Amnistía para ecocidas

El pasado 29 de agosto fue publicado el decreto para la “certificación de las buenas prácticas ambientales”. Con este decreto el gobierno de Michoacán busca que se diferencien los productores de aguacate que deforestan y causan daño ambiental de los que son responsables con el medio ambiente.

En los considerandos se reconoce en general lo que todos los michoacanos sabemos, que la expansión aguacatera se ha hecho a costa de los bosques y las aguas de la entidad.

La idea de decretar la certificación ambiental del aguacate fue pensada como un medio para frenar la deforestación, los usos abusivos del agua y la recuperación de bosques y ecosistemas. El creciente cambio de uso de suelo, que año con año se ha venido incrementado sin que la autoridad haya tenido la capacidad para contener este ilícito, ha dejado a los bosques y a sus ecosistemas en condiciones de precariedad.

El daño que se ha ocasionado en los últimos 30 años es abrumador. En ese tiempo hemos perdido más de la mitad de nuestros bosques y los acuíferos han sufrido un deterioro constatable reflejado en el sufrimiento que la crisis hídrica de este año ocasionó a la mayoría del territorio estatal.

Con la misma velocidad que se han ido nuestros bosques y aguas se ha ido el derecho de todos a un medio ambiente sano. El artículo 4° constitucional ha sido pisoteado e ignorado de manera escandalosa. Las políticas tanto federales, estatales como municipales han sido microscópicas, omisas y han servido de autopista para que corra el cambio de uso de suelo.

Con el decreto del 29 de agosto esperábamos un instrumento firme, con dientes, manos y pies, congruente con el artículo 4° y las leyes en materia ambiental, con el vigor suficiente para detener la pérdida de bosques y para recuperar los que fueron devastados. Es decir, esperábamos un decreto consistente con los principios de justicia ambiental.

Lamentamos que el decreto sea de mantequilla, débil en sus alcances, edulcorante para la mayoría de quienes han cometido ecocidio y carente por completo de dientes. De entrada, el decreto no es obligatorio y está pensado no para recuperar bosques y frenar el cambio de uso de suelo sino para legalizar delitos ambientales y otorgarles un instrumento jurídico para que puedan continuar exportando, o sea, les obsequian la amnistía.

Se indica en los considerandos que “tras un largo análisis jurídico, se determinó que, para efectos de esta certificación debería tomarse como año base el 2018, para la deforestación”. Por este decreto, entonces, los delitos ambientales de cambio de uso de suelo y deforestación ocurridos hasta antes del 2018 quedan perdonados. A los cientos de miles de hectáreas deforestadas en los últimos 25 años antes de esa fecha, sin importar que haya denuncias en proceso, sin importar los desequilibrios ambientales en los ecosistemas locales y en los mantos freáticos, se les dice adiós, para nunca jamás, y a eso se le llamará ahora práctica responsable y sostenible.

Sólo se excluyen aquellos predios con delitos ambientales ocasionados en los últimos 6 años que no representan siquiera el 10% del total del territorio afectado por las prácticas no sostenibles. El decreto se hace entonces cómplice del ecocidio que ha venido ocurriendo durante más de 30 años.

A partir de este decreto la narrativa gubernamental modificará la categoría y números de los indicadores empleados para reconocer la magnitud de nuestra crisis ambiental. Casi el 90 % del cambio de uso de suelo y deforestación cambiarán su estatus y pasan de ser ilegales a legales de insostenibles a sostenibles. La ley ha terminado por proteger a los causantes de la crisis ambiental. ¡Ver y leer el decreto para creer!

El decreto contiene, sin embargo, contradicciones jurídicas evidentes. Por ejemplo, contraviene la Ley Federal de responsabilidad ambiental que en su Capítulo Tercero: Procedimiento Judicial de Responsabilidad Ambiental, en la Sección 1, De la acción para demandar la responsabilidad ambiental en su artículo 29 establece que “La acción a la que hace referencia el presente Título prescribe en 12 años, contados a partir del día en que se produzca el daño al ambiente y sus efectos”.

Después de todo, incluso los predios con delito ambiental ocasionado después del 1 de enero del 2018, hoy flamantes huertas aguacateras, no están forzadas a la certificación porque el decreto no es obligatorio, lo que hace es proponer un programa de certificación voluntaria por la cual deben pagar.

La única coerción que contempla el decreto es simbólica y se sustenta en el temor al cierre de fronteras para el aguacate porque el T-mec excluye la comercialización de productos con huella ecocida.

Si la intención era tener compatibilidad con el T-mec para garantizar la comercialización de este producto el decreto debió reflejar el espíritu de este. El T-mec que firmó el gobierno mexicano es claro: “Artículo 24.15: Comercio y Biodiversidad 1. Las Partes reconocen la importancia de la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, así como los servicios ecosistémicos que proporciona, y su papel clave en el logro del desarrollo sostenible. 2. Por consiguiente, cada Parte promoverá y fomentará la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, de conformidad con su ordenamiento jurídico o política”. El acuerdo no dice, por ningún lado, que el año base para aplicar esta visión sea el 1 de enero del 2018.

Ante la revisión inminente del T-mec y el origen ambiental del aguacate michoacano sólo falta, para completar el cuadro, que el gobierno canadiense y estadounidense acepten la amnistía mexicana y el criterio de ajustar la temporalidad ecocida a esa fecha sin importar el impacto negativo que ya ha tenido en nuestra naturaleza y en nuestras vidas, el cual por cierto no comenzó a tener efectos de insostenibilidad ambiental luego de esa fecha.

El decreto celebra y valida la conducta ecocida de quienes destruyeron bosques durante décadas a cambio de nada porque en él no se privilegia su recuperación, el equilibrio ecológico o el derecho humano de los michoacanos a un medio ambiente sano. El decreto es un obsequio, una amnistía para la delincuencia ambiental. Lamentable que el decreto sea una acción regresiva y no progresiva como esperábamos.