Ayotzinapa: todos contra todos
Tienen mucha razón quienes señalan que las investigaciones del asesinato y desaparición de los 43 estudiantes de la normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, es el nuevo basurero a donde se quiere colocar la historia y la justica de ese grupo de personas.
El último informe del caso, dado a conocer por el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, se convirtió en una auténtica “caja de pandora”.
No solo no generó claridad y certeza sobre lo acontecido con los últimos minutos de vida de los 43 estudiantes -en realidad son 42 ya que se ha confirmado que uno era en realidad un informante integrante del Ejército mexicano-, sino que generó una confrontación de todos contra todos: instituciones, investigadores, Ejército, Marina, ministerios públicos y Procuradurías estatales y federal.
Todos los actores involucrados directa e indirectamente hoy tratan de proteger sus intereses -muchos de ellos ilícitos-; prestigios dañados y una honorabilidad que nunca han tenido.
Desde la perspectiva de esos intereses que protegen a toda costa unos y otros, pareciera que nadie tiene responsabilidad alguna en los sucesos en torno a los normalistas de Ayotzinapa, antes, durante y después de su captura y retención ilegal, secuestro, asesinato y desaparición.
Con la publicación del texto íntegro del informe, es decir un documento sin testar, sin tachaduras en su contenido, la periodista Peniley Ramírez, en un ejercicio profesional de periodismo, exhibió la serie de mentiras, intereses y medias verdades o mentiras completas de quienes durante años han estado investigando los incalificables hechos de Iguala.
Sólo a raíz de que se ha conocido con detalle muchos de los aspectos, que, si bien eran parte de las indagatorias judiciales, se habían escondido, tergiversado o manipulado, fue como las personas e instituciones involucradas en esa trama de incertidumbres legales han emprendido una lucha intestina, de todos contra todos, tratando de salvar ese prestigio y honorabilidad del que nunca han gozado plenamente.
En el documento sin testar difundido por Peniley Ramírez, se exhibe cómo el entonces funcionario de la Procuraduría General de la República y subordinado de Jesús Murillo Karam, Tomás Cerón, entonces director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), propuso a José Luis Abarca, alcalde de Iguala, que renunciara al cargo y huyera.
Presuntamente ese ofrecimiento era indicación del propio Peña Nieto, quien pretendía acabar con ese asunto lo más pronto posible.
Esa era la justicia que proponía Peña Nieto, según consta en el documento integro. A través de Tomás Cerón Peña le mandaba decir a uno de los inculpados directos en la masacre y desaparición de estudiantes: huye, que no te importe nada.
Otro dato que se revela en ese documento inédito es la vinculación entre líderes criminales locales y elementos de las Fuerzas Armadas destacamentadas en Iguala, Guerrero. Diversos mensajes interceptados por agencias de investigación de Estados Unidos revelan una connivencia clara entre los asesinos y militares para ocultar pruebas y borrar todo vestigio de responsabilidad de unos y otros en el asesinato colectivo.
Se sabe, como aportación adicional, que seis estudiantes capturados la infame noche de Iguala permanecieron vivos al menos cuatro días después de la masacre y desaparición del resto de los 43, solo que estos permanecían en una bodega, hasta donde habrían llegado posteriormente algunos militares plenamente identificados para hacerse cargo de ellos, es decir desaparecerlos también.
Hay mas datos en ese informe sin testar que da escalofrío leerlos, porque evidencia el país que habitamos y el tipo de funcionarios que nos gobiernan. Corrupción, complicidad, narcotráfico, abuso de poder, negligencia, impunidad, todo ello escurre del informe integro.
Quizá por esta razón, por la podredumbre que descubre, es que ahora hay una guerra intestina de los involucrados, tratando de evitar la cárcel o que se les pueda fincar responsabilidades.
El presidente López Obrador mete las manos al fuego por Las Fuerzas Armadas, como institución, a la que, a priori, exime de toda responsabilidad; mientras el secretario de Gobernación que dice que posiblemente elementos del Ejército tienen responsabilidad en la masacre de los 43, pero se trata de “manzanas podridas”, no de una institución.
Alejandro Encinas que quiso hablar con la verdad pero hoy se le persigue, incluso desde el mismo gobierno de la 4T y desde la cúspide del poder militar por señalar al Ejército entre los responsables; y un Fiscal del caso, Omar Gómez Trejo, que tuvo que renunciar al cargo cuando formalmente fue hecho a un lado al dejar sin efecto las denuncias en contra de 80 presuntos implicados que, desde la perspectiva del Fiscal General de la República, Alejandro Hertz Manero, no eran procedentes y determinó ¿unilateralmente? Desistirse de las denuncias, sin tomar cuenta al Fiscal Especial ni a los familiares de los desaparecidos.
Que esconden todas esas acciones: intentos de encubrimiento de mandos militares en los hechos: desistimiento de indagatorias contra presuntos responsables; descalificaciones de acusadores en contra de denunciantes y subsecretarios y fiscales que tienen que pelar el caso desde dentro del mismo sistema.
Solo el tiempo lo dirá, pero ninguno de los 43 asesinados y desaparecidos en Iguala Guerrero, la infame noche de iguala, merece que su historia y la justicia que reclaman sus deudos sean tirados en un basurero de impunidad y corrupción generada desde el mismo gobierno e instituciones.
