Catilinaria
Transparencia opaca
La transparencia es uno de los principales instrumentos contra la corrupción, pero el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Imaip) no solo está reprobado sino que es utilizado como brazo gubernamental golpeador de sus adversarios políticos.
Su actual presidente, Abraham Montes Magaña, anda presumiendo que la Política Estatal Anticorrupción es de las mejores del país y como el instituto que dirige forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) les corresponde parte del mérito.
Podrá serlo, el problema es que no se ha implementado ninguna política pública con base en el programa aprobado el 14 de junio de 2022 porque el SEA está siendo desmantelado y los organismos de control del poder como Imaip están estancados.
El reporte el Proyecto de Justicia Mundial 2023 indica que en límites al poder gubernamental el estado está en la posición 20 con 0.40, sin cambios substantivos desde 2018, cuando obtuvo la misma puntuación. Su posición más alta es la 12 en sanciones a personas funcionarias públicas cuando abusan de sus funciones con 0.41, debajo de su punto más alto de 0.42 en 2019-2020.
Además, está en 15 en la efectividad del Judicial como contrapeso, en la 12 con 0.48, por debajo de su 0.52 de 2018, en la 15 se ubica con el indicador que mide si las elecciones son libres, limpias y transparentes, con 0.47, una mejora desde 0.42 en 2018. Se ubica en 20 en la efectividad del Legislativo local como contrapeso, con 0.38, mismo puntaje de 2018.
Está en el 29 en la efectividad de los organismos de fiscalización y control como contrapesos, con 0.25, estancado desde su 0.26 en 2018. Asimismo, está en 29 en la efectividad de los contrapesos no gubernamentales, con 0.45, una caída desde su puntaje de 0.50 de 2020-2021.
Calificaciones patito
Para aminorar los constantes escándalos en los que se ven envueltos los comisionados designados por el Congreso del Estado, en cumplimiento de cuotas partidistas, especialmente cuando les toca turno de presidir el organismo teóricamente autónomo, el Imaip se ha dedicado a repartir a diestra y siniestra calificaciones de 10 a estos organismos de control y contrapeso del poder bajo el supuesto de que cumplen al 100 por ciento con la publicación de la información de oficio.
Esas calificaciones son una falacia porque aún cuando los sujetos obligados cumpla con el 100 por ciento de las obligaciones de transparencia, se trata de un fenómeno conocido como la transparencia opaca, que no es más que un montón de información de muy mala calidad y poca utilidad para los ciudadanos, ya que no permite conocer lo que hace el gobierno ni como se construyen las políticas públicas.
Esto ocurre porque el Imaip, como todos los demás organismos de transparencia del país no tienen facultades fiscalizadoras y no hay manera de que corroboren si los sujetos obligados colocan en sus portales información verídica, a modo o falseada y simplemente se amparan bajo la leyenda de que la información es responsabilidad del sujeto obligado.
Siempre ha sido así, pero desde el año pasado el Imaip se prestó a golpear a los adversario políticos de la 4T, como el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, a quien el diputado de Morena Juan Carlos Barragán acusó de no presentar su declaración patrimonial, por lo que el Imaip lo emplazó a hacerlo en un término de 15 días, pero en su defensa el edil demostró, con documento notariado, que sí lo había hecho, a diferencia del gobernador Alfredo Ramírez y del propio presidente del Imaip.
Ya en campañas políticas se acusó al ayuntamiento moreliano de utilizar imágenes de infantes en su propaganda sin la debida autorización de sus padres y como la propaganda no fue retirada de todas las dependencias Montes Magaña le impuso una multa de 300 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.
El asunto creció tanto que el presidente del Imaip presentó en el Congreso del Estado demanda de Juicio Político en contra de la comisionado Ruth Nohemí Espinoza Pérez quien ocupa la posición del Partido Acción Nacional (PAN) y votó en contra de la sanción económica, pero se desechó porque el comisionado se olvido de ratificar la demanda y no lo hizo, pese a que durante años se desempeñó como secretario técnico en el Poder Legislativo y conoce el procedimiento.
Tan malo el pinto como el colorado
Los escándalos no son de ahora, prácticamente todos los excomisionados del Imaip salen dejando de que hablar, como Areli Yamilete Navarrete Naranjo, quien renunció al cargo el pasado 28 de junio y aún así el presidente, ejerciendo el voto de calidad, mayoriteó a Espinoza Pérez para otorgarle un finiquito como si hubiera cumplido se periodo.
A ella le heredó la presidencia del Instituto Daniel Chávez García a quien se le ocurrió arrendar un Mazda de su propiedad al Imaip para su uso personal o, Ulises Merino García quien simuló la contratación de una empresa para promocionar a la institución a la cual le pagaba 100 mil pesos mensuales así como Ricardo Villagómez Villafuerte quien tuvo que devolver recursos a la institución y hasta juicio político le querían hacer, pero tampoco prosperó.
Y no se quería ir, inició un juicio de amparo, por el que no se pudo designar a un nuevo comisionado durante cinco años y desde entonces, el pleno del Imaip ha funcionado con solo dos comisionados, excepcionalmente con los tres, pero por periodos cortos porque la mayoría aspira a ocupar cargos políticos más redituables.
Faltan resultados
Los resultados dejan constancia de que los comisionados cuidan todo menos la transparencia ya que sus propias estadísticas muestran que de 271 sujetos obligados solo 55 han suscrito el denominado gobierno abierto que no es más que un compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas, innovación digital y participación ciudadana, aunque no la firma no es obligatoria.
Además, solo el 30 por ciento de los sujetos obligados cumple casi en su totalidad con la información de oficio que deben colocar en sus páginas web y no pasa nada ya que, el año pasado la institución reportó la aplicación de 19 multas, pero no presentó evidencia de que hubieran sido cobradas, ni el monto exacto de las sanciones económicas.
