Buenas prácticas favorecen la justicia abierta: Reyes Rodríguez
SANTIAGO DE QUERÉTARO, Qro., 4 de diciembre de 2017.- Las buenas prácticas en la labor jurisdiccional son una política o un modelo de actuación tendente a mejorar el acceso a la justicia y sirven para medir la justicia abierta, así como para modificar prácticas y procesos al interior de los tribunales que transparenten los procesos deliberativos, afirmó el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón.
De acuerdo a un comunicado de prensa, al participar en la inauguración del Primer Encuentro de Tribunales Electorales de la Segunda Circunscripción, el magistrado Rodríguez Mondragón mencionó entre las buenas prácticas un formato de alegatos de oídas, en los que las partes de una controversia se reúnen de manera conjunta con los magistrados a fin de explicar los argumentos jurídicos y los aspectos más relevantes de un caso, además de las sesiones públicas, y los esquemas de colaboración con la ciudadanía, a través de la figura de los “amicus curiae”.
“En México, es una práctica dentro el litigio, en todas las instancias, en la Suprema Corte, en la Sala Superior, los tribunales, recibir a las partes para ser escuchas, pero en el caso electoral no están reguladas, y se dan bajo un esquema de obscuridad porque no hay mecanismos ni reglas de cómo se dan estos alegatos”, añadió.
El magistrado Rodríguez Mondragón consideró que los alegatos de oídas pueden fomentar un mayor acercamiento entre el tribunal y las partes y estimó que la mecánica de éstos pueden modificarse y establecerse lineamientos o directrices claras que den certeza a los participantes. Entre las formas de transparentar estos encuentros mencionó hacer reglas con sentido de equidad procesal, darlos a conocer en las agendas públicas, en redes sociales, fotos, asuntos a tratar, y hacerlas colegiadas.
El magistrado de la Sala Superior refirió que en muchas partes del mundo los alegatos están prohibidos porque crean percepciones de parcialidad e incentivos de secrecía. También dijo que las sesiones públicas no son una práctica en todos los países.
Para implementar los principios de la Justicia Abierta es necesario tener voluntad política y liderazgo fuerte al interior de los tribunales, para cambiar la percepción de alejamiento y desconfianza de la sociedad hacia las autoridades judiciales.
La magistrada presidenta de la Sala Regional Monterrey (SRM), Claudia Valle Aguilasocho, inauguró el Primer Encuentro, acompañada por el magistrado Jorge Emilio Sánchez-Cordero Grossman, así como la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Querétaro (TEEQ), Gabriela Nieto Castillo y el magistrado Rodríguez Mondragón.
La Justicia Abierta es una política institucional para comunicar y rendir cuentas, a fin de que se conozcan decisiones, dijo la magistrada Valle Aguilasocho y agregó que la democracia necesita más que nunca tribunales sólidos que le den respuestas adecuada a los litigios que se presenten.
En este sentido, el magistrado Sánchez-Cordero Grossman destacó que el mejoramiento de la democracia tiene que ver con el fortalecimiento de instituciones jurisdiccionales, sobre todo para actuar de manera conjunta ante las elecciones del próximo año, así como establecer principios rectores que deben regir la función. La justicia abierta es un eje rector de nuestra función jurisdiccional.
Las magistradas y magistrados de la Sala Superior, de Salas Regionales del TEPJF y de Tribunales Electorales Locales de la Segunda Circunscripción Plurinominal participaron en este Primer Encuentro de Tribunales Electorales de la Segunda Circunscripción, organizado por la Sala Regional Monterrey, el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro y tribunales locales.
En este Encuentro de tres días, las autoridades electorales de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Querétaro y Zacatecas comparten ideas y experiencias sobre buenas prácticas en Justicia Abierta, paridad de género y comunicación social, a fin de contar un catálogo de buenas prácticas de los tribunales locales.
