Catilinaria

La deuda que no es deuda

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra deuda tiene su raíz latina en debita, que define la obligación que alguien tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona algo, por lo común dinero.

Tal término es abominado por la administración estatal que prefiere llamar financiamiento a los compromisos que ha adquirido con particulares e instituciones bancarias durante el actual sexenio, además de lo que históricamente se debe a la banca a largo plazo.

Estos financiamientos de particulares ascienden a los 13 mil 300 millones de pesos tan solo para  obras de infraestructura, como parte del programa de Obras Multianuales que, teóricamente estarían terminadas en un plazo de entre 12 y 18 meses, lapso que ya pasó, pero las obras no están.

En 2022 el Congreso del Estado autorizó dicho programa avalando la contratación de financiamientos hasta por nueve mil millones de pesos, en 20223 se autorizó la contratación adicional de dos mil 600 millones de pesos y apenas el viernes pasado se aprobó contratar otros mil 700 millones de pesos.

A excepción de tramos carreteros rehabilitados en diversas partes del estado, las grandes obras no se han concluido como el Mercado de Pátzcuaro que tiene un avance apenas del 50 por ciento; el  Teleférico de Uruapan el que lleva un avance del 43 por ciento y tal vez es que registra un mayor avance del 90 por ciento, es el libramiento Martí Mercado que conecta la autopista de Occidente entre Ecuandureo y La Piedad, de acuerdo con comunicados emitidos por la propia administración estatal durante este mes.

Algunos proyectos que formaban parte del paquete original no se han iniciado como el Metrobús de Morelia, el distribuidor vial del Mercado de Abastos o Línea de conducción agrícola Morelia-Queréndaro, otros apenas acaban de iniciar como el segundo libramiento de Morelia y el paso elevado de acceso a Villas del Pedregal que se incluyó posteriormente al paquete original.

La suspicacia

Nadie conoce con precisión a cuánto asciende el financiamiento ya contratado, cuánto se ha ejercido, cuánto se ha pagado y cuánto se debe, de los primeros nueve mil millones de pesos y los dos mil 600 adicionales, por eso hubo cierta resistencia mediática para autorizar los otros mil 700 millones, curiosamente por diputados del mismo partido del gobernador Alfredo Ramírez, como Fidel Calderón y Juan Carlos Barragán.

Leve resistencia porque a la hora de la votación solo la diputada Adriana Hernández votó en contra, sin conocer lo que estaban votando a favor porque no hubo discusión del dictamen aprobado, probablemente porque la mayoría de los diputados se quedó con la idea de que solo es un adelanto de las participaciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (Fafef), que fue como lo planteó el Ejecutivo estatal en esta ocasión.

Sin embargo, en su artículo segundo el dictamen aprobado claramente dice: Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, la contratación de financiamiento con la o las instituciones de crédito del sistema financiero mexicano que ofrezcan las mejores condiciones de mercado, hasta por la cantidad de mil 700 millones de pesos a través uno varios contratos de crédito simple, a tasa fija.

En prenda o garantía queda el 25 por ciento de los recursos del Fafef que se recibirán en los próximos años, los cuales se recibirán en las arcas estatales y de inmediato se transferirán los recursos a las instituciones que presten los recursos.

Aunque es una nueva deuda, la administración estatal dice que no lo es solo por hecho de que como se pagará en los próximos tres años y tiene una garantía, motivo por el que no entra en las alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pero de que se paga, se paga y con intereses aunque todavía se conozca cuál será el costo, ya que cambiar las palabras no cambia los hechos.

Tampoco se tiene la certeza del destino de esos recursos aunque según el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa, serán para la construcción de un segundo segmento del Segundo Anillo Periférico de Morelia y proyectos de obra hídrica, pero el dictamen aprobado el pasado viernes no dice eso.

Lo que dice es que los mil 700 millones serán para inversión pública productiva destinada a la construcción, reconstrucción, ampliación y conservación de infraestructura física o la adquisición de bienes para equipar dicha infraestructura que puede ser equipo e instrumental médico y de laboratorio; maquinaria, otros equipos y herramientas como aparatos y accesorios eléctricos; edificios no residenciales o construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones, entre otros.

La deuda reconocida

La deuda de corto plazo, la que se paga en el mismo año en que se contrata, según datos proporcionados por el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro, fue de dos mil 800 millones en 2022, en  2023  fueron dos mil 400 y este año y los subsecuentes se seguiría la misma dinámica en la contratación de deuda, siempre a la baja, para que en el 2027 no se hereden ese tipo de deudas.

Además, está la deuda histórica, la que siempre se utiliza para golpear al adversario político aunque la hayan generado políticos de todos los colores, la cual inició en el sexenio de Ausencio Chávez Hernández. Él dejó una deuda de 256 millones de los cuales, su sucesor, Víctor Manuel Tinoco Rubí pagó 100 millones de pesos y entregó la administración estatal a Lázaro Cárdenas con una deuda de solo 152 millones de pesos.

En el sexenio del entonces perredista y ahora distinguido morenista la deuda aumentó a seis mil 757 millones de pesos y, en el siguiente cuatrienio, durante el que estuvo al frente Leonel Godoy Rangel, la deuda aumentó a 15 mil 140 millones de pesos.

Entre 2012 y 2015, periodo durante el que hubo tres gobernadores, Fausto Vallejo Figueroa, Jesús Reyna García, y Salvador Jara Guerrero, la deuda michoacana aumentó a 17 mil 472 millones y para 2016 sumaba ya 20 mil 189 millones de pesos, de acuerdo con el saldo histórico de la deuda de los estados y municipios de la SHYCP. Ese monto se mantiene a la fecha.

La suma de tantos compromisos financieros que tiene que cubrir la administración estatal a corto, mediano y largo plazo no son pocos, la tienen limitada y más luego del proceso electoral que tradicionalmente deja a los gobiernos en turno sin liquidez y no les queda más que recurrir a la abominable deuda.