Contexto

El conflicto del gobierno federal con la transparencia y la rendición de cuentas. Ministros de pronuncian en contra de la elección popular de juzgadores. Félix Salgado Macedonio y sus nexos con el narco.

El pleno del Senado de la República sigue incurriendo en una omisión constitucional al no haber nombrado a tres personas para que se complete el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), lo que vulnera en México el derecho de acceso a la información, que es esencial en cualquier democracia, consideró José de Jesús Orozco Henríquez, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Al participar en el seminario internacional de Justicia Constitucional y Parlamento Abierto, el también investigador de la UNAM subrayó que la falta de integración del pleno del INAI, con sus siete comisionados afecta “la debida deliberación y oportuna atención de los asuntos bajo su competencia, poniendo en riesgo la protección efectiva de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, en perjuicio de los habitantes de nuestro país”.

José de Jesús Orozco recordó que México, al formar parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), se comprometió a promover y defender los derechos humanos, tal como se indica en la Carta Democrática Interamericana, donde se refiere que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia: la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos, el respeto de los derechos sociales, así como la libertad de expresión y de prensa.

“En la actualidad existe un consenso regional en toda América en torno a la importancia del derecho de acceso a la información como una herramienta esencial para la consolidación de la democracia”, indicó el ex presidente de la CIDH, y destacó que espera que “el Senado de la República cumpla a la brevedad con el mandato constitucional de integrar debidamente al pleno del INAI, a fin de que esté en aptitud de ejercer de manera efectiva su trascendente función de protección de los derechos humanos que le atañen y de esta manera se evite que nuestro país incurra eventualmente en responsabilidad internacional".

Y en referencia al INAI, instruyó a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas que informe públicamente sobre el programa de capacitación y la metodología para la implementación del censo nacional de Personas Desaparecidas en México.

“Más allá de cuestiones políticas, cualquier iniciativa que pretenda modificar la manera en la cual se contabiliza y registra a las personas desaparecidas en nuestro país, debe estar sujeta a la transparencia y a la rendición de cuentas”, afirmó la comisionada Norma Julieta del Río Venegas. Al presentar el asunto ante el pleno, sostuvo que México enfrenta un problema severo en este tema, pues entre 1962 y noviembre de 2023, cerca de 300 mil personas han sido reportadas como desaparecidas y, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda –órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación– en 2022, desaparecieron al menos 27 personas por día.

“En el nuevo censo de personas desaparecidas participan gobiernos estatales, fiscalías e incluso los llamados Servidores de la Nación, a cargo de la Secretaría de Bienestar. Debido a su relevancia en el país, se debe informar su metodología, la manera en la cual capacitó a los funcionarios involucrados, así como sus avances, para evitar un posible subregistro de datos o la revictimización de las personas desaparecidas”, explicó del Río Venegas.

A través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), un ciudadano solicitó, en versión pública, las grabaciones, minutas, versiones estenográficas, oficios, informes y cualquier documento que dé cuenta de las sesiones de capacitación para la implementación del censo nacional de Personas Desaparecidas en México, anunciado por el presidente de la República en su conferencia de prensa del 31 de julio pasado. Además, requirió conocer la metodología y los funcionarios públicos encargados llevar a cabo las sesiones de capacitación.

Al dar respuesta, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas – vía la Dirección General de Acciones de Búsqueda y Procesamiento de Información y la Dirección de Evaluación y Capacitación – señaló que no localizó los documentos y que no está obligada a generarlos, razón por la cual la persona solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI.

En sus alegatos, la Dirección de Evaluación y Capacitación puntualizó que este año la Comisión ofreció de manera abierta y constante dos cursos de capacitación en línea, a los cuales se pudieron inscribir cualquier persona, pero quienes más se interesan son las personas servidoras públicas de las Comisiones Locales de Búsqueda y de las Fiscalías Especializadas en Desaparición de Personas. Tras analizar el caso, la comisionada Del Río Venegas determinó que la Comisión no cumplió el procedimiento de búsqueda previsto en la Ley Federal de Transparencia, pues omitió turnar la solicitud al Departamento de Diagnóstico de Políticas, Operaciones y Criminalidad, así como a la Subdirección de Diseño y Homologación del Proceso de Búsqueda, unidades administrativas competentes para conocer los documentos requeridos. Además de que advirtió una contradicción en la respuesta, debido a que en sus alegatos reconoce haber capacitado, vía remota, a personal de comisiones y fiscalías estatales y, a la vez, dice no contar con información al respecto. En fin, se trata de ocultar la información, como ha sido la característica de este gobierno, el de no rendir cuentas y por ello su campaña de pretender desaparecer al INAI.

Por lo tanto, el pleno del INAI resolvió revocar la respuesta de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y le instruyó hacer una nueva búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas competentes, a fin de proporcionar a la persona solicitante la información de su interés.

Al respecto, la presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, recordó que el pasado 9 de noviembre, por primera vez en la historia, las cuatro personas que actualmente integran el pleno del INAI acudieron a la CIDH a exponer los riesgos que enfrentan los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en México por la falta de tres integrantes: “Seguimos a la espera de los nombramientos, pero seguimos trabajando en la agenda de los derechos humanos, una vez que hemos sido habilitados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para operar cómo estamos”.

Cada uno a su estilo, por lo menos tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz Ahlf, Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán coincidieron en que elegir a juzgadores por voto popular no es factible, como lo pretende Andrés Manuel López Obrador y consideraron como “inviable” dicha propuesta.

Al participar en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, los ministros rechazaron la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo –que parece perico que repite y repite lo que el tabasqueño dice--, de elegir a jueces, magistrados y hasta a los integrantes del máximo tribunal de justicia del país por medio del voto popular en urnas, sin respetar el servicio profesional de carrera.

Las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Margarita Ríos Farjat, así como el ministro Alberto Pérez Dayán, coincidieron en lo “inviable” de esta propuesta de elegir a los juzgadores. En el seminario El derecho a la información, la importancia de la transparencia en el ejercicio de gobierno, la ministra Ortiz Ahlf aseguró que, “desde hace un buen rato”, ha reflexionado este tema y concluyó que no es un sistema “adecuado” para la SCJN: “Los abogados que necesita la Corte, deben tener un perfil específico y ese perfil no se puede alcanzar en las urnas, siendo electos”.

Ortiz Ahlf contó un caso que conoció en Estados Unidos, donde en algunos estados los juzgadores son electos por voto popular. “Discutiendo la pena de muerte en Estados Unidos y que algunos estaban a favor, me pidió Relaciones Exteriores que tuviera una reunión con varios jueces en Texas. Uno en particular había mandado a la pena de muerte a un mexicano y aparecieron pruebas supervivientes que no era responsable. En ese momento yo le pregunté: '¿Por qué emitió esa sentencia?', y fue así, clarito, me dijo: Es que esto me dio más popularidad, me dio oportunidad de ascender en mi carrera judicial; y eso es lo que no nos podemos permitir, no podemos, los que aspiramos a ser ministros, llegar por un voto popular”, relató.

Por su parte, la ministra Ríos Farjat sostuvo que este modelo no es una solución a ninguna problemática en la sociedad mexicana: “Apoyo popular podría condicionar decisiones de jueces. El Poder Judicial tiene una confirmación y debe que ser integrado de manera distinta: a través de los representantes populares, con garantías, colaboración de poderes y demás. Cuando lleguen los jueces electos popularmente, ¿van a necesitar mantener ese apoyo popular o van a ser removidos? Si van a necesitar mantener ese apoyo popular, ¿eso va a condicionar sus decisiones?”, cuestionó.

Ríos Farjat subrayó que el fondo del asunto es dónde quedan las garantías de estabilidad judicial con esta elección de juzgadores, pues, dijo, rompe con un sistema de garantías de estabilidad en el cargo. “Ninguna institución, ningún organismo, ninguna asociación está exenta de tener intereses, entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar? Que haya configuraciones y que decidan, pues entonces va a ser muy complicado, tendremos que tener cuidado de no confrontarnos con ellos porque va a elegir o va a decidir el juez que, de alguna manera, recibió más votos y que probablemente resuelva, a través de más votos”, destacó.

Mientras, el ministro de carrera judicial Alberto Pérez Dayán hizo énfasis en la seguridad jurídica como una problemática para la elección de juzgadores a través del voto popular, por lo que coincidió en lo “no viable” de esta propuesta. “Que, si la Corte resuelve de cara al pueblo, claro que lo hace, la interpretación que haga de la norma siempre tiene que coincidir con el bien común, el tema político hace un agregado que riñe con un tema de seguridad jurídica: es precisamente lo que la voluntad del colectivo quiere escuchar del juez al que colocó ahí a través de un sufragio y si no lo hace, ¿se tiene que ir? Pues todo dependerá entonces del talante que tenga la sociedad en ese momento, será popular porque hizo lo que pensaba la mayoría que quería que hiciera. La seguridad jurídica se opone a un sistema tan volátil como el de la conveniencia en la decisión política, el compromiso es con la norma, la seguridad jurídica se traduce en una sentencia que recoge el derecho y a partir de eso el juzgador cumple con su función”, recalcó.

Pasando a otro asunto, hace días nos enteramos que el compadre de López Obrador, Félix Salgado Macedonio, ex alcalde de Acapulco y padre de la gobernadora Evelyn Salgado, fue designado como presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Reconstrucción de Acapulco, creada por el Senado de la República.

Efectivamente, hay varios libros y reportajes periodísticos jamás desmentidos que se refieren a la relación de Félix Salgado Macedonio con los Beltrán Leyva, durante su gestión como presidente municipal de Acapulco. Entre el primero de diciembre de 2005 y el 31 de diciembre de 2008, Salgado Macedonio gobernó Acapulco. Fueron tiempos de inseguridad y de mucha violencia y muerte. Diversos cárteles se disputaban la zona con una saña inaudita y el puerto turístico se convirtió en una de las ciudades más peligrosas de México.

Salgado Macedonio, tiene mala fama pública, tiene varias acusaciones penales de distintas mujeres por el delito de violación, además de que tiene cuentas pendientes en la PGR por sus presuntos nexos con grupos de la delincuencia organizada que operan en el estado de Guerrero y es quien está detrás de su hija Evelyn, que ha mostrado su absoluta incapacidad como gobernadora. Vaya, vaya. Pobres guerrerenses. Salgado Macedonio manejando recursos públicos.