Catilinaria

La rebelión de los notarios

Las notarías son moneda de cambio para quienes se la juegan con los gobernadores en turno, con las que agradecían a sus colaboradores, casi al final de sus gobiernos, habérsela jugado con ellos, hasta que el gobernador Alfredo Ramírez decidió cambiar la dinámica y entregarlas al inicio de su administración, aunque apropiándose de las creadas por su antecesor Silvano Aureoles, las cuales  no pudo entregar.

Se convirtieron las notarías en refugios políticos porque quienes eran premiados se olvidaban de la política y viceversa, razón por la que el gremio, no se había polítizado, hasta que el actual mandatario decidió que algunos de sus fedatarios continuarán en la administración pública como Oscar Celis, en la dirección del DIF o, Paula Espinoza quien estaba en el cargo que ahora ocupa Celis, pero dejó para ser notaria, pero también la dejó para ocupar el cargo de directora del Icatmi.

Otras patentes fueron entregadas a esposas de viejos políticos como la de Ignacio Mendoza, Claudia Oropeza, luego de que el actual coordinador del Sistema Penitenciario, por cierto en crisis, fue uno de los que se amparó contra el proceso que llevó a cabo en sus últimos días Silvano Aureoles, pero que se quedó calladito sobre el que benefició a su esposa, aunque los dos procedimientos fueron igual de sucios.

Lo mismo ocurrió con la esposa del magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la Ciudad de México, Gildardo Galinzoga, a la que hizo notaria, además de que su hija es directora del Periódico Oficial, en el que se podrán publicar convocatorias y acuerdos sobre los notarios, pero que simple y sencillamente no circula y no se suben oportunamente a la página oficial.

Pero eso ya es historia, la cosa es que, hasta la pasada elección de la presidente del Colegio de Notarios, Isania Lisbeth Solórzano, la esposa del diputado local con licencia y diputado federal electo Ernesto Núñez, a quien le organizaron toda una campaña política para favorecerla.

Los 76 fedatarios que votaron por ella se olvidaron de que fue favorecida  por el exgobernador Fausto Vallejo violentando la ley porque no cumplía con el requisito de la edad ya que la ley establecía en ese tiempo que los aspirantes debían tener 30 años de edad, aunque desde 2018 se modificó la norma y ahora los aspirantes pueden ser notarios desde los 28 años de edad.

Antes, el gremio era menos político y más académico, menos propagandístico y más discreto; antes los abogados que eran beneficiados con el fiat notarial llegaban al Colegio y permanecían calladitos porque éste siempre ha estado dominado por alguna camarilla que ha hecho de las notarías empresas familiares en las que se heredan a esposas, hijos o hermanos y, por acuerdos cupulares con los gobiernos en turno, hasta consiguen nuevos números.

Los ejemplos sobran, cuando Leonardo Pedraza  fue presidente del Colegio su hermano se hizo notario, cuando lo fue Francisco Corona su hijos se hizo notario, Elio Núñez, el suegro de la actual presidente, la heredó a su hija, Salvador Castillo a su hijo, Juan N. Cano Tovar también la heredó a su hijo, Leonel Godoy a su esposa, la propia Isania Lisbeth heredó la notaría de su padre, la lista es interminable.

El fondo de la discordia

Con tales distracciones los fedatarios ni tiempo más que para la capacitación y eso porque es por ley estar certificados y, al menos dos veces al año, deben asistir a cursos por los que deben pagar seis mil pesos, por la membresía otros tres mil, por el curso para los aspirantes 50 mil, tanto para los aspirantes a titulares como para los adscritos.

Todos esos ingresos van a un fondo que ya es millonario y que, con la politización del Colegio, ha entrado en disputa porque el actual consejo directivo ya se quiere gastar seis millones de pesos en la compra de un terreno que está en la salida a Pátzcuaro para una nueva Casa del Notario.

Se convocó a una asamblea para explicar a los notarios que se trata de un terreno de tres mil metros, suficiente para construir oficinas, auditorio, estacionamiento, todo lo que se requiere, pero la mayoría de los fedatarios no está de acuerdo porque consideran que no es necesario, sobre todo porque la capacitación ya no es presencial sino a través de plataformas y la casa que tienen es suficiente.

Algunos suspicaces insinuaron que si llevan moche ya que si se tratara de una decisión colegiada hubieran partido de la necesidad de un nuevo inmueble y entre todos buscarlo y plantear opciones para poder elegir el más conveniente, por lo que acabaron reventando la asamblea sin que se votara el asunto.

Además hay inconformidad con los integrantes del Consejo porque la información no fluye y es por fuentes ajenas que se enteran de que lo integrantes del consejo se reunieron con el Gobernador y otros personajes que ni fedatarios son y para tranquilizarlos se comenzó a publicar la agenda en la página del Colegio, aunque no contiene toda la información que les interesa.

La pérdida de la fe

Es por eso que el tiempo no alcanza para lo sustantivo de la actividad notarial como ponerse de acuerdo para establecer un arancel  ya que hasta la fecha cada quien cobra lo que quiere o puede y aunque, a veces se consultan entre ellos, los criterios son dispares porque mientras uno cobra mil pesos, otro cobra 300 pesos por el mismo servicio.

No hay quien proponga una reforma para frenar el condicionamiento de escrituración de la compra de terrenos o casas en las zonas de Altozano o Tres Marías, a tres o cuatro notarios de la capital michoacana, tal como lo hace el Infonavit, aunque ahí los notarios pueden inscribirse en el padrón, si logran sortear la burocracia, para tener acceso a esos negocios.

Menos van a exigir al Gobierno que en el Mes del Testamento también deje de cobrar los derechos e impuestos a los usuarios porque a fin de cuentas no es gratis, sino que su costo baja porque los notarios no cobran por su trabajo, pero los ingresos permanecen intactos.

Vamos a ver qué cara ponen ahora con la propuesta de la virtual presidente electa Claudia Sheimbaum, quien plantea habilitar abogados con funciones notariales gratuitas en instituciones como el Registro Civil, el Registro Agrario o el Registro Público de la Propiedad.

La propuesta es considerada inviable porque no es que simplemente se habiliten abogados como fedatarios sino la estructura material y humana que se requiere para realizar la función notarial de manera gratuita, a cambio de trastocar una institución que todavía tiene credibilidad pública porque da certeza a los usuarios al institucionalizar cualquier documento y es precisamente lo que se pondría en riesgo.