Catilinaria

ASM, también desmantelada

El 26 de mayo de 2023, cuando el pleno de la 75 Legislatura removió y, posteriormente destituyó del cargo de Auditor Superior de Michoacán a Miguel Ángel Aguirre Abellaneda se argumentó que la decisión se tomó porque se pretendía garantizar que fuera un verdadero instrumento de fiscalización y revisión de las cuentas públicas.

Todo lo contrario ha ocurrido en poco más de un año, ahora la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) es otro de los órganos que están prácticamente desmantelados y si funciona es uno de los tantos milagros que ocurren en el estado en los últimos tiempos, ante la indiferencia de los diputados que no hacen nada, particularmente los que integran la Comisión Inspectora de la ASM.

Luego de esa decisión de los legisladores inició la lucha en tribunales y 14 meses después no hay fecha para que puedan designar como auditor superior de Michoacán a Marco Antonio Bravo Pantoja, quien funge como encargado de la ASM ya que por ley, corresponde al Auditor Especial de Normatividad estar al frente de la institución en tanto es posible designarlo como titular.

Desde entonces el cargo de Auditor Especial de Normatividad, está vacante y, el pasado 22 de mayo concluyó el periodo de cinco años, para el que designado Auditor Especial de Fiscalización Municipal Salvador Sandoval Rodríguez y lejos de que los diputados piensen en emitir las convocatorias correspondientes, lo que planean en cómo deshacerse de la Auditora Especial de Fiscalización Estatal, Silvia Trinidad Tapia García.

Los diputados del partido Morena, Seyra Alemán y Roberto Reyes Cosari están impulsando una iniciativa de ley para destituir a Tapia García con el argumento de que perdió la confianza depositada en ella el dos de septiembre de 2021, cuando el pleno de la 74 Legislatura le tomó la protesta de ley y ya andan en la recolección de firmas para poder presentar su propuesta al pleno de la 75 Legislatura.

A la Auditora Especial de Fiscalización Estatal, la acusan de formar parte de la red de corrupción construida por Aguirre Abellaneda, quien enfrenta diversos procesos judiciales tanto administrativos como penales, pero ninguno se ha resuelto en definitiva.

Seguramente será destituida de forma vergonzosa aunque la Constitución, la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no establezcan como causal de despido la pérdida de confianza, figura que sí está considerada en la Ley Federal del Trabajo y rige las relaciones obrero-patronales.

Soluciones caras e inútiles

La Contaduría General de Glosa del Estado se transformó, en el 2003, en la ASM y pasó a depender del Poder Legislativo, pero desde entonces, los diputados en turno, únicamente la han utilizado como agencia de colocaciones por lo que sus resultados son precarios, razón por la que  hace cinco años se creó la Unidad de Evaluación y Control (UEC), para vigilar el desempeño de la Auditoría.

Este nuevo órgano resultó ser solo una carga para el erario porque tampoco da resultados ya que las decisiones de los diputados son políticas y no técnicas sobre el correcto uso y destino de los recursos públicos asignados a la administración estatal, a los municipios y a los organismos autónomos.

Ejemplos de su ineficacia sobran, la remoción y posterior destitución de Aguirre Abellaneda no fue porque hiciera mal su trabajo sino por una decisión política ya que fue la secretaria de la Contraloría, Azucena Marín Correa, quien presentó la demanda de juicio político, la única que ha prosperado en ocho años, por una supuesta red de corrupción que a la fecha no ha sido demostrada.

En todo ese amasijo, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, al dictaminar la Cuenta Pública Estatal 2022 ordenó que se contrataran despachos externos para realizar auditorías fiscales, de cumplimiento y desempeño de la ASM de los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022, con la claridad de que la UEC sería incapaz de hacerlo.

Lo que sí pudo hacer la titular de la UEC, Vanesa López Carrillo, fue aprovechar la coyuntura para contratar diversas consultoras por 16 millones de pesos, en un abuso de sus facultades, lo que ameritó que los diputados de la Comisión Inspectora presentaran denuncia en la Contraloría interna, pero es otro órgano legislativo que no funciona y a la fecha no ha emitido un resolutivo.

Carrillo López es ahora una impune diputada federal electa por el distrito de Pátzcuaro porsu intención de adjudicar contratos fuera de la norma y aunque, tenía dudas de ganar y no quería dejar el cargo, pero como se le negó la licencia no le quedó más que renunciar, por lo que si algo procede en su contra contará con fuero a partir del primero de septiembre.

Son solo tres ejemplos de que este órgano no funciona y menos cuando también está desmantelado porque aprovechando la renuncia de la titular, los diputados hicieron removedero de directores generales, de área y hasta jefes de departamento, algunos todavía acéfalos porque no hay acuerdos sobre el reparto de posiciones.

ASM al garete

Así las cosas, el auditor compadre del gobernador Alfredo Ramírez, está muy limitado, incluso de recursos porque no le autorizaron el presupuesto solicitado y ahora anda gestionando una ampliación presupuestal de 10 millones de pesos que los diputados no le quieren autorizar y no porque el Poder Legislativo no tenga recursos, sino porque lo que haya lo están cuidando para su bono de despedida.

Este año no hubo posicionamiento del auditor Bravo Pantoja sobre los informes de los resultados de las auditorías realizadas a las dependencias estatales, municipales y a los organismos autónomos y no es posible consultarlos en la página oficial de la dependencia legislativa porque está infectada por un virus que se transmite a los equipos de los usuarios desde hace meses sin que se corrija.

Por lo pronto, la institución ya perdió las dos certificaciones que había logrado luego de tantos años desprestigio y simulación, la de Sistema de Gestión Antisoborno emitido por la AENOR, asociación internacional con alcance en 90 países del mundo

Conforme con la norma ISO 37001:2016,  quedó certificado, en 2023, que en la ASM existía la gestión de los controles financieros y no financieros necesarios para mitigar los riesgos de soborno en la supervisión y fiscalización a las entidades que reciben recursos del Gobierno de Michoacán, así como aquellas entidades con recursos propios, por medio de los procesos de planeación, fiscalización, investigación y sustanciación, la cual no se pudo conservar este año.

Se perdió también la certificación de la norma ISO 9001:2015 en Gestión de Calidad, con la que se fortalecía la labor de la institución encargada de que cada peso del presupuesto se ejerza adecuadamente y con la falta de voluntad política sobre la transparencia y la rendición de cuentas la ASM, como principal organismo para detectar la corrupción, sigue estando en deuda con los michoacanos.