Catilinaria

Carlos Escobedo Suárez tenía amistad con la familia formada por Ignacio Mendoza Jiménez y Claudia Oropeza Miranda a la que llegó a representar legalmente ante el Tribunal Electoral de Michoacán y la Sala Regional Toluca ante una de las tantas omisiones de la 75 Legislatura del Congreso del Estado para analizar, dictaminar y someter a votación las iniciativas presentadas.

El joven abogado tenía toda la confianza de la familia, formaron un despacho, trabajó en el equipo del excoordinador del Sistema Penitenciario y en la Notaría 192 que le dio el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla a Claudia Oropeza Miranda, el cinco de agosto de 2022, luego de anular las que había otorgado su antecesor, Silvano Aureoles Conejo.

Esos lazos fraternos se rompieron el pasado 17 de agosto, cuando Escobedo Suárez denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a Ignacio Mendoza Jiménez a su esposa Claudia Oropeza Miranda y a sus hijos Ignacio, Claudio y Gabriel, así como a sus escoltas, por haberlo secuestrado y  torturado e hizo público, a través de sus redes sociales, videos y varias fotografías del hecho.

La noticia no sorprendió porque no es la primera denuncia en contra de Mendoza Jiménez, hasta hace una semana coordinador del Sistema Penitenciario, ya que personal a su cargo lo ha denunciado por malos tratos y abuso de autoridad, como también se hizo público durante las manifestaciones que realizaron en los centros de readaptación social de Mil Cumbres, Lázaro Cárdenas y Maravatío, a fines del pasado mes de julio.

Negocios en el Sistema Penitenciario

A Mendoza Jiménez se le pidió su renuncia al cargo y la entregó hace una semana, lo cual se supo cuando el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, dio a conocer el nombramiento del economista Elías Sánchez García, quien tiene carrera  en eso de administrar penales como los de Tacámbaro y Apatzingán.

Tiene pocos días en el cargo, pero es previsible una purga de personal, ya que es tradición que los coordinadores coloquen a personas de su confianza para que cumplan órdenes y no hay que investigar mucho para saber de los mandos que cumplen órdenes descabelladas, como obligar al personal a triplicar turno o arrestos por llegar tarde a sus labores, varios nombres salieron a relucir en las manifestaciones del personal del Sistema hace un mes.

Y no solo los trabajadores se quejan también las personas privadas de su libertad y sus familiares porque desde 2020, a causa de la pandemia de Covid 19, se prohibió el ingreso de alimentos los días de visita y aunque la crisis ocasionada por el virus se superó y la medida de seguridad sanitaria sigue vigente, aunque no como tal sino por el negocio que representa.

Desde entonces hay venta de alimentos para los internos y sus familiares, pero a precios de restaurante de lujo y los tienen que comprar porque la comida que regularmente se sirve en los penales es a base de caldo de frijol o lenteja y, cuando el menú lleva carne es con muchas papas y calabazas para que rinda, en ocasiones en mal estado y para beber té o café, todo de la peor calidad.

En el perfil de Facebook que tienen los custodios michoacanos se dan pormenores de quien maneja ese negocio y hasta los precios en que se venden a las personas privadas de su libertad, así como de otros negocios que no son nuevos como la venta de cerveza, drogas y prostitución, no solo en Morelia sino en todos los penales del estado.

La prepotencia

Desde 2022, los trabajadores del Sistema afiliados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poderes Ejecutivo (Staspe) ya se manifestaban para quejarse del maltrato y del abuso de poder y de que el excoordinador hasta los intimidaba, porque cuando los llamaba ponía su arma de cargo en el escritorio, pero el secretario de Gobierno minimizó la movilización de los trabajadores.

En marzo del año pasado, Mendoza Jiménez estuvo en la cuerda floja, por aquella riña colectiva en la que derivó un partido de futbol entre internos, pelea en la que también intervinieron los espectadores, pero con el apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano se pudo controlar lo que ya amenazaba con un motín.

Hace casi un año, a principios de septiembre, se fugaron tres reos del penal de La Piedad, Vicente Aguilar Huante y Francisco Javier Acosta Lara, sentenciados 2018 por el homicidio de José Alfredo López Guillén, párroco de Janamuato, así como Juan Carpinteiro Pavón, sujeto a proceso.

A mediados de ese mismo mes, todos los medios publicaron lo que llamaron la toma de la Fiscalía por parte del entonces funcionario público ya que él mismo y sus escoltas protagonizaron un zafarrancho en el Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) porque el personal no atendió con la rapidez que quería su hijo Ignacio Mendoza Oropeza.

No es, pues la primera vez que la familia actúa en grupo, con el apoyo de los escoltas, como presuntamente lo hicieron en contra de quien era su amigo y colaborador que ahora los acusa de secuestro y tortura, probables delitos que la FGE está obligada a investigar y que de ser ciertos pueden costarle al excoordinador del Sistema Penitenciario inhabilitación y prisión.

Lo que no se conoce aún es el motivo de estos presuntos delitos ya que en los videos del abogado  Escobedo Suárez, uno en la Policía Morelia, luego de ser rescatado por miembros de esta corporación, el otro en la Fiscalía al acudir a presentar la denuncia, sólo acusa a la familia, pero no explica cómo llegaron a este punto y todos los involucrados han evadido a los medios de comunicación.

Por cierto, no deja de sorprender que algunos medios dieron por buena una fotografía en la que se ve al secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, sentado frente a Mendoza Jiménez, viendo la pantalla de su teléfono celular en la que se ve la imagen de Escobedo Suárez, porque la pantalla del aparato que usa el secretario tiene un antirreflejante.

En sus redes sociales está la foto original y no se ve en la pantalla la imagen del abogado denunciante, pero fueron muy pocos los verificaron el origen de la fotografía photoshopeada y nadie aclaró la situación, pese a exhibir el fuego amigo.