Caso de El Diablo divide al Poder Judicial y genera suspicacias

La historia, como es del conocimiento público, inició el pasado 12 de abril del presente año, cuando se reportó la desaparición de tres jóvenes –dos hermanos y la novia de uno de ellos, que circulaban por la vía federal México-Cuernavaca, a la altura del municipio de Huitzilac.

Tan sólo tres días después, se encontraron los cuerpos sin vida de los mismos, lo que dio inició a la investigación por los delitos de doble homicidio, y feminicidio.

En la actualidad, este asunto ha sido sumamente politizado, al grado de estar en el ojo de los noticieros a nivel nacional.

Hubo alguien que denunció de forma directa a Luis Alberto Ibarra Ramírez, apodado como El Diablo, como la persona que secuestró y mató a los jóvenes profesionistas.

Luego, derivado de una orden de cateo, se encontró en el domicilio del denunciado ropa con sangre de las víctimas, así como tarjetas de banco y de identificaciones que pertenecían a los mismos.

Es increíble que a la fecha no existe ninguna resolución judicial que sustente la investigación en contra de este sujeto.

¿Cómo un presunto delincuente de esta categoría, del que se tienen pruebas contundentes y que acreditan que fue el autor material de este acto tan atroz, pudo vencer a la justicia?

Fuentes internas del propio TSJ dicen que la respuesta es sencilla: aparentemente corrupción e intereses de grupo.

Dicen hay incongruencia del Poder Judicial del Estado de Morelos y señalan al juez penal de nombre Natanael Subdías Aguilar como el encargado de decretar como ilegal lo legal, en aquellos asuntos de los que no convenga a los intereses de la presidencia que se judicialicen.

Sin embargo, tarde le llegó la orden, pues este impartidor de justicia analizó las pruebas que vinculaban a El Diablo con los homicidios y el feminicidio, decretando que era legal que las policías catearan el domicilio del secuestrador, y fue ahí donde encontraron la evidencia de que Luis Alberto es culpable.

Después de ello fue detenido, y le tocó conocer del asunto, ahora a la Jueza de Atlacholoaya, Alejandra Trejo Reséndiz, quien hizo una nueva sentencia en la que únicamente dijo que todas las pruebas estaban envenenadas, que nada valía, que todo era ilegal y que el secuestrador, homicida y violador tenía que ser puesto en libertad.

Esto a pesar de que el Juez Natanael ya había dicho que esas pruebas eran legales.

Esto no acaba aquí. La Fiscalía apeló la resolución, llegando a la sala segunda de justicia de Morelos, integrada por los magistrados Guillermina Jiménez Serafín, Maricarmen Aquino Celis y Carlos Ivan Arenas Ángeles.

El último juzgador nombrado fue quien denunció al Presidente, Luis Jorge Gamboa Olea, ante el Ministerio Público de Anticorrupción, porque las dos magistradas querían confirmar la sentencia de libertad que la jueza le otorgó a El Diablo mientras que Carlos Iván quería evidenciar en la misma audiencia que lo que se iba a resolver era ilegal en todo su esplendor.

Razón por la cual el presidente, según lo que cuenta Carlos Iván, lo presionó para que cambiara su decisión.
Fuentes confiables informan que por fin, el jueves 21 de septiembre se llevó a cabo la audiencia de El Diablo por parte de las Licenciadas Guillermina Jiménez Serafin, Maricarmen Aquino Celis y Francisco Hurtado Delgado. Las dos Magistradas resolvieron en una mayoría de votos que, como la juez lo dijo las pruebas de la Fiscalía eran ilegales, y por tanto, no importaba que existiera una denuncia en contra de Luis Alberto Ibarra, en la que se afirmaba que este sujeto fue quien secuestró y mató a las tres víctimas, pues según su dicho el cateo realizado en la casa del secuestrador y homicida, se pudo realizar por que el mismo fue quien dio su domicilio, siendo esta la única razón para que las Magistradas consideraran que ese cateo afectó el derecho de la autoincriminación propia.

Por lo que en un acto de total violación a los derechos de las víctimas, y de sus familiares quienes han estado aclamando justicia, prefirieron respaldar a los delincuentes involucrados y a los del propio tribunal, leyendo una sentencia que daba validez a lo actuado por la juez Alejandra Trejo.

Esto no es todo. Las personas que estaban presentes se quedaron en shock, pues cuando el Magistrado Hurtado Delgado tomó el micrófono, les dijo a todos que se encontraba asombrado, porque de último momento se había cambiado el proyecto a resolver, ya que la que a él le habían pasado, era una en la que se revocaba la sentencia con la que liberaron al diablo.

Al igual que las magistradas presentes, el magistrado Hurtado Delgado hizo públicas todas las inconsistencias del caso, afirmando que no había razón alguna, ni legal, ni lógica con la que se demostrara que no había pruebas para señalar que El Diablo fue la persona que cometió los delitos.

En otro acto evidenció que la jueza y las propias magistradas estaban ignorando los verdaderos hechos, porque con todas las pruebas se había demostrado que Luis Alberto había sido golpeado y balaceado por otras personas, y que por esa razón pidió el auxilio de los ministerios públicos a quien les dio sus datos personales, entre los cuales estaba su domicilio.

Por esto, el magistrado considero que no había violación de derechos, porque nadie lo obligó a que el mismo diera la ubicación del lugar que fue cateado.

También se dijo por parte del magistrado que se estaba pasando por alto que la mujer privada de la vida, también fue torturada, golpeada y violada muchas veces, razón por la cual la Juez, a pesar de ser mujer, no hizo uso de la perspectiva de género, aunque esta sea una obligación que las leyes mexicanas contemplan.

Con lo que se puede notar, que las supuestas violaciones a derechos, fueron únicamente argumentos para que el secuestrador pudiera irse libre.

Desde el propio TSJ dicen, es notorio que las autoridades están protegiendo a El Diablo. Pero la pregunta aquí sería ¿Por qué?.

Lo que sí se sabe es que algunos jueces y magistrados no son empáticos con los asuntos. Nos encontramos en una entidad en la que la justicia ha quedado en el pasado. La propia sociedad ha manifestado que los jueces son sujetos con los que no tienen trato, ajenos a la vida diaria mismos que fácilmente son parte de la corrupción.