Catilinaria
Hace casi tres años, los diputados integrantes de la 75 Legislatura juraron que no basificarían a empleados, pero no resistieron la tentación y quieren, al menos, dejar asegurado a uno de sus allegados, violentando los derechos de trabajadores que, con una antigüedad de hasta 20 años, no tienen certeza laboral.
En la mesa de negociaciones entre el Congreso del Estado y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (Stasple) están 60 bases, 40 para los diputados y 20 para el Sindicato, pese a que en las condiciones generales de trabajo se establece que el mismo número de bases que se autorizan los diputados se debe otorgar al Sindicato.
Las negociaciones iniciaron el pasado mes de enero con el planteamiento sindical de al menos 15 bases para el gremio, por lo que habrían sido en total 30, pero en el toma y daca se duplicaron, solo que 40 y 20, además que quedan totalmente fuera los trabajadores de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), órgano fiscalizador del Congreso del Estado, aunque con una Unidad Programática Presupuestaria (UPP) diferente.
Es más fácil que el número de bases crezca a 80 que 10 legisladores renuncien a proteger a su gente, una cantidad alta, aunque lejana a las 105 que se agandallaron los diputados de la 72 Legislatura, cuando el acuerdo fue de que serían 40-40.
Para no verse tan mal algunos diputados han ofrecido otorgar la base a personal de su confianza, pero que ya tienen años laborando en el Congreso del Estado, entre ellos la priísta Daniela de los Santos, la panista Mónica Lariza Pérez Campos y la experredista y ahora morenista Mónica Estela Valdez Pulido, pero la mayoría de los diputados ha preferido beneficiar a hijos, hermanos y nietos.
Los sindicalizados
Las bases laborales son importantes para los trabajadores porque les da certeza jurídica, ya que no pueden ser despedidos a contentillo de los diputados en turno, sino solo por causa justificada establecida en la ley.
Hasta hace dos años, contar con una base era un privilegio, ya que les permitían acceder a la compensación salarial, con la que prácticamente duplicaban sus ingresos porque, de acuerdo a lo tabulado, sus salarios eran precarios y para las categorías más bajas como recepcionista, oficial de intendencia o archivista era el mínimo general. Para evitar esa simulación, por ley, el salario y la compensación ya fueron compactados y esas categorías ya aparecen con el salario bruto que es de 16 mil 747 pesos.
Una vez que el trabajador obtiene la base laboral, la aspiración es la de ingresar al Stasple porque entonces tiene prestaciones económicas exclusivas para el gremio, razón por la que no es nada sencillo que los diputados autoricen la sindicalización, ya que tiene un impacto económico en el presupuesto.
Son unos 60 los trabajadores de base que están a la espera de ser sindicalizados, más los nuevos 60 serían 120, lo que sin duda da más fuerza al Sindicato porque aumenta su membresía, pero solo se está discutiendo la sindicalización de 25, con los que tendría 529 afiliados, prácticamente la mitad de la plantilla laboral del Congreso del Estado.
No es por buena voluntad de los diputados hacia los trabajadores, sino que, en principio, el Sindicato cedería 10 de las bases que le corresponden legalmente, para que cada uno de los diputados pueda heredar una base.
Teóricamente, un trabajador adquiere derechos a los seis meses de estar laborando, pero no en el Congreso, donde pueden pasar hasta 20 años para lograr la base y no tienen libertad de afiliarse al Sindicato, sino que están sujetos a la aprobación de los diputados porque el hecho de pertenecer al gremio representa el acceso a prestaciones exclusivas que tienen un impacto en el presupuesto y, por lo tanto, la sindicalización está sujeta a la disposición de recursos.
Los de confianza
Teóricamente, cada uno de los 40 diputados tenía autorizada la contratación de tres asesores, lo que daría un total de 120 empleados de confianza, llamados asesores cuyos salarios oscilan entre los 18 y los 77 mil 500 pesos mensuales, aunque de estos últimos, llamados especiales, solo fue aprobado uno por grupo parlamentario.
Hasta la 73 Legislatura se reconocían 200 asesores, cinco por diputado, pero por la supuesta austeridad se redujeron a tres asesores por legislador y el resto de personal para el desarrollo de sus funciones es de estructura, ya sea de base o sindicalizados, aunque según declaraciones que hizo la semana pasada el diputado con licencia Ernesto Núñez cada diputado tenía ¡siete asesores!
Sin embargo, a partir de la segunda quincena del pasado mes de julio fueron despedidos ¡307! empleados que no se sabe de dónde salieron porque aún con el exagerado número de siete asesores, serían 280 los empleados despedidos a los que, por haber sido contratados por un periodo específico, únicamente se les tendría que pagar la liquidación, es decir, parte proporcional del aguinaldo y de las vacaciones.
En el paquete de empleados despedidos hay varios que tienen muchos años laborando en el Poder Legislativo, pero que no han podido acceder a la base laboral por lo que cada trienio los despiden y los vuelven a contratar o inician juicio que después de algunos años les permiten cobrar laudos millonarios que originan un gasto de entre 15 y 20 millones por legislatura.
Es así como entre trabajadores de base, sindicalizados y de confianza la plantilla es de más de mil, lo que ha convertido al Congreso del Estado en uno de los más obesos y más caros del país, desde hace al menos una década y ninguna legislatura muestra disposición a cambiar la situación.
Es además, un poder de los más improductivos de la nación y cada legislatura rompe el récord de iniciativas de ley que se quedan en la congeladora, ya que la 72 dejó 200, la 73 400, la 74 500 y la 75 deja alrededor de ¡700! porque se perdió la cuenta de las propuestas de los diputados que solo sirvieron para que les hicieran fotos en la tribuna porque no quedaron en ley.
