Catilinaria

Los niños y la primera dama

El Centro de Atención y Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, debió entrar en funciones desde hace un mes, pero a la fecha no hay avance concreto alguno porque a la fecha, no se ha designado a quien coordinará estos centros ni se ha definido dónde se construirá el primero de ellos.

Fue una propuesta, primero de las diputadas que integran la Comisión de protección a la Niñez y Adolescencia del Congreso del Estado y, después la presentada por la presidente honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Grisel Tello y varios diputados más, entre ellos Daniela de los Santos.

Morelia sería la sede del primero de estos centros, ya que la aspiración es que, al menos, opere uno en cada una de las regiones del estado, aunque el decreto publicado en el Periódico Oficial el 24 de noviembre de 2023, dice tantos como sea posible, de acuerdo a las posibilidades presupuestarias.

Se especifica en el decreto que estos centros estarán adscritos a la Secretaría de Gobierno, en ejercicio de sus atribuciones de conducción, convocatoria, organización y coordinación y que el director general dispondrá lo necesario para el buen funcionamiento, sin atribuciones de mando, supervisión o representación legal, respecto a las funciones y personal del Poder Judicial, de los organismos autónomos o de las dependencias y entidades distintas a la Secretaría de Gobierno que presten sus servicios en dichos Centros.

La candidata para coordinar los trabajos es Elvia Higuera, actual subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. Ha sido Fiscal Especial para la Atención del Delito de Violencia Familiar, consejera del Instituto Electoral de Michoacán, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y es catedrática de la Facultad de Derecho y de la División de Estudios de Posgrado, así como de la Universidad Latina de América.

Un buen perfil, su trayectoria es pública, además de ser empática, sociable, independiente, generosa, inteligente, optimista, resilente, una open mind, según algunos políticos con simpatías hacia ella, aunque en ocasiones confiada, lo cual la hace vulnerable, pero siempre termina apostando por dar otra oportunidad a las personas y, aunque también es una virtud en un mundo donde nadie cree en los demás, ella se cierra, dicen sus amigos.

 El detalle es que la señora Grisel Tello quiere ser la coordinadora general, no en persona, pero sí a través de alguien como la procuradora del menor, María del Rosario Cerna Rangel, que además de ser abogada conoce el tema, ya que tiene la especialidad en el ámbito de la defensa de los derechos de la infancia, y ha sido catedrática a nivel licenciatura y posgrado en diversas universidades de la entidad.

También diversos cargos en el Poder Judicial del estado y en la Fiscalía General del Estado, el problema es la recomendación de la presidente del DIF planta la duda de si la dejarán trabajar como se debe y peor el escenario en caso de que sea alguien sin el perfil adecuado.

Porqué es importante el perfil

Más allá de que el Congreso del Estado llame a comparecer al secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, para que explique la omisión o, al menos ante las comisiones que dictaminaron las iniciativas de ley que dieron origen al decreto para la creación de los centros, tendrá que decidir si se avienta el tiro con la primera dama, como les dicen a las esposas de los mandatarios en turno.

La idea original es que los centros de Atención y Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes sirvan como espacios en los que la niñez y adolescencia puedan acudir sin miedo cuando sus derechos estén sometidos a la toma de decisión de cualquier autoridad.

Por eso es necesario que todo el personal que esté encargado de la atención, notificación y toma de decisiones, esté sensibilizado en los derechos y especiales necesidades de la niñez y adolescencia, no solo para el trámite de los procesos, sino al momento de la toma de decisiones en que se vean involucrados de forma directa o indirecta los derechos de la infancia, en los que las propias víctimas sean partícipes activos en todo procedimiento en que se vean afectados sus derechos.

La inspiración para la creación de estos centros  es el modelo de Durango, salvaguardando la independencia y autonomía del Poder Judicial y Fiscalía, respectivamente y se quiso hacer desde las leyes y no como un decreto administrativo gubernamental para garantizar su permanencia pese a los cambios políticos que pudieran surgir eventualmente en la entidad.

El escollo parece difícil de superar, pero todo está dispuesto para que el primer centro empiece a operar en instalaciones provisionales porque se pretende construir un edificio diseñado acorde a las especiales necesidades de la niñez y adolescencia y sus padres o tutores, dejando de lado la frialdad y hostilidad con que pudiera percibirse los espacios actuales de las instituciones y autoridades involucradas.

De manera provisional el centro se instalaría en la parte trasera del propio DIF y hasta se hicieron las gestiones con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (Staspe) que mostró buena disposición para que los trabajadores que están en esa área fueran reubicados, en tanto se construye el primero de estos centros, pero no se concretó.

El Congreso del Estado etiquetó recursos en el presupuesto 2024 para la edificación del centro, 35 millones para la construcción del Fondo para el fortalecimiento para la paz (Fortapaz), más los cinco millones adicionales a la Procuraduría del Menor del presupuesto del DIF son para el arranque, pero esos recursos que no se han ejercido.

Primero se dijo que se ubicaría en parte del predio que ocupa el antiguo hospital infantil, en el bosque Cuauhtémoc, pero resulta que es propiedad del gobierno federal; luego se planteó en una fracción de la antigua ExpoFeria, junto al CRIT, pero se les hace muy lejos y tampoco hay definición.

La necesidad de estos centros

La estadística muestra que en Michoacán tan solo durante el primer trimestre de este año fueron asesinados 18 menores, entre ellos dos niñas, los cuales se tipificaron como feminicidio infantil y se abrieron en total 560 carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado por agresiones a niños y adolescentes, la mayoría por abuso sexual y violación, entre menores de entre 12 y 17 años de edad.

Es tal el maltrato que sufren los niños y adolescentes que en 2021, un total de 106 tuvieron que ser hospitalizados para luego iniciar toda una peregrinación por el Ministerio Público, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el DIF y los juzgados que es lo que fundamentalmente se quiere evitar concentrando todas estas instancias en un solo lugar y tengan una mejor coordinación para que la niñez y adolescencia tengan acceso a la justicia.