Café para todos/Alberto Carbot
El cese de Santiago Nieto Castillo como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por parte de Alberto Elías Beltrán -encargado del despacho del Procurador General de la República-, ha generado una crisis política artificiosa, que sin embargo ha puesto en el ojo del huracán a una de las instituciones claves para sancionar la trasparencia y equidad en la elección federal del año próximo.
No obstante, la discusión político-mediática generada, no debiese fincarse exclusivamente en las facultades legales que la Procuraduría General de la República (PGR) evidentemente posee para determinar el cese de uno de sus funcionarios, sino en las repercusiones directas y el esclarecimiento de las causas de fondo que llevaron a esta dependencia a tomar la polémica determinación el pasado 20 de octubre.
Hay quienes aseguran que la salida del exfiscal Nieto Castillo fue el método para torcer la ley y encubrir al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, por supuestos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, durante la elección presidencial de 2012.
Pero gracias a los graves errores del hoy exfuncionario de la PGR –ávido de los reflectores y quien ilegalmente dio conocer públicamente al periódico “Reforma” los detalles de una investigación que por ley debiera haberse mantenido en secrecía-, los defensores de Lozoya Austin podrían echar abajo jurídicamente los señalamientos contra su cliente. El despacho encabezado por Javier Coello Trejo debe estar de plácemes, porque el desliz mediático de Nieto Castillo será para ellos como un paseo dominical.
Según revelaciones al diario “Reforma”, Nieto Castillo dijo que el exdirector de Pemex le había enviado una carta para presionarlo de que lo exonerara públicamente de los presuntos sobornos de 10 millones de dólares que Odebrecht le había dado y de otros 1.5 millones, mientras fungía como coordinador del área internacional de la campaña de Peña Nieto.
Sin embargo, los abogados de Lozoya Austin hicieron público el documento de 6 páginas remitido a la Fepade el pasado 16 de agosto, mediante el cual únicamente solicitaba se le citara a comparecer y no refiere ninguna exigencia para que se le declarase inocente.
“Con la finalidad de aclarar ante la ciudadanía, ante la opinión pública y ante las autoridades correspondientes el legal actuar del suscrito en el cargo que en su momento desempeñé como director de Pemex y para evitar que se genere una persecución política en mi contra, es que ante usted de manera respetuosa y en ejercicio de mis garantías, vengo a solicitar se me haga de conocimiento de manera personal o a través de mis abogados, si existe en mi contra alguna imputación y el contenido de la misma”, puntualizó la carta de Lozoya Austin.
Pero “gracias” al yerro del boquiflojo y desleal de Nieto Castillo –que hoy cínicamente demanda su restitución y asegura que es “un hombre de leyes que cree en el Estado Constitucional de Derecho” y que acudirá al Senado para intentar recuperar su cargo-, la averiguación contra el exdirectivo de Pemex, prácticamente está condenada al fracaso.
De hecho, Javier Coello Zuarth, uno de sus abogados, sostuvo que el exfiscal violó principios rectores del sistema penal, como la presunción de inocencia y derecho a la intimidad y privacidad e infringió disposiciones legales, desacató una orden judicial y violó los derechos humanos de su cliente.
“De conformidad con la norma, siendo muy apegados al Código Nacional de Procedimientos que rige el actuar del extitular de la unidad (Fepade), es clara la forma en cómo él violó disposiciones, y en nuestro punto de vista jurídico, tendría que ser sancionado”, explica el defensor.
Empero, esa absurda y desconcertante mezcla política de izquierda y derecha “progre”, y la tropilla de legisladores que se han mostrado escandalizados –y quién lo diría, rabiosamente exigen la vigencia del Estado de Derecho y que la PGR dé marcha atrás en su decisión de destituir al funcionario electoral-, han aprovechado hoy esta coyuntura, para abonar el terreno electoral a su favor, con vistas a las elecciones presidenciales del próximo año.
“Este es otro ejemplo de por qué tenemos que luchar por una #FiscalíaQueSirva, para sacar al PRI de Los Pinos y cambiar el régimen político” aseguró Alejandra Barrales, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien se sumó a la declaración panista que consideró “muy delicado” el tema de la destitución.
“Creemos que pinta de cuerpo entero el uso faccioso que se le da al sistema de justicia por parte del PRI-Gobierno”, puntualizó el Partido Acción Nacional (PAN).
El presidente del CEN del PAN Ricardo Anaya, aseguró que la remoción de Nieto Castillo resulta “contraria al interés nacional de contar con una procuración de justicia imparcial y objetiva. Es inaceptable que esta destitución se produzca en medio de la profunda investigación sobre los presuntos sobornos de Odebrecht al extitular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, durante la campaña presidencial de 2012. Además, esta decisión de la Procuraduría General de la República enrarece el ambiente de cara a la elección presidencial del próximo año, ya que da la impresión de que se pretende tener un titular de la Fepade a modo”, dijo.
En similares términos se refirió Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena y virtual candidato a la presidencia, quien llamó a los legisladores de su partido a rechazar “por arbitraria” la destitución del exfiscal de la Fepade, porque “por encima de ese llamado Código de Ética de la Procuraduría, está la libertad, el actuar con honestidad, la transparencia y el derecho a la libre manifestación de las ideas”.
También el Consejo Coordinador Empresarial se pronunció sobre la destitución y a bote pronto la consideró como “un atentado contra la democracia”
El PRI por su parte, hizo un llamado a sus legisladores a cerrar filas ante la intentona de la oposición por revertir el cese de Nieto Castillo, y con el apoyo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) estableció un formato para dictaminar la procedencia de su destitución. En represalia, los congresistas del PAN, PRD y PT impidieron el desarrollo de la sesión del Senado en la que se discutía la Ley de Ingresos.
“Si no se resuelve el caso de Santiago Nieto Castillo, no habrá Ley de Ingresos 2018”, amenazó Mario Delgado, senador del Partido del Trabajo.
NO PERMITIREMOS QUE SE VIOLENTE EL DEBIDO PROCESO, ASEGURÓ ALBERTO ELÍAS BELTRÁN
En reciente entrevista radiofónica, el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, fue enfático al afirmar que el cese del hoy exfiscal de Fepade se produjo “como resultado de violaciones a la secrecía de las investigaciones en curso” ya que el funcionario había violentado la estricta reserva de los actos de investigación establecida en nuestra Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
“No toleraremos que por errores o supuestos errores se beneficie o se deje en libertad a probables responsables”, dijo Elías Beltrán, quien descartó que la salida del Nieto Castillo ponga en riesgo el trabajo de la fiscalía, que sigue laborando aún sin titular y podrá determinar, con plena autonomía, los asuntos que tiene a su cargo.
Aunque recientemente se ha ventilado en los medios informativos que cuando Santiago Nieto Castillo compitió en marzo de 2014 como candidato a consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) omitió en su currículum haber servido como asesor de los senadores del PRD, este mismo esquema se repitió un año después, en febrero de 2015, cuando fue designado por el Senado como primer titular de la Fepade.
El 5 de diciembre de 2015, una investigación del periódico “El Universal” reveló que “en el proceso para designarlo fiscal electoral, Santiago Nieto omitió en el currículum que entregó al Senado de la República que estaba contratado por el partido del sol azteca para realizar asesorías, análisis e investigación, trabajo por el que recibía un salario de 60 mil pesos mensuales y tenía 3 contratos firmados para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y junio de 2015, es decir, 18 meses en los que percibiría más de un millón de pesos.
“Aun cuando el contrato estaba vigente, Nieto Castillo no informó a la Cámara de Diputados que lo había signado, toda vez que el 4 de marzo de 2014 se registró y entregó su documentación a la Cámara Baja como uno de los 307 aspirantes para ocupar un puesto en el Consejo General del INE. En esa fecha ya tenía 2 meses laborando para el grupo parlamentario del PRD en la Cámara Alta”, indicó el reporte del diario.
“La hoja de vida del ahora fiscal indica que sus empleos anteriores en la administración pública federal fueron: secretario particular en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); en 1996, asesor del extinto Instituto Federal Electoral (IFE); en el periodo 1997-2000, jefe de unidad en el Tribunal Electoral; de 2007 a 2008, magistrado en el Tribunal Electoral en el periodo 2008-2013, e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2014.
“En el apartado de su labor en la administración pública local detalló que durante el periodo 2000-2003 se desempeñó como coordinador de asesores de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (CMHALDF). Además, los apartados de trayectoria política y asociaciones a las que pertenece, así como cargos de elección popular y cargos legislativos, quedaron vacíos”, expuso “El Universal”.
De acuerdo con declaraciones del encargado de la PGR, el funcionario cesado habría cometido delitos contra la administración de la justicia al violar la reserva de datos de una investigación, De resultar culpable, se haría acreedor a una condena de entre 4 y 10 años de prisión, como lo estipula el artículo 225 del Código Penal Federal y el 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Para intentar de que sea restituido en el cargo, la defensa del extitular de la Fepade envió al Senado de la República un documento en el que solicita al panista Ernesto Cordero, presidente de éste órgano legislativo, iniciar los trámites para conocer los detalles de su destitución y que esa instancia, “se exprese en votación abierta si la misma es de objetarse dentro del plazo constitucional establecido”.
Por lo pronto, con el apoyo del PRI y del PVEM -que impusieron la modalidad de voto secreto-, hoy miércoles el salón de plenos del Senado habrá de convertirse en una verdadera arena de lucha, donde si la lógica y el sentido común se imponen a la intransigencia y a la barbarie política, el cese será ratificado.
Aún si pierde, Nieto Castillo no deberá pensar que todo le ha salido mal. Seguramente podría colgarse una medalla en forma de “exvoto” religioso, con el lema “gracias por los favores recibidos”, suscrito con las iniciales ELA.
GRANOS DE CAFÉ
En Chiapas el proceso de reconstrucción de centros escolares afectados por los sismos de septiembre es una tarea de máxima prioridad y lo más importante es la atención a padres de familia, maestros y alumnos, aseguró Eduardo Zenteno Núñez, director del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (INIFECH).
El funcionario -quien realiza permanentes recorridos por las zonas de la entidad afectadas por los movimientos telúricos-, anunció que la economía del Soconusco será reactivada y las obras de reconstrucción encargadas a empresas locales.
Entrevistado durante una reunión conjunta de trabajo en Tapachula, Chiapas, a la que asistió el gobernador Manuel Velasco Coello, dijo que el jefe del Ejecutivo estatal les ha encomendado presentar resultados inmediatos. “Para el gobernador es muy significativa la reanudación de clases y que atendamos de manera inmediata las escuelas dañadas, porque lo más importante es que nuestros niños y jóvenes estén en condiciones seguras para retornar a las aulas”, indicó Zenteno Núñez.
Reconoció el apoyo recibido por el Comité Estatal de Padres de Familia, presidido por Verónica León Gutiérrez, y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), a través de José Luis Sandoval Bojórquez, vicepresidente de Instituciones, al igual que la Secretaría de Educación del estado y Protección Civil.
“La atención va a ser pronta y de calidad, y quiero decir que hemos tenido el apoyo invaluable del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, y del director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, Héctor Gutiérrez de la Garza, quienes han puesto su mayor empeño y voluntad para apoyarnos con más recursos”, subrayó el funcionario chiapaneco.
Zenteno Núñez demandó entereza y paciencia a padres de familia, maestros y alumnos “para realizar un verdadero proceso de reconstrucción de escuelas de calidad y más seguras, mediante un proyecto ejecutivo validado por todas las instancias involucradas en la tarea. Ello para que nuestros niños y jóvenes asistan a clases en un ambiente apropiado, y en caso de que se vuelva a presentar un sismo de esta magnitud, estén lo más seguros posible”.
Al referirse al número de escuelas afectadas en la entidad, explicó que se registró un total de 2 mil 842 planteles en los niveles básico, medio superior y superior. En el básico fueron afectadas 2 mil 566; 2 tuvieron daños mayores, mil 901 daños menores y 609 afectaciones parciales.
En el nivel medio superior se produjeron daños en 246 planteles, de ellos 154 presentaron daños menores y 92 daños parciales.
Por lo que concierne a las instituciones de nivel superior, 30 de ellas fueron contabilizadas con daños. Con afectaciones menores se registraron 22, y 8 con daños menores.
Zenteno Núñez aseguró que “lo que más me interesa es atender estas escuelas dañadas, que por décadas fueron olvidadas, no les dieron mantenimiento y por lo mismo son vulnerables de sufrir daños con cualquier sismo. Por eso estamos trabajando de manera coordinada en beneficio de nuestros niños. Eso es lo que más importa ahora, y vamos a seguir de frente, haciendo nuestro trabajo tal y como lo merecen los chiapanecos”…Sus comentarios envíelos al correo [email protected]
