Rechaza Ayuntamiento abusos en operativos contra ambulantes
MORELIA, Mich., 31 de marzo de 2019.- El ayuntamiento de Morelia rechazó incurrir en violaciones a los derechos humanos de vendedores ambulantes y semifijos no tolerados para laborar en el Centro Histórico, durante acciones para retirar a estos oferentes.
Ello, luego que en redes sociales se diera a conocer los presuntos malos tratos dados a un comerciante de churros que pretendía trabajar en las inmediaciones del templo del Sagrario Metropolitano, mejor conocido como templo de Las Monjas, el pasado sábado 30 de marzo.
De acuerdo con la Secretaría de Servicios Públicos, personal de inspección llevó a cabo un operativo en el primer cuadro de Morelia para desincentivar el comercio informal, durante el cual se decomisó su mercadería a un oferente de churros, que calificó como reincidente.
Afirmó la dependencia que esto se concretó luego de proporcionar al vendedor “alternativas para ajustarse a la normatividad”, alternativas que no especificó.
Aseguró que ante la determinación, el vendedor arrojó su producto a la acera y se negó a aceptar la multa impuesta, tras lo que responsabilizó al personal municipal del incidente.
Previamente, a través de la red social Facebook, usuarios expresaron su disconformidad con lo que consideraron un abuso de los inspectores de Comercio en la Vía Pública de Morelia, al presuntamente arrojar a la calle los churros que un individuo ofrecía a los transeúntes.
Cibernautas compartieron en sus perfiles fotografías del incidente, lo que generó el reclamo de ciudadanos a la autoridad por los supuestos prepotencia y malos tratos de los inspectores a los comerciantes no tolerados.
Reclamaron la sanción a estos oferentes, en tanto que a comerciantes semifijos y ambulantes instalados en la avenida Lázaro Cárdenas y las cercanías del mercado Independencia se les permite operar en condiciones de normalidad.
Al tiempo, otros usuarios destacaron que el bando municipal prohíbe la venta de bienes y servicios en el Centro Histórico, además que comerciantes que fueran reubicados en 2001 expusieron que no se debe admitir la presencia de vendedores en las calles de las que ellos fueran retirados.
