Comentario a Tiempo/Teodoro Rentería Arróyave
Ya los habíamos consignado: la gran mayoría de los homicidios resultantes de la guerra emprendida contra el crimen organizado no merecen ni la apertura de una investigación previa y los cadáveres de la víctimas, son enviados a la fosa común ante la falta de identificación y reclamo de los cuerpos por parte de los deudos ante el temor de correr la misma suerte de sus parientes o amigos. También nos habíamos referido a las miles de desapariciones forzadas o personas secuestradas que se han registrado precisamente desde que en el 2006, el presidente Felipe Calderón Hinojosa decidió emprender su llamada guerra contra el crimen organizado. Al mismo tiempo hemos insistido en la diferencia que existe entre el secuestro y la desaparición forzada: el secuestro busca un interés estrictamente lucrativo, el rescate de la víctima a cambio de un beneficio pecuniario; en cambio la desaparición forzada obedece a un interés político, como ejemplo las 16 desapariciones forzadas de periodistas, 13 de ellos permanecen en la incertidumbre de su paradero, tiene como objetivo el vulnerar las libertades de prensa y expresión. Ahora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, da a conocer en forma apresurada una serie de datos sobre estos dramáticos hechos ante el informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas Sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias y en el que le indica al gobierno mexicano el retiro del Ejército de las tareas de seguridad pública, por considerar que no está entrenado para ello y además ha propiciado el aumento de los casos de desapariciones. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en forma oficial y de acuerdo a sus investigaciones, nos da una serie de cifras que resultan espeluznantes, no obstante que se quedan cortas, en un país que hace apenas 4 años 4 meses se le consideraba ubicado en los márgenes internacionales de seguridad pública. La CNDH refiere en su registro de 2006 a la fecha, 8 mil 898 personas muertas que no han sido identificadas por las autoridades de procuración de justicia ni por los diversos servicios médicos forenses y especifica que la edad de las víctimas mortales oscila entre los 20 y los 60 años y en su gran mayoría eran originarios de Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Durango, estados que como todos sabemos, se han elevados los índices de violencia. Además, la comisión da a conocer otra cifra espeluznante, en el mismo periodo, suman 5 mil 397 expedientes de personas reportadas como extraviadas y/o ausentes, en otras palabras, por falta de información confiable el organismo no cuenta con los datos de otros miles y miles de casos que no son denunciados, también por temor a las represalias. Desde luego, la CNDH, precisa que los visitadores, realizan los mejores de sus esfuerzos con el propósito de reunir toda la información disponible para conocer el paradero de las personas extraviadas y/o ausentes e, incluso, en muchos casos cruzan los datos con los reportes de personas fallecidas no identificadas. De acuerdo con Pablo Álvarez de la organización no gubernamental, “Hijos de México”, los casos de desapariciones forzadas son distintos y no deben mezclarse y, es cierto, “el documento de la CNDH, es ambiguo y no nos deja conocer cuál es la magnitud del fenómeno”. Fenómeno espeluznante que está llevando al país a un desastre de dimensiones imprevisibles. Periodista y escritor. En [email protected] y [email protected] agradeceré sus comentarios y críticas. En vivo, de lunes a viernes a las 20:00 horas, tiempo del centro, en las frecuencias en toda la República de Grupo Radio Fórmula. En la ciudad de México, en el 14 70 de A. M. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.mx, www.clubprimeraplana.com.mx
