Denuncian supuesta malversación de recursos con fines partidistas

MORELIA, Mich., 18 de febrero de 2020.- Ex empleados de la Secretaría de Bienestar y Política Social, en Morelia, denunciaron la existencia de presunto acoso laboral y sexual, así como supuesto uso de recursos públicos con fines proselitistas, al interior de la administración municipal.

De acuerdo con Olga García García, extrabajadora de la instancia, suman alrededor de 100 las personas que habrían experimentado acoso laboral, humillaciones, vejaciones y falta de pagos comprometidos, así como por lo menos 10 mujeres que habrían sufrido acoso y hostigamiento sexual, por parte de funcionarios adscritos a la Secretaría de Bienestar y Política Social y el Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva (Imujeris).

Detalló que entre 2018 y 2019 se integraron 100 personas se incorporaron a la Secretaría de Bienestar y Política Social, en áreas como la atención de contingencias, coordinadores territoriales y mejoramiento de barrios y gestión ciudadana, con la promesa de percibir un pago de seis mil pesos mensuales, así como prestaciones laborales.

No obstante, los empleados no recibieron el salario señalado, sino únicamente ministraciones que oscilaron de mil a dos mil pesos mensuales ocasionales, además que no contaron con un contrato de prestación de servicios o nómina, ya que los recursos que les fueron entregados referían el pago de servicios como clases de guitarra o de zumba, que no correspondían a sus actividades.

Asimismo, manifestó que la delegada del sector Independencia, Luz Elizabeth Ayala Herrera, ejerció violencia laboral contra este personal, situación que, una vez hecha del conocimiento de Roberto Reyes Cosari, secretario de Bienestar y Política Social, y Raúl Morón, alcalde de Morelia, no se resolvió.

García García agregó que al momento se han presentado tres denuncias penales por estos hechos, además de tener acercamientos con el presidente municipal; Humberto Arróniz Reyes, secretario del Ayuntamiento; Labinia Aranda Ortega, síndica municipal; las áreas jurídica y de derechos humanos del municipio, y regidores, sin obtener una respuesta favorable.

Respecto de los casos de presunto acoso sexual, mencionó que la autoridad municipal requirió pruebas, especialmente tras el pronunciamiento de la regidora Carmen Cortés sobre la queja de acoso sexual por parte de servidores públicos en contra de trabajadoras.

Expresó que la mayor parte de los trabajadores afectados optó por retirarse de la administración municipal, si bien persisten en sus puestos, a la espera del cumplimiento de los compromisos adquiridos, entre 20 y 25 personas.

En torno del supuesto uso de recursos públicos con fines proselitistas, Ana María Soria González, exempleada de la Secretaría de Bienestar y Política Social, mencionó que Ayala Herrera condicionó la entrega de apoyos sociales, como calentadores solares, a la asistencia a actividades del municipio y la no presentación en reuniones o convocatorias de funcionarios o militantes pertenecientes a otros partidos políticos.

Precisó que, en el caso de la tenencia de Tiripetío, aunque se encuentra dentro del Pacto por Morelia como zona de atención prioritaria, al ser el actual auxiliar de la autoridad municipal de un partido político distinto, se le ha excluido de la entrega de beneficios e incentivos gubernamentales.

Omar García Arredondo, extrabajador de la Secretaría de Bienestar y Política Social, lamentó que Raúl Morón asumiera la inconformidad de este personal como un “chisme político” y pidió a la autoridad local a dar certeza a los empleados que permanecen en el ayuntamiento capitalino, así como a solventar los pagos pendientes a quienes optaron por retirarse del servicio público.

Los quejosos indicaron que estas denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Congreso local, además que en breve serán presentadas ante las secretarías de la Contraloría del Estado de Michoacán (Secoem) y la Función Pública (SFP); los institutos Electoral de Michoacán (IEM) y Nacional Electoral (INE), y las comisiones Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Vamos a ver en qué instancia nos ayudan, porque recurrimos al ayuntamiento y no pasó nada”, reiteró Olga García.