Catilinaria

La falta de voluntad política para la rendición de cuentas y la transparencia terminó por hacer ineficaz e inoperante al Sistema Nacional Anticorrupción, así como a los organismos estatales y, como muestra, Michoacán donde está burocratizado, politizado y prácticamente aniquilado.

Ya lo sentenció el gobernador Alfredo Ramírez: “El Sistema Estatal Anticorrupción es un fracaso total, no sirve para nada y hay que revisarlo”; sí, hay que revisarlo, pero no como parte del Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, para desaparecerlo, sino empezando por definir si se requiere una política nacional anticorrupción o nos basta con el dicho de que ahora hay gobiernos honestos.

La corrupción es un problema nacional y por eso se diseñó una política nacional para detectarla, investigarla, castigarla, erradicarla y prevenirla, pero no ha dado resultados porque el Presidente no ha querido, por el contrario, su propuesta es desaparecer el SNA y sea la Secretaría de la Función Pública la que se haga cargo, pero como no pasó en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se está desmantelando de facto en todo el país .

Los yerros

En febrero de 2018, cuando se instaló este órgano y como primera actividad eligió al Secretario Ejecutivo, Ernesto Ramírez Ochoa, ocurrió la primer gran equivocación ya que eligieron al peor y tuvo que ser destituido del cargo porque no fue capaz siquiera de conseguir una oficina o de elaborar el presupuesto para el secretariado a su cargo, luego de casi un año.

En 2021 concluyó el periodo de la primera Comisión de Selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y la entonces la presidente de la Comisión de Gobernación, Cristina Portillo, impuso a ciudadanos sin perfil, irresponsables, pero con iniciativa para introducir en la primera convocatoria que emitieron requisitos que no están considerados en la Constitución ni en la ley en la materia.

Fue el pretexto para poner en el Comité de Participación Ciudadana (CPC) a uno de los allegados a la legisladora que inició en el Partido de la Revolución Democrática y acabó en Morena, Carlos Gamiño, que a partir de diciembre será el único de los integrantes del Comité, si es que para entonces no han desaparecido el sistema.

Actualmente el CPC solo tiene dos de cinco integrantes porque los integrantes de la Comisión de Selección se han hecho los desentendidos pese a los exhortos de Comité Coordinador, del secretariado ejecutivo nacional y de organizaciones civiles que impulsaron la creación del sistema, ante la complacencia de los diputados que tienen la facultad para destituirlos y convocar a una nueva integración que realice los procedimientos para elegir a los representantes ciudadanos, pero están paralizados.

Triste ejemplo

Michoacán no es la única entidad en la que el sistema ha sido un fracaso, de acuerdo con el Observatorio Anticorrupción de México, 22 sistemas anticorrupción, es decir, 66.67% de los 33 de todo el país no cuentan con por lo menos una designación, en sus comisiones de selecciones de los comités de participación ciudadana y en estados como Campeche, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Veracruz no están integradas sus Comisiones de Selección, lo que implica que 42% de los 33 sistemas a nivel nacional no pueden nombrar a los integrantes  de los CPC.

En diciembre del año pasado sumaban 17 las entidades las no tenían completos sus comités de participación ciudadana, Baja California, Guerrero, Tabasco y, en ese mes, se sumó Michoacán, donde solo quedan dos de cinco personas que deberían de integrar el CPC y el próximo mes de diciembre se queda con uno que no representa a los ciudadanos sino a una fracción de Morena.

En este último reporte, el Observatorio expuso que en  Colima, Morelos, Puebla, Sonora y Querétaro los CPC solo cuentan con una de cinco personas que deberían de integrarlos. En el caso de Ciudad de México, Veracruz y Nuevo León, el CPC se encuentra totalmente vacío e inoperante.

También hay falta de perfiles en las secretarías ejecutivas, inoperancia de las comisiones ejecutivas, falta de fiscales anticorrupción y de magistrados administrativos, deficiencias que señala el observatorio, casi todas presentes en Michoacán.

Magros resultados

Así las cosas, no se pueden esperar grandes resultados y pese a que el Sistema Estatal Anticorrupción identificó que en los procesos de compras, contrataciones y adquisiciones públicas están los mayores riesgos de corrupción, según la Secretaría de la Contraloría, el año pasado vigiló el 99 por ciento de los procesos de licitación de un total de 700 a nivel estatal, pero en el informe del sistema no se reporta anomalía alguna.

A nivel municipal, 17 de los 106 órganos internos de control de los ayuntamientos no mencionaron ninguna acción encaminada con este propósito, mientras que de los 89 que sí señalaron alguna actividad no pasaron de señalar buenas prácticas aisladas.

Se indica en el informe del SEA que la Secretaría de Contraloría impuso 63 sanciones, el Poder Judicial 44, el Tribunal de Justicia Administrativa 118, los órganos internos de control de órganos autónomos 130 y los municipales 143, por lo que se contabilizaron un total de 498 sanciones que, en la mayoría de los casos quedan en amonestaciones y, cuando mucho llegan a inhabilitar a algún servidor Público.

El Tribunal de Justicia Administrativa reportó la resolución de cinco procedimientos con sentencias sancionatorias por faltas graves, tres inhabilitaciones, una destitución y una suspensión temporal, mientras que la Fiscalía inició en el último año 169 carpetas de investigación, pero solo judicializó nueve y solo en un caso se vinculó a proceso, en los otros hubo acuerdos, por mencionar a algunos de los organismos que conforman el sistema anticorrupción michoacano, porque los otros están peor.

Ahí están los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023, dada a conocer apenas el pasado mes de marzo por el INEGI, que muestra un incremento en la percepción de la corrupción gubernamental ya que, en 2021 el 57 por ciento de los michoacanos consideraban la corrupción como el segundo gran problema en Michoacán, luego de la inseguridad y el año pasado el porcentaje creció al 60 por ciento.

Sí, hay que revisar el SNA y el SEA, al igual que los de los otros estados, pero sobre todo hay que definir si se quiere o no combatir la corrupción y si el Estado está dispuesto a que los ciudadanos tengan acceso a la información o seguimos en la simulación que, si revisamos presupuestos, cuesta más que la misma corrupción.