proponen derogación de leyes y la aprobación de nuevas en varios campos, como la inmigración y el asilo.

Apunta, además, como objetivos el endurecimiento de sus acciones a comunidades de inmigrantes, donde plantea redadas y deportaciones masivas, terminar con el otorgamiento de la ciudadanía por nacimiento –para evitar que inmigrantes indocumentados puedan tener un pie legal en Estados Unidos–, retomar la separación de las familias –que se suspendió en el gobierno de Joe Biden por su crueldad y violación de derechos humanos– y desmantelar el sistema de asilo.

Trump tocó todos estos puntos en sus mítines y entrevistas durante la campaña. En el campo de las redadas, quiere reducir las limitaciones que tienen las autoridades para detener a quien consideren, tan subjetivo como se oye, a quienes les parezcan migrantes, llevarlos a centros de detención --que recuerdan los campos de concentración contra japoneses en la Segunda Guerra Mundial-- que han sido propuestos en el Proyecto 2025, y deportar un millón de migrantes por año, lo que ha generado preocupación en México donde no hay capacidad para recibirlos y albergarlos.

Trump quiere reforzar la seguridad en la frontera con México y terminar la construcción de un muro, que frene la migración y el tráfico de drogas, así como restablecer el programa Permanecer en México, para que este país sirva, como en la primera parte del gobierno obradorista, como estación de paso de miles de migrantes mientras se procesan sus solicitudes de asilo. El Proyecto 2025 propone adicionalmente restringir las visas temporales H-2 para trabajadores agrícolas, que tendrían un fuerte impacto en México. Con el Senado y el Congreso controlados por los republicanos, la fuerza que tendrá Trump para implementar sus reformas y enmiendas será la más fuerte.

Además, la designación de Trump del senador de Florida, Marco Rubio como próximo secretario de Estado, no es una buena noticia para México, ya que Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, tuvo una pésima relación con López Obrador, sustentada en insultos recíprocos, por la complacencia del tabasqueño con los grupos del narcotráfico, lo clasificó entre los países latinoamericanos que no eran aliados de Estados Unidos, sino adversarios. Lamentablemente los principios de la política exterior mexicana que instauró López Obrador se mantienen y el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum corre sobre los mismos intereses.

El pensamiento de Rubio es conocido por sus intervenciones en el Senado, donde aún es el republicano más importante en los comités de Relaciones Exteriores, que supervisa la política exterior de Estados Unidos, el Subcomité para Asuntos del hemisferio occidental, que ve la política hacia América Latina, y presidente del Comité de Inteligencia, que es el que recibe información confidencial del gobierno sobre análisis de riesgo y operaciones clandestinas en el mundo.

Ahora, Claudia Sheinbaum Pardo, educada en la Universidad de California en Berkeley, y con origen judío, tendrá que negociar con un Donald Trump, racista, misógino, machista, altanero y grosero. No hay duda de que, será una relación áspera. Y la visión morenista sobre un país en donde el poder político no tenga contrapesos, límites y, ni siquiera, algo de equilibrio democrático, generará conflictos en los temas económicos tanto con Estados Unidos como con Canadá. Específicamente en el tema de las inversiones si el Poder Judicial Federal está destruido. Veremos en ocho semanas a ver qué es lo que pasa.

Otro tema que sacará chispas es si la administración Trump declara a los carteles de la droga mexicanos como grupos terroristas y les ordena a las fuerzas armadas combatirlos. ¿Qué hará el Congreso y el gobierno de Claudia Sheinbaum? ...¡¡¡Cuidado!!!!