Sin independencia judicial, no hay Estado de Derecho
El Poder Judicial, como el resto de los poderes, cuenta con legislación propia, así como con sus propios atributos, entre los que se encuentran la independencia y autonomía de la institución. La primera de ellas consiste en la ausencia de intervenciones de otros poderes; es decir, que los juzgadores no puedan ser sometidos al arbitrio del Poder Legislativo o Ejecutivo bajo ninguna circunstancia. Cito de otra manera, la independencia judicial garantiza que los Juzgadores no se involucren en temas políticos y mucho menos se politice su jurisdicción.
Por su parte, la autonomía judicial consiste en la potestad con la que cuenta cada juez para decidir sobre asuntos de su competencia. Esta figura es tutelada a través del respeto a la investidura, cuando no existen agentes externos que puedan vulnerar la capacidad de decisión del juzgador. Por el contrario, si al momento de resolver el juez se encuentra bajo una situación de amenaza o presión, la resolución que dicte se encontrará sesgada y con ello, el fin que se persigue, pues la decisión será el resultado de la imposición de un poder externo y no de imparcialidad jurídica.
Por lo anterior, la independencia judicial es una de las garantías que debe ser protegida a cabalidad, pues solo a través de ella, la ciudadanía puede tener un verdadero acceso a la justicia. En ese tenor, los legisladores garantizaron esa facultad a través del artículo 116 fracción III de la Constitución Federal, la cual establece que la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las constituciones y las leyes orgánicas de los estados, mismas que establecen las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los poderes judiciales.
Bajo esa tesitura, es importante mencionar que, si bien la independencia judicial se encuentra tutelada por las leyes federales y locales, también es obligación de la sociedad el proteger los citados atributos, pues ante actos de presión no puede existir la omisión y complicidad de la ciudadanía, pues ello no solo coarta el derecho a la justicia, sino que pone en riesgo la estabilidad del poder judicial y el respeto a los derechos humanos.
En conclusión, los poderes ajenos al judicial deben de tomar en cuenta que los jueces no son títeres, ni figuras políticas, sino que son servidores públicos a quienes se les ha encomendado una alta responsabilidad de impartir justicia, la cual debe ejercerse de forma libre, sin presiones, ni intromisiones externas, pues hacer lo contrario trasgrediría lo establecido por la Ley Suprema, y vulneraría gravemente la autonomía e independencia judicial; dando lugar a la existencia de un Poder Judicial donde impere la corrupción, violando de esta manera el contenido de las normas y el Estado de derecho que debe existir en todo gobierno democrático.
