Ciclovía, más allá del arrebato gremial/Julio Santoyo Guerrero
Durante la década de los noventa emergió con notoriedad y aceptación el discurso de la planeación para la expansión de las ciudades centrado en la calidad de vida de los pobladores. Bastantes gobiernos municipales en la república y en Michoacán asumieron sus propuestas aceptando que ante la imparable tasa de crecimiento de las poblaciones urbanas, como resultado del crecimiento demográfico y la concentración urbana, era impostergable proyectar a futuro la arquitectura social para garantizar la habitabilidad de las ciudades y el confort de sus habitantes.
Algunos gobiernos buscaron ajustar sus normas para que el trazo urbano se correspondiera no solamente con las necesidades de comunicación de las personas sino con el acceso a los servicios vitales, considerando factores sustanciales como el acceso al agua, a los víveres, a los servicios médicos, a los espacios de esparcimiento, a la buena calidad del aire y en general a buenos servicios ambientales.
Hicieron su esfuerzo pero ocurrió, como suele ocurrir en nuestro país con todas las políticas púbicas, que el epicentro electoral fue movido a otros puntos de interés y las políticas que se habían derivado para lograr ciudades planificadas con miras en el futuro, comenzaron a declinar y los fraccionamientos han crecido apegados exclusivamente a la rentabilidad financiera divorciadas totalmente del derecho a una ciudad sanamente habitable. Lo han hecho a costa de la legalidad realizando cambios de uso de suelo, sacrificando bosques y sin prever el acceso al agua, aniquilando espacios que deberían ser vitales para el esparcimiento.
En el extremo, algunos gremios que son usuarios permanentes de los espacios públicos han sido persuadidos por líderes poco éticos de que tales espacios son de su pertenencia o por lo menos que tienen sobre ellos "derechos" especiales. No sólo estamos frente a un lamentable retroceso con respecto a la aspiración social a una ciudad sustentable y sostenible que disponga de las condiciones de gobernanza suficientes que les permita a sus moradores vivir y convivir saludablemente. Es un hecho sabido y bastante argumentado por estudios científicos que la vida moderna en las ciudades genera condiciones extremas de estrés. Las ciudades, se dice, no son un buen lugar para la salud física y mental de las personas, se sugiere que deben cambiar o el costo de vivir en ellas llegará a ser mayor que sus beneficios.
Los ciudadanos y las agrupaciones civiles que dialogan en el marco de la agenda problemática de las ciudades tienen el deber de constituir las plataformas de gobernanza suficientes para que las urbes consigan los propósitos humanistas que hagan realizables los derechos individuales y sociales de todos. Que un gremio coloque contra la pared a toda una ciudad reclamándole e imponiéndole criterios para el uso de los espacios públicos como las vialidades, jamás debiera ser aceptado. De facto es una determinación que privatiza lo que por derecho le pertenece a toda la comunidad.
La acción reiterada de una asociación de transportistas, que los últimos domingos han bloqueado nuestra Avenida Madero, protestando en contra de la Ciclovía, buscando presionar a la autoridad municipal para que cancele dicho programa, representa un movimiento regresivo que atenta contra el derecho social a la salud, al esparcimiento y a la convivencia. El gobierno municipal no debiera dejarse chantajear, en cambio debe hacer valer el derecho preferente de las personas a las vialidades y el acotamiento y subordinación de los automotores al propósito superior de la salud y el esparcimiento.
Los movimientos regresivos, como el de los autotransportistas, emergen con facilidad cuando los propios gobiernos, en este caso los municipales, carecen de un proyecto claro de habitabilidad urbana. Que deba ponerse el énfasis en los privilegios de los automotores antes que en el derecho de las personas es francamente indignante, y que esto se haga bajo la perspectiva mezquina de un gremio que reclama la calle como su propiedad, es inadmisible.
Los morelianos y el gobierno municipal debemos partir de este repudiable incidente para retomar el debate sobre el futuro de la ciudad. Un debate que debiera colocar en el centro la cuestión humana: el derecho a una ciudad humanamente sustentable y sostenible, que profundice y amplíe los usos públicos de la urbe, que genere la infraestructura para lograr la salud física y mental de sus habitantes. La polémica por la Ciclovía, pues, es solamente la punta del iceberg en el debate por la ciudad.
