Ayotzinapa, herida abierta
“Espero que antes de mi último informe podamos, para satisfacción
de las madres, padres y familiares y del pueblo de México,
cumplir el compromiso de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa y
saber con mayor precisión lo sucedido; es decir,
la irrefutable y auténtica verdad de los hechos.”
AMLO.
Aquella noche de Iguala del 26 al 27 de septiembre de 2014 se agrega a la cadena histórica de las más infames represiones del PRI Gobierno contra el Pueblo de México. Las masacres de Tlatelolco en 1968 y del 10 de junio en San Cosme, las de Aguas Blancas, Acteal, El Charco y anteriormente, las de Iguala contra la ACNR de Genáro Vázquez y Atoyac contra Lucio Cabañas entre otras; todas ellas impunes crímenes de Estado en los que los principales responsables nunca fueron tocados por la justicia. El caso más grave fue el de Díaz Ordaz, entonces Presidente de la República, autor confeso de la masacre de Tlatelolco quien asumió ante el Congreso de la Unión toda la responsabilidad siendo aplaudido por el pleno ante ese desplante.
La causa común de esas agresiones fueron las luchas del pueblo contra las injusticias y la opresión del sistema y del poder oligárquico y su repetición fue favorecida siempre por la impunidad.
Algo nuevo distingue el extremo caso de Ayotzinapa y es la respuesta distinta que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ofreció y aplicó desde que tomó posesión del mando del Poder Ejecutivo. Se pueden destacar los elementos que lo distinguen de los gobiernos de la derecha:
En primer lugar, asumió que los hechos de Iguala del 26 de septiembre de 2014 fueron un crimen de Estado, haciéndose cargo como nuevo Gobierno de responder por él ante las familias afectadas y ante el Pueblo de México.
En segundo lugar, se crearon instancias para la atención especial de este caso, tanto en la Presidencia de la República como en la Secretaría de Gobernación y en la Fiscalía General de la República con la responsabilidad de reconstruir con fidelidad los hechos, demostrar la falacia de la llamada “verdad histórica”, proceder a la detención y procesamiento de los presuntos inculpados y centralmente, encontrar a los 43 alumnos desaparecidos.
En tercer lugar, se planteó y cumplió el compromiso -sin precedentes en el país- de mantener informadas a las familias afectadas y a la nación sobre el avance detallado de las indagatorias y procedimientos y si bien algunos individuos e instancias asesoras de los familiares fueron cuestionados por el Gobierno, hasta la fecha ha continuado el diálogo entre las partes.
El Gobierno de México dio a conocer en dos publicaciones de amplia difusión y de contenido exhaustivo, los avances de la investigación realizada a la luz pública; el primero en agosto de 2022 y el segundo en septiembre de 2023. Eso le permitió al Gobierno de AMLO despejar cualquier duda sobre el compromiso que asumió desde el principio de su mandato de poner todos los recursos y esfuerzos posibles para resolver este gravísimo caso.
En cuarto lugar, ante el presunto involucramiento de algunos mandos militares con el crimen organizado en el trasiego de drogas y en la desaparición de los estudiantes al ser omisos o actores ante los hechos de los que tomaron conocimiento, fueron detenidos y procesados 20 militares incluyendo a generales y diversos oficiales y elementos involucrados. Esto provocó entre otras reacciones de sectores de las fuerzas armadas demandas y hostigamiento sobre Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación comisionado por el Presidente López Obrador para encabezar las tareas de investigación, seguimiento y acompañamiento a madres y padres de familia.
Alejandro Encinas, con la autoridad moral y honestidad que le caracteriza jugó un papel determinante en ese proceso durante los casi seis años de la administración del Presidente López Obrador, espacio que dejó para sumarse a la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum y posteriormente de Clara Brugada en la Ciudad de México,
En quinto lugar, ante los grandes obstáculos levantados por actores involucrados en los crímenes de Ayotzinapa incluso dentro de la propia Fiscalía y el pacto de silencio que han impedido el principal objetivo del Gobierno de localizar físicamente a los estudiantes desaparecidos, el propio Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México en funciones como la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Electa, se han comprometido a continuar sin pausa y con el mayor compromiso, las indagatorias hasta lograr el objetivo señalado.
En sexto lugar, el día de ayer, 19 de julio de 2024 AMLO declaró lo siguiente: Espero que antes de mi último informe podamos, para satisfacción de las madres, padres y familiares y del pueblo de México, cumplir el compromiso de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa y saber con mayor precisión lo sucedido; es decir, la irrefutable y auténtica verdad de los hechos. Este planteamiento es serio y genera la seguridad que el Estado Mexicano, representado por ambos mandatarios efectivamente asume el compromiso de continuar con la tarea principal de encontrar a los muchachos.
Por primera vez el Estado Mexicano ha sido puesto legal y públicamente en el banquillo de los acusados. Los gobiernos criminales ya saben que llegará el momento en que el Pueblo de México no tolerará más impunidad sin importar quienes sean los autores de esos actos salvajes.
La herida de Ayotzinapa no se ha cerrado, el camino de la justicia tampoco.
