Emilio Ulloa

Con la finalidad de apoyar particularmente a poblaciones vulnerables como mujeres jefas de familia, jóvenes, población indígena y adultos mayores, la Presidenta Sheinbaum ha presentado a la Nación el Programa de Vivienda y Regularización, a través del cual se construirá un millón de viviendas y se entregará un millón de escrituras.

Tener un lugar donde vivir, el derecho a una vivienda digna como establece el artículo cuarto de la Constitución, es el basamento que hace posible que toda persona pueda realmente desarrollar una vida plena en la sociedad.

Es relevante, comprender que no habrá jamás prosperidad compartida mientras las personas no puedan acceder a un techo propio. México, que ha avanzado significativamente en el combate a las desigualdades sociales y económicas, aún arrastra el problema de la pobreza patrimonial.

La pobreza patrimonial es uno de los problemas más graves al que se enfrentan los habitantes más pobres de nuestro país.

Hablamos de la situación en la que una persona o una familia no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas (vivienda, alimentación, educación, transporte, salud y vestimenta). Según el Informe de Pobreza y Evaluación 2022 de CONEVAL, para ese año se estimó que 52.0 millones de personas en México vivían en estado de pobreza patrimonial, lo que representa aproximadamente el 41.9% de la población del país.

La construcción y la regularización de viviendas en México no sólo habrá de generar mejores condiciones de bienestar para millones de mexicanas y mexicanos, sino también será un factor que impulse el crecimiento económico con distribución de la riqueza, prosperidad compartida.

Personalmente soy testigo, como residente y vecino del municipio de Nezahualcóyotl, del esfuerzo de las familias mexicanas (hoy mexiquenses) por conseguir vivir en un espacio digno donde hacer crecer sus expectativas de vida.

La nota completa en Quadratín Michoacán.