Catilinaria

Régimen jurídico en quiebre

El daño al sistema de justicia de Michoacán, causado por el abandono de los trabajos legislativos, no solo es porque los diputados sean omisos en la designación de tres magistrados o la toma de protesta a un consejero, sino porque vulnera la autonomía e independencia del Poder Judicial.

La politización o partidización que hacen los legisladores en la elección de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), resta a quienes resultan favorecidos porque su independencia queda en entredicho y priva a los justiciables del juzgadores idóneos.

A los únicos que les importa esta situación es a los justiciables y sólo cuando les toca, como puede  ser ahora, porque al STJE le faltan cinco magistraturas, tres por omisión legislativa, una porque acaba de quedar vacante y una por licencia y no es posible que 13 salas hagan el trabajo de 18 aunque lo intentan, trabajando mañana y tarde y hasta los fines de semana para poder cumplir con los tiempos legales.

No es un asunto menor que se tengan que sacar sentencias de custodias o pensiones alimentarias, por ejemplo, en las salas civiles o, de detenciones y libertades, en las salas penales, sin contar con los recursos humanos necesarios, porque los diputados son incapaces de llegar a acuerdos, lo cual sería diferente si el personal de las magistraturas fuera parte de su capital político y también se repartieran los puestos, como lo hacen en los organismos autónomos.

Las magistraturas

La justicia no interesa a los diputados, menos a los que buscan reelegirse y se limitan a bloquear o a tratar de imponer a quienes les recomienda el Ejecutivo, ahí está Genaro Álvarez Pérez, a quien los diputados de Morena y sus aliados quieren imponer, pero no logran la mayoría calificada, es decir, dos tercios de los diputados que estén presentes en la sesión en la que se someta a votación la terna conformada por los tres mejores perfiles, resultado del concurso de oposición.

La oposición va con María Elena Veloz Díaz, quien ha ganado tres concursos de oposición consecutivos, pero Morena y sus aliados no la dejan pasar porque, suponen que es amiga de la diputada Adriana Hernández, solo porque son del mismo pueblo y, sí, por eso se conocen, pero hasta ahí y, a nadie le importa que esa sí sea violencia política en razón de género, acostumbrados como están a los insultos o las amenazas y no a los méritos demostrados.

No es la primera vez que la medición de fuerzas entre partidos políticos entrampa la elección de un magistrado, en la 73 Legislatura ocurrió lo mismo cuando el grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática quiso imponer a Luz Milla Barrera, cuando quedó en el tercer lugar con una calificación de 9.09, a la par de Ramón Sánchez Magaña, en el concurso de oposición.

Sin embargo, los diputados del Partido Revolucionario Institucional optaron por apoyar a Dora Elia Herrejón Saucedo, quien había quedado en segundo lugar con una calificación promedio de 9.22, pero ninguna de las dos alcanzaba la mayoría calificada

En esa ocasión, se pudo destrabar la votación decantándose por la mejor calificación que había obtenido Juan Salvador Alonso Mejía, 9.24, pero ahora los diputados de Morena y sus aliados están empeñados en bloquear a la mejor calificada para ocupar la magistratura, María Elena Veloz Díaz y dar la magistratura al segundo lugar en el concurso de oposición, Genaro Álvarez Pérez.

Tienen también pendientes las designaciones de los titulares otras dos magistraturas, ya que desde el pasado mes de abril el presidente del Poder Judicial, Jorge Reséndiz García, envió dos paquetes con los expedientes de los aspirantes a ser magistrados, así como las calificaciones obtenidas en las diversas etapas de los concurso que consisten en examen de conocimientos teóricos y prácticos, examen oral y el resultado final de las mismas.

Uno de los paquetes contiene la información de los aspirantes, hombres y mujeres, a ocupar la novena sala civil, la cual quedó vacante por retiro forzoso de Jorge Pérez Zavala al cumplir tres periodos de cinco años como magistrado. El otro paquete contiene la información de las mujeres que participaron en el concurso exclusivo para ellas, para la magistratura de la primera sala penal que se quedó sin titular por el retiro voluntario de Alejandro González al cumplir los 60 años de edad.

La consejería

Además, de estas tres magistraturas pendientes, los diputados no han sido convocados a sesión, para tomar la protesta a Miguel Alejandro Rangel González, elegido por los jueces como nuevo consejero del Poder Judicial, ya que Javier Gil Oseguera cumplió el periodo de cinco años para los que fue elegido el pasado siete de mayo.

La presidencia de la Comisión de Carrera Judicial está pues vacante, cuando es la encargada de todos los movimientos del personal, incluidos los jueces y aunque están dos de sus integrantes, Dora Elia Herrejón Saucedo y Octavio Aparicio Melchor, el trabajo es más lento y si en algo no están de acuerdo, no hay manera de destrabar cualquier asunto porque falta uno.

Es costumbre que al relevo de algún consejero, se hagan reacomodos en las comisiones de las que forman parte, lo cual tampoco se puede realizar y todo el sistema se queda como está hasta, al menos hasta que concluyan las campañas políticas para que los diputados puedan sesionar para tomar la protesta a Rangel González, lo único que tienen que hacer en este caso,  a diferencia de las magistraturas en las que se tiene que elaborar un dictamen, para presentar la terna de los mejores perfiles para elegir entre ellos.

Los diputados

El magistrado presidente ya ha hecho la excitativa a la presidente del Congreso, Ivonne Pantoja, pero también anda de campaña y, aunque convocara al pleno no hay forma de que los diputados se reúnan hasta que terminen las campañas para reelegirse pese a que dejaron su trabajo a la deriva.

Si los diputados no quieren sesionar ni para tomar una protesta, menos se van a poner a legislar para evitar mayores vacíos en el Poder Judicial ya que el STJE tiene una cuarta sala vacante, la que acaba de dejar Armando Pérez Gálvez, aquel magistrado que se embarcó en una controversia indebida para que no le contaran los cinco años que, por ser magistrado formó parte Consejo y así alargar los 15 años a 20 como magistrado, pero perdió y dejó el cargo hace unos días y, haciendo una nueva rabieta, porque quería quedarse en Morelia, pero debió regresar a Uruapan, de donde salió para ser magistrado, pero esa es otra historia.

La cosa es que aún cuando se sabía que el pasado seis de mayo concluía su tercer periodo como magistrado de la tercera sala penal, todavía no hay siquiera convocatoria a concurso de oposición para su relevo, porque la Constitución dice que primero la sala se debe declarar vacante y a nadie se le ha ocurrido hacer esa pequeña modificación para que al día siguiente de que una magistratura se declare vacante tenga a un nuevo titular.

Así que dicha sala estará sin titular, al menos los próximos cuatro meses, en tanto se lleva a cabo el concurso de oposición, al cual no se convoca porque la Comisión de Carrera Judicial está incompleta y es a la que corresponde hacerlo.

Y más pronto de lo que se pudiera esperar, la cuarta sala penal también quedará vacante porque su titular, actualmente de licencia, Juan Antonio Magaña de la Mora, ya tiene derecho al retiro voluntario porque el pasado primero de marzo cumplió 60 años de edad y más de 15 como magistrado, porque es de los pocos inamovibles que quedan, pero sólo él sabe cuándo se retirará.