Contexto

La pandemia y la economía XCIX…La Suprema Corte otorgó amparos a las familiares de Gertz Manero; las revelaciones de Julio Scherer Ibarra y la responsabilidad de AMLO

Fernando Ramírez de Aguilar L.

Tal y como era de esperarse, el pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de tres horas y media de deliberaciones, por unanimidad otorgaron amparos definitivos a la ex cuñada del doctor Alejandro Gertz Manero, Laura Morán Servín, así como la hija de ésta, Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, las cuales obtuvieron de inmediato su libertad.

Ambas fueron acusadas por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, por el homicidio por omisión de su hermano, Federico Gertz Manero, quien falleció a los 87 años, como consecuencia de una serie de padecimientos.

Por unanimidad de once votos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgaron un amparo liso y llano para Alejandra Cuevas Morán en contra del auto de formal prisión por el homicidio por omisión de Federico Gertz Manero y ordenaron su inmediata libertad. También, por unanimidad, le otorgaron a su madre Laura Morán Servín, el amparo contra la orden de aprehensión que se libró en su contra. Alejandra Cuevas está presa en Santa Martha Acatitla desde octubre del 2020; es hija de Laura Morán, quien fue pareja de Federico Gertz por aproximadamente 50 años y sobre quien también se giró una orden de detención.

En opinión de quien esto escribe, al otorgarse los amparos, Alejandro Gertz Manero, tendrá que dejar voluntariamente el cargo, pues desde la fiscalía general de la República, ha estado ventilando asuntos particulares al mismo tiempo que está ocupando un cargo público.

Los dos proyectos de sentencia, presentados por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, desarrollaron dos cuestiones particularmente relevantes. Por un lado, propuso abandonar un criterio vigente desde hace diez años, que imponía limitaciones a lo que las personas inculpadas podían hacer cuando se les había concedido un amparo por defectos formales y no lo impugnaban, pero la autoridad o la víctima sí lo hacían.

Tradicionalmente y dada cierta aproximación a lo que se conoce como “recurso adhesivo”, las personas inculpadas sólo podían defender “lo que ya habían logrado” pero no podían discutir lo que no habían logrado: es decir, tratar de obtener una solución a su problema jurídico real en un recurso interpuesto por el ministerio público o la víctima. Este es el momento –- planteó Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena-- de acogerse a una nueva concepción de los recursos para que, de acuerdo con las disposiciones de derechos humanos constitucionales e internacionales, sean sencillos, accesibles y efectivos. Pero este tema no alcanzó la unanimidad entre los ministros.

Por otra parte, a 13 días de que se lleve a cabo la primera consulta popular de revocación de mandato en la historia de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, está presuntamente implicado en una trama de supuestas extorsiones, amenazas y tráfico de influencias, además de que no hay un día en que no arremeta contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por no promover la revocación de mandato. Ayer mismo dijo en la mañanera: “Es muy lamentable que el INE no promueva la consulta…Y no me pueden sancionar porque no estoy llamando a votar en un sentido o en otro, lo que estoy es convocando a la gente a que participe, porque es mi deber”.

Dijo que los consejeros del INE “son muy parciales, no actúan como demócratas, es una postura facciosa, están en contra de nosotros y entonces olvidan que son jueces, y que por encima del interés personal o del interés partidista debe estar el interés de la colectividad, de la mayoría, la Constitución, la democracia. Pero, bueno, eso es lo que está pasando”.

Además, de acuerdo con la denuncia pública hecha el 19 de marzo por Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la presidencia, a través de una carta publicada en el semanario Proceso, López Obrador tuvo conocimiento directo de diversos actos presuntamente ilícitos cometidos por la exsecretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, --actual senadora del partido oficial Movimiento de Regeneración Nacional-- y el Fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

Sin embargo, López Obrador, no presentó en su momento las denuncias penales correspondientes ni contra Sánchez Cordero ni contra el Fiscal, como estaba obligado. De acuerdo con el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales Código Penal Nacional, el presidente habría incurrido en presuntos delitos como encubrimiento y coalición de servidores públicos. El propio López Obrador no ha negado los hechos y solamente ha dicho que no se va a pronunciar

En estricto sentido, por los hechos denunciados, el presidente tendría que ser investigado y, en su caso, juzgado y retirado del cargo, independientemente de los resultados de la consulta popular de revocación de mandato que se llevará a cabo el 10 de abril. Pero, contrario a la ley, en México no pasa nada.

Y hay vamos, buscando que, en este país, algún día haya justicia para todos. Sin distingo. Y quienes estén frente al poder público, respeten la Constitución. Nada más. ¿O es mucho pedir?