Agua y paz social

Cuando en el mes de abril de este año nos trasladamos hacia el sur de Madero, más allá de la tenencia de Acatén, invitados por pobladores de el Gatal y el Cerro Blanco, para mediar por un acuerdo para el acceso al agua, me di cuenta con claridad de la fragilidad de la estabilidad social ocasionada por su falta.

En este lugar, como en muchos otros de este municipio, el testimonio de los pobladores es elocuente: el agua nos comenzó a faltar cuando allá arriba pusieron huertas y tuvieron que desviar los escurrimientos para llenar las hoyas con que las riegan.

La disminución o carencia definitiva del agua en este tipo de poblaciones ha tenido y seguirá teniendo afectaciones a los modos tradicionales de las economías locales. Ninguna economía rural puede prosperar sin agua: maizales, ganadería, pastizales, apicultura, acuacultura, maderas. Esta condición ha reducido los ingresos de las familias y achicado también las posibilidades alimentarias, las condiciones de higiene y la salud.

La distribución del agua que se hace de facto en este municipio tiene las mismas características que la que se realiza en todos los pueblos de la franja aguacatera, es inequitativa y configura un modelo concentrador, privatizador, ilegal y empobrecedor de los pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros y sus familias.

Este modelo injusto y también antinatural en la distribución se ha ido normalizando a lo largo de las últimas tres décadas aprovechando la ausencia de las instituciones que norman el cuidado y administración del agua. La corrupción y el poder económico de empresas que pueden pagar a políticos para la defensa de sus intereses han logrado un sistema de impunidad que sigue despojando del agua a los que menos tienen; es un modelo que está por entero rebasado y es y seguirá siendo causa de confrontaciones sociales.

Es urgente que ese modelo sea revisado en Michoacán pues las contradicciones que genera afirman la ruta de las revueltas sociales. No puede ser que la mayor parte del agua en la franja aguacatera y en las zonas de cultivos de frutillas sea privada y se disponga de ella contraviniendo lo que indica el artículo 4° constitucional.

Así como en el Cerro Blanco y el Gatal se pudo llegar a un acuerdo de buena voluntad, y también se logró en la Pitaya, en la Joya de Cancho, y como se propuso el 27 de abril para todos los huerteros y frutilleros de permitir que el 80% de los caudales siguieran su cauce y solo tomaran el 20% para sus cultivos (un acuerdo elemental para atender la crisis del momento), el gobierno puede con la fuerza y legitimidad de las instituciones y del derecho construir un gran acuerdo estatal por el agua basándose en el artículo 4° que indica que debe privilegiarse el derecho humano al agua, orientarse en el nuevo Plan Nacional Hídrico y en apego a los criterios de sustentabilidad.

El acuerdo es imprescindible, en primer lugar, para atacar la inequidad por el acceso al agua y detener el proceso de empobrecimiento de los pueblos, en segundo lugar, para establecer condiciones para la paz pública, en tercer lugar, para asegurar la viabilidad de los propios sistemas agrícolas productivos.

Lo que debe corregirse, hay que reconocer, es de proporciones descomunales. Los cultivos de aguacate y frutillas participan en el PIB agrícola de Michoacán y del país con un porcentaje elevado, son ya parte importante de la economía estatal, pero esto no puede justificar la privatización de aguas que en contraparte afecta a millones de pobladores. ¿Vale más un aguacate que la vida de un poblado? ¡Este no puede ser el dilema!

Lo que debe hacerse es buscar los mecanismos, ajustados a la planificación, al derecho humano y a la concordia, que den origen a regulaciones más fuertes, a inversiones en infraestructura hídrica pública suficientes, a alternativas productivas más sustentables.

El patrón climático que se prefigura para los meses venideros, agudizado por el incremento de las temperaturas (se estima, en probabilidad del 50 %, que para el 2025 el calentamiento global podría llegar a 1.5°) y lluvias escasas, no es una buena noticia para el esquema predador-privatizador de aguas que por fuera de la ley se ha instituido en el estado.

La retención creciente de aguas en las miles de hoyas de la serranía, el aumento en la concesión de pozos profundos y aguas superficiales para uso agrícola, correspondida por el incremento en este año de los cultivos aguacateros y de frutillas y el avance aún imparable del cambio de uso de suelo y la tala ilegal, profundizarán el comportamiento de la sequía del 2025. Justo, el monitor de sequía de Conagua anuncia la intensificación de este fenómeno para el año entrante.

Reiteramos, el agua no es infinita, seguimos afectando los componentes esenciales del ciclo del agua, y casi nada se hace para prevenir, contener y revertir, así que no podemos esperar el paraíso hídrico para el próximo año, la ideología no genera agua. ¡No es pesimismo, es realismo!