Ciudad Juárez: acción criminal
Una acción criminal.
Eso fue y así hay que nombrarlo. La tragedia de los 39 inmigrantes que perdieron la vida en medio del fuego en estación provisional del Instituto Nacional de Migración, dependiente, oficialmente, de la Secretaría de Gobernación, y que dejó heridos a otros 28, fue en realidad un crimen por negligencia y omisión.
Y un crimen en el que el gobierno aparece como cómplice porque no solo perdió el control en ese centro de inmigrantes, sino porque ocurrida la tragedia intentó ocultar el video donde se observa claramente que, a los inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, los dejaron morir.
Del total de los 68 personas que estaban dentro de las instalaciones del INM y que hoy integran la lista de muertos y heridos, uno era colombiano, uno más ecuatoriano, 12 salvadoreños, 12 venezolanos, 13 hondureños y 28 guatemaltecos.
Un video que afortunadamente ha sido ampliamente difundido da cuenta de los momentos iniciales de la tragedia en el centro de atención a migrantes, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Ahí quedó grabado cómo detrás de las rejas un grupo de centroamericanos queda atrapado en medio del fuego que se inicia al interior de una especie de celdas; se observa como pasan frente al incipiente fuego dos guardias de seguridad o elementos del propio INM y se alejan, sin que ninguno de ellos hayan intentado abrir las puertas de hierro para que salieran las personas, ni mucho menos sin que a ningún superior se le viera actuar para evitar la muerte de 40 ciudadanos inmigrantes.
Se abrió la investigación y hay orden de aprehensión en contra de directivos, empleados de seguridad y el presunto inmigrante que inició el fuego. Pero los verdaderos culpables, funcionarios federales de alto
nivel de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y del Instituto Nacional de Migración no han sido referidos y todo indica que se habrá total impunidad para ellos.
Criminal ha sido adjudicar a las víctimas la responsabilidad de su propia muerte. La explicación que sobre los hecho dio en un principio el presidente de la República, sonó como a “ello se lo buscaron”.
Dijo que los inmigrantes iniciaron el fuego en protesta al enterarse de que iban a ser deportados, como si con ello desapareciera toda responsabilidad de las autoridades federales encargadas del centro de atención a inmigrantes donde ocurrió la tragedia.
Se pasa por alto lo esencial: El Gobierno de México es el responsable de la seguridad y la estancia
de esos inmigrantes en territorio nacional.
No solo porque estaban en tierra azteca, sino porque, hay que recordarlo, a principio del sexenio el propio mandatario López Obrador hizo el anuncio de que quedaban las puertas abiertas de la frontera sur de México para todos aquellos que quisieran llegar a estados unidos o, más aún, para que se quedaran en México.
Además, es el principal responsable, porque el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabeza la corcholata Marcelo Ebrard Casaubond, dio el aval para que México
adquiriera categoría de ”tercer” país seguro, es decir aceptó frente a Estados Unidos que todos los inmigrantes deportados fueran desplazados hacia México y que todos los centroamericanos que solicitarán visa, esperaran respuesta a su trámite pero en territorio mexicano.
La tragedia de Ciudad Juárez es responsabilidad directa del gobierno federal, porque esos mal llamados centros de atención a inmigrantes no solo son una cloaca de corrupción, sino centro de reclusión bajo condiciones inhumanas , no solo por el trato físico, sino por el nulo respeto a la dignidad como persona de todos los que llegan ahí.
Solo basta ver en el video de referencia, que fue grabado desde el interior del propio centro de atención a migrantes, donde quedó registrado que las ahora víctimas estaban encerradas, como animales, en unas instalaciones que legalmente no son para recluir a ninguna persona.
Se les llama “estación provisional”, pero eran mazmorras para indocumentados. Horas antes de esta tragedia personal del Instituto Nacional de Migración, cuyo comisionado es Francisco Garduño, realizó una redada de indocumentados. En medio de esta tragedia la mayor insensibilidad ante la perdida de la vida de 39 personas fue la que mostraron los titular de SEGOB y SER, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, echándose la bolita de la responsabilidad.
El Secretario de Gobernación, nuevamente, con su pésimo tino para atender emergencias, lamentó que se haya filtrado a los medios de comunicación el video donde se observa como quedaron atrapados en medio del fuego los inmigrantes, sin siquiera reconocer el por qué nadie de los empleados y funcionarios asignados a esa dependencia huyeron literalmente de la escena dejando a su suerte a los ahí
retenidos.
Desde la lógica del discurso oficial esta tragedia no ameritaba más seguimiento ni comentario porque las víctimas iniciaron el fuego, algo que está por ser clarificado, pero además porque se informó que las instancias que realizarán seguimiento e investigaciones para la aplicación de justicia son la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es decir dos entes al
servicio de la 4T.
Todo ello genera impotencia e indignación en todos los núcleos de la sociedad porque el gobierno se muestra no solo insensible a la pérdida de la vida de 40 personas y de 28 heridos que estaba en tránsito en territorio mexicano, sino porque se intenta minimizar un hecho para que el gobierno no cargue literalmente con esos muertitos.
El gobierno panista de Chihuahua es por el momento el único contrapeso real para ubicar en su justa dimensión esta tragedia y para que a partir de una indagatoria integral, se deslinden todas las responsabilidad penales.
Desde ahora se sabe, lamentablemente, que la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Herz Manero, ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) , a cargo de la señora María del Rosario Piedra Ibarra, harán nada que incomode o irrite al ya de por sí irritable presidente de la República, porque son títeres cuyos hilos mueven desde la presidencia de la República, por lo que el tema de justicia es simplemente un pésimo chiste.
Para dar seguimiento a este lamentable caso fue designada la Secretaria Rosa Isela Rodríguez, aunque se sabe que la consigna es no tocar al gobierno de la 4T con ningún tipo de responsabilidad penal. Juez parte, al estilo de la 4T.
Sin embargo, como suele ocurrir cuando en México no pasa nada cuando pasa, la presión internacional por lo sucedido representa la única rendija de luz para que este hecho se castigue.
El gobierno de la 4 T, en este caso actúa como juez y parte, como ocurrió en la matanza de estudiantes en 1968; en el “halconazo” de 1971; en el incendio y muerte de niños en la guardia ABC en el 2009 en Sonora; y la matanza de estudiantes de Ayotzinapa del 2014. La historia se repite.
