Reforma Judicial: implicaciones legales, democráticas e internacionales
MORELIA, Mich., 5 de septiembre de 2024.- En medio de un contexto de protestas y desacuerdos legales, alrededor de 150 trabajadores del Poder Judicial Federal en Michoacán se movilizarán hacia el Senado de la República en las próximas horas, para protestar contra la reforma judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Así lo informó este miércoles el magistrado Moisés Duarte Ruiz, adscrito al Décimo Primer Circuito de Michoacán, quien explicó que el paro seguirá y que estas medidas son parte de un esfuerzo coordinado a nivel nacional para oponerse a la reforma, que considera una amenaza para la independencia judicial.
En entrevista con Quadratín, el magistrado Duarte Ruiz explicó que esta acción es sólo una parte de las protestas que se han llevado a cabo en todo el país durante las últimas semanas.
"Vamos a hacer una especie de pulpo con las diferentes marchas que ya están en curso desde diversos puntos del país, con el objetivo de concentrarnos en el Senado de la República", afirmó.
En particular, destacó que desde Michoacán, los contingentes se reunirán en Tepotzotlán, Estado de México, para después dirigirse hacia la capital del país.
"Salimos parte del personal hacia la Ciudad de México, mientras que el resto del equipo se queda aquí en una toma significativa y simbólica. Queremos que se unan los más que puedan, y la protesta durará varios días", agregó Duarte Ruiz.
Violaciones legales en el procedimiento legislativo
El Magistrado también hizo énfasis en las violaciones al proceso legislativo durante la aprobación de la reforma judicial. Según Duarte, "hay una suspensión que no ha sido recurrida, lo que implica una violación al procedimiento de aprobación en el Congreso de la Unión.
Incluso, se ha comentado que en lugar de los diputados titulares, en algunos casos fueron sus choferes o familiares quienes ocuparon sus lugares, lo cual es una grave irregularidad", dijo.
El jurista subrayó que esta situación no sólo afecta la legitimidad de la reforma, sino que también pone en tela de juicio la legalidad del propio proceso legislativo.
"Están en franca rebeldía", aseveró el Magistrado, al señalar que los responsables de estas violaciones podrían enfrentar consecuencias legales graves si no se acatan las suspensiones.
Acciones internacionales: la presión crece
A nivel internacional, Duarte mencionó que ya se presentó una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con base en el artículo 41 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y que la Comisión ya solicitó al Estado Mexicano un informe detallado sobre la reforma judicial, el cual debe ser entregado en los próximos días.
"Ya nos notificaron que el Estado Mexicano debe rendir un informe sobre la reforma, sus razones y fundamentos. Además, se presentó una medida cautelar ante la misma Comisión para que ordene al Congreso detener el procedimiento legislativo", explicó Duarte Ruíz.
Aunque no se sabe aún cuál será la resolución de la Comisión, el Magistrado se dijo confiado en que esta medida podría frenar temporalmente la implementación de la reforma.
Adelantó que en caso de que México desatienda instrucciones de esta instancia internacional, podría enfrentar muy graves consecuencias en materia de relaciones con los Estados que forman parte.
Impacto económico y social, en caso de sanciones
Duarte advirtió sobre las posibles repercusiones económicas para México en caso de que no se cumplan las disposiciones internacionales.
"Si México no acata las resoluciones de la Comisión Interamericana, las sanciones pueden ser muy graves, incluso el bloqueo económico. Esto afectaría industrias clave, como el aguacate y el limón, que son de vital importancia para la economía de Michoacán", afirmó el Magistrado.
Duarte Ruíz recalcó la importancia de estas protestas, no sólo como un movimiento en defensa de los derechos laborales de los trabajadores judiciales, sino también como un mensaje claro al Gobierno Mexicano sobre las consecuencias de violar el Estado de Derecho.
La democracia en riesgo
Y es que, enfatizó que los jueces y magistrados federales no protestan por motivos laborales, sino en defensa de la República, la división de poderes y la independencia judicial.
Recalcó que, de vulnerarse estos pilares, se pondría en riesgo la democracia, las libertades y el Estado de Derecho. Como juzgadores, su función es proteger a los ciudadanos de los abusos de autoridad, al resolver amparos contra diversas instancias de poder.
En ese sentido, dejó claro que su lucha no es sólo por sus puestos o por el Poder Judicial, como el oficialismo pretende hacer creer, sino por la preservación de un México libre de autoritarismos, donde la justicia mantenga su autonomía y sirva de contrapeso a los poderes del Estado.
