Catilinaria

¿A dónde quieren llevar al TJAM?

En mal momento se lleva el proceso para que el Congreso del Estado ratifique o no a Jesús Sierra Arias como magistrado de la primera sala administrativa ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM), en pleno proceso electoral y, será hasta después del dos de junio cuando se resuelva y, con ello, el futuro del tribunal.

Para entonces ya se sabrá si Morena y sus aliados ganan todo y harán lo que se les ocurra, si no ganan todo tendrán que haber acuerdos políticos y, si no ganan la mayoría de los espacios de representación popular habrá que esperar a que se instale la próxima legislatura michoacana para saber cómo se van a tomar las decisiones de la vida pública.

Por lo pronto ya son tres las designaciones de magistrados que están entrampadas en juicios de amparo, porque los actuales diputados no podrán designar a un nuevo magistrado en la primera sala administrativa, en la que está al frente, hasta el 12 de julio, Sierra Arias, tal como sucedió en la quinta sala especializada en materia de anticorrupción y responsabilidades, en la que estaba Sergio Mecino Morales o la tercera sala administrativa cuya titular era Griselda Lagunas Vázquez.

Vuelta a la Constitución

El cinco de julio de 2023, con 21 votos a favor de los diputados de Morena y sus aliados, el Congreso del Estado aprobó reformas al Código de Justicia Administrativa para que los magistrados del TJAM cesen al concluir un periodo de cinco años, anulando el derecho constitucional que tienen a ser evaluados y reelegidos hasta por dos periodos adicionales.

La privación de este derecho se disfrazó permitiendo a los magistrados participar en el concurso al que se convoque para elección y designación de la magistratura vacante, la cual se debe emitir 90 días previos a que un magistrado concluya un periodo de cinco años, la cual no se lanzó.

Esa vuelta que le dieron a la Constitución los legisladores fue impugnada desde entonces por Sierra Arias quien inició el juicio amparo 1100/2023 y el juez noveno de distrito, Luis Fernando Arreola Villa, le concedió la suspensión definitiva para que su ratificación o no, sea producto de la evaluación de su desempeño ético y profesional, con base en las pruebas que se presenten ya que si no se hace tal evaluación entonces se estaría cometiendo un acto arbitrario.

El pasado tres de mayo, el mismo juez resolvió sobreseer el juicio, por considerar que “se trata de actos futuros e inciertos, ya que todavía no se sabe si será ratificado o no en el puesto que detenta como magistrado, por lo que no se ubica en la hipótesis de la norma, tanto la derogada como la vigente, relativa a que éste por concluir el periodo del cargo -noventa días anteriores-, de modo que su aplicación no es inminente, sino condicionada a que llegue el momento referido”, sentencia que será revisada por el tribunal colegiado que será el que resuelva en definitiva.

Además, ese momento ya llegó, el 10 de abril, a través de un comunicado, el TJAM informó del comunicado que enviaría su presidente Hugo Gama Coria a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, sobre la conclusión del periodo de cinco años de Sierra Arias, así como la información sobre su desempeño ético y profesional al frente de la Primera Sala del TJAM.

El expediente

Al inicio de sus funciones, el 13 de julio de 2019, esa sala tenía en trámite 336 asuntos, de los cuales contaban con sentencia 69, por lo que le tocó a Sierra Arias culminar 267 y, los nuevos expedientes acumulados al 22 de marzo de este año fueron mil 447, resolviendo en total mil 602 asuntos.

Sobre los amparos directos promovidos en contra de las determinaciones de la sala, se han resuelto 190, de los que solo 20 fueron lisos y llanos, lo que significa que la efectividad de las sentencias es del 98.7 por ciento, mientras que en el caso de los amparos indirectos se dictaron 103 sentencias y solo dos fueron lisos y llanos por lo que la efectividad es del 99.9 por ciento.

En las visitas de inspección por parte de la Visitaduría Jurisdiccional, de acuerdo con las actas levantadas desde su creación a propuesta de Sierra Arias, en las que consta que no se presentaron inconformidades por parte de litigantes o las partes de los recursos tramitados en la primera sala.

En el ejercicio de la presidencia del TJAM encontró que en la Secretaría General de Acuerdos 154 expedientes en trámite de ejecución, de los que 58 fueron ejecutados en 2021, representando la cantidad de 32 millones 197 mil 807 pesos.

De los 96 sentencias que quedaron pendientes, en el 2022 se finalizaron 62 ejecuciones, logrando con ello el pago de 60 millones 659 mil 911 pesos y cerró con solo 34 expedientes pendientes de ejecutar. En total se ejecutaron 120 sentencias dictadas en años anteriores, con lo cual se avanzó sustancialmente en ese rezago.

Además de la creación de la Visitaduría Jurisdiccional propuso y fue aprobado por el pleno la integración de Cuadernos de Expedientes de Ejecución en el pleno para un mejor manejo de los mismos; los Lineamientos del Comité de Transparencia, el Manual de Organización de Archivos, los Lineamientos del Área de Estadística, los Lineamientos Generales para la integración y Funcionamiento del Comité de Ética e Integridad, el Reglamento del Servicio Civil de Carrera y el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones y Servicios Generales.

Acredita también que de la búsqueda realizada por la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Atención Inmediata, en los sistemas de antecedentes penales y archivos digitales, no se encontró registro alguno por lo que le fue expedida la Carta de No Antecedentes Penales 217791/M.

Tampoco se encontró registro de denuncia o procedimiento de responsabilidad administrativa en  contra de su actuación como servidor público ni como persona en la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de Michoacán ni en la Contraloría Interna del propio TJAM.

Sierra Arias, además de ser licenciado en Derecho, realizó estudios de maestría y actualmente cursa el último semestre del Doctorado en Derecho en la Universidad Latina de América, es docente en esa institución impartiendo la cátedra de Derecho Procesal Administrativo y forma parte del profesorado del Instituto de la Judicatura del Consejo del Poder Judicial.

¿Y por qué no lo quieren?

Toda la información es certificada y pública, pero los diputados no tienen tiempo para revisar el expediente porque para la mayoría de ellos lo único que importa es la reelección, pero prácticamente está descalificado por ser amigo de la diputada Adriana Hernández, quien a su vez es comadre del exgobernador Silvano Aureoles, el enemigo público número uno de la administración bedollista.

Y, por supuesto, tiene un pasado, es identificado con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, aunque hace años que dejó de ser un actor político, es visto como una persona no alineada que tiene interlocución con muchas figuras políticas, pero a la que no se le puede llamar para darle instrucciones, sobre todo cuando se quiere un TJAM alineado, con personas dóciles, sin capacidad de pensar por sí mismas y sin relación con los demás y es por eso que el futuro del TJAM está en riesgo.