Pide Ombudsman nacional armonización de leyes por DH de discapacitados

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de julio de 2017.- El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que la igualdad, inclusión y respeto hacia las personas con discapacidad aún son asignaturas pendientes, pese a los avances normativos alcanzados, por lo cual demandó a sociedad y autoridades generar un entorno en que la igualdad, inclusión y vigencia de sus derechos humanos sea una realidad que trascienda el mero reconocimiento formal de los mismos, y solicitó a los Congresos locales concretar la armonización legislativa acorde con la Constitución General de la República y los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

Según un comunicado, destacó que las personas con discapacidad han enfrentado históricamente la invisibilidad, exclusión y la imposición de normas y políticas públicas inadecuadas debido, en gran medida, a la visión médica o asistencial asumida por la mayoría de los gobiernos.

“De ahí –dijo— la importancia de avanzar hacia un nuevo paradigma en el que las personas con discapacidad dejen de ser vistas como objetos de caridad y asistencia para convertirse –verdaderamente— en sujetos de derechos y obligaciones, y se respeten sus libertades fundamentales”.

Al hablar en el acto inaugural de la Reunión de Parlamentarios Locales para la Armonización Legislativa de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, González Pérez enfatizó que aún hay muchos ordenamientos federales, estatales y municipales que no ofrecen adecuada protección en materia de derechos humanos, e incluso hay temas en que se percibe vacío por ausencia total de normas adecuadas, lo que complica el ejercicio de los derechos y su protección por la autoridad pública.

Tras señalar que el reto es construir la igualdad partiendo de la diversidad, expresó que, a pesar de su intención de armonizarse con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el orden jurídico nacional en la materia no contempla mecanismos de consulta a las organizaciones de la sociedad civil en lo referente a la transversalidad del tema de la discapacidad en las políticas públicas.

González Pérez explicó que existen otros campos de primordial atención que demandan armonización legislativa, como el fortalecimiento de las disposiciones legales relativas a la seguridad y protección en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias; las relativas a la protección contra explotación, violencia y abuso contra este sector poblacional; las que procuren el ejercicio pleno del derecho a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad; el derecho a la movilidad personal, con la mayor independencia posible, y la participación en la vida política y pública en igualdad de condiciones que los demás, entre otros.

En este acto, el Ombudsman nacional compartió el presídium con Luis Fernando Mesta Soulé, Presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados; Mercedes Juan López, Titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; María Angélica Luna Parra, Titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social;  Ricardo Sepúlveda Iguíniz, Director General de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y el Primer Visitador General y el Director General de Atención a la Discapacidad de la CNDH, Ismael Eslava Pérez y Joaquín Alva Ruiz Cabañas, respectivamente.

González Pérez recordó que nuestro país fue el que propuso la creación de la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, por lo cual debe reforzar su papel como promotor y defensor de las causas de ese grupo poblacional y generar avances concretos en la observancia y vigencia de sus derechos.

Al dirigirse a las diputadas y diputados de las distintas legislaturas de los estados y a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, subrayó la necesidad de actuar para incidir de manera positiva y determinante en la realidad de las personas con discapacidad y lograr la consolidación de un marco normativo justo y congruente con la dignidad y los derechos de ese sector poblacional, para que participen activamente en sus comunidades y contribuyan en su desarrollo, así como acabar con prejuicios y estereotipos que les niegan o reducen sus posibilidades de vida y desarrollo. “Todo con ellos, nada sin ellos, creo que es lo que debemos tener como eje transversal”, afirmó.

Por su parte, el diputado Luis Fernando Mesta Soulé, Presidente de la Comisión de Grupos Vulnerables, señaló que el tema de discapacidad no se debe aplazar más; reconoció los avances que se han logrado en esa materia, que no hubieran sido posibles sin el impulso de la sociedad civil. Sin embargo, subrayó el largo camino que aún se debe recorrer para garantizar la inclusión de ese sector de la población.

Destacó que el encuentro analizará la situación en que está nuestro país en torno de las armonizaciones de las legislaciones locales con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, se trabajará en las coincidencias para atender las recomendaciones que permitan una armonización respetuosa en las entidades federativas que coadyuve a reconocer e impulsar de manera comprometida los derechos de las personas con discapacidad.

Apuntó que la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados que preside realizó un primer ejercicio de investigación sobre la situación de la legislación de cada entidad federativa respecto a los derechos de las personas con discapacidad, cuyos resultados muestran necesidades particulares que se deben atender. Dicho estudio fue entregado a los Parlamentarios asistentes a la Reunión.

El legislador recordó que el próximo año México informará a la ONU del avance registrado respecto de las Recomendaciones emitidas y el estatus que guarda el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nuestro objetivo, dijo, no se debe limitar a emitir recomendaciones, sino ampliar el catálogo de derechos y sentar un precedente en la manera en que atendemos dicho tema.

La meta es que México sea un país donde puedan desarrollarse de manera plena, libre de barreras físicas y sociales para garantizar que el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales conlleve el goce de una vida autónoma e independiente.

En el marco de la reunión, Alberto Athié Gallo, Consejero integrante del Consejo Consultivo de la CNDH, habló sobre el cambio de paradigma que plantea la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que implica no sólo la perspectiva de ver esa condición como un problema de entornos, sino en su opinión se trata, a nivel mundial, de un problema de interacción entre ese sector de la población y lo que se llama la normalidad de la sociedad y de sus formas de organización, Estados, autoridades, leyes, estructuras.

La discapacidad es la forma en que interactúo desde donde estoy, sea el campo que fuere, para que las personas con discapacidad tengan plena inclusión en ese ambiente. Estos ciudadanos son sujetos de todos los derechos; nos toca reconocerlos como tales, enfatizó.

Athié Galló reconoció que hay instituciones y sistemas muy valiosos; reformas estructurales de leyes muy interesantes en algunas hemos avanzado y en otras volvemos a retroceder, y hay algunas leyes actuales que no son inclusivas en dimensiones constitutivas de nuestra identidad, porque no existen procesos institucionales de las Cámaras legislativas que tendrían que revisar desde la perspectiva de la inclusión todas las reformas o propuestas de leyes que se hagan, que no pasen si no son inclusivas.

Manifestó su preocupación por la situación que vive México que, por un lado, tiene nuevas leyes, instituciones, mecanismos, procesos, y la realidad es que el país se está desmoronando y además estamos cayendo en la tentación de militarizarlo para encontrar una solución de seguridad y control. Invitó a autoridades y representantes populares a encontrar formas de consolidar México como una nación de Derecho.

En su oportunidad, la Titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, María Angélica Luna Parra, hizo una relatoría de cómo, desde el último tercio del siglo pasado se han ido formando importantes instituciones encargadas del cuidado y defensa de personas con discapacidad como APAC, DIME, CONAPRED, CONADIS, y cómo esta democracia creativa es la forma que encuentra la sociedad e irse manifestando, de ir presionando, de ir creando estructuras nuevas.

Destacó la nueva relación de una sociedad informada, consciente, valiente, para denunciar y oponerse, pero también creativa para proponer cambios y soluciones, abierta para el diálogo, articulada, persistente y dinámica. Opinó que los cambios sociales no se logran en un año, ni en dos, ni en tres, y desgraciadamente en el tema de la inclusión, dijo, a veces damos un paso adelante y dos para atrás.

Al revalorar todo lo que se ha logrado, indicó que nos falta trabajar mucho en la nueva cultura de la sociedad, a la que tenemos que estar siempre sensibilizando a ser abierta e incluyente; a facilitarles a los demás este acceso a la vida plena de derechos, y luego, vendría la evaluación, aquí se ha hablado de un observatorio, de estar evaluando las leyes locales, y esto va a ser permanente.

En la democracia creativa, dijo, todos los pasos que se requieren van desde la conciencia crítica, que es muy importante, qué falta por hacer, de qué estamos enojados, qué quisiéramos cambiar, qué utopía queremos formar, “porque no nada más trabajamos por enojo, trabajamos por ideales, y la sociedad puede trabajar por un ideal que sea una utopía de una sociedad incluyente”, expresó.

Afirmó que en este tipo de encuentros debería de haber más personas con discapacidad, más madres de personas con discapacidad, más hijos de personas con discapacidad, que estuvieran oyendo y que salieran de aquí llenas de energía, para ir a sus estados y luchar.

A su vez, Joaquín Alva Ruiz Cabañas llamó a la sociedad civil, a las personas con discapacidad y organizaciones que les representan a participar en el seguimiento de la promoción, protección y supervisión de la atención a ese sector de la población de más de 7.7 millones de personas, a través del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

En su oportunidad, Alberto Cepeda Orvañanos, Director para la Eliminación de la Discriminación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), habló de la relevancia que constituye que en los últimos años, México haya tenido gran apertura al sistema internacional de los derechos humanos.

Destacó la importancia de la mencionada Convención, que fomenta la plena integración y desarrollo en todas las áreas de la vida de ese grupo poblacional, y sugirió un cambio paradigmático a las actividades y enfoques respecto de sus derechos.

Sostuvo que revertir la tendencia de las sociedades a limitar a este grupo social el acceso a la salud, educación, mercado laboral y servicios es un asunto de interés público de hacer realidad sus derechos humanos y de promoción del desarrollo humano donde más falta hace.

A su vez, Ricardo Sepúlveda Iguíniz, Director de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), habló de la visión que tiene esa dependencia como encargada de la política interior respecto de los mecanismos para impulsar el goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

Destacó la deuda histórica que se tiene en México con ese sector de la población, y explicó que la causa no ha sido sólo la invisibilización, sino la falta de entendimiento y comprensión de lo que significa la dignidad de las personas.

En cuanto a las Recomendaciones de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, dijo que cuando el país está bajo la lupa, es obligación de México presentar la realidad y muchas veces ésta no se refleja en los informes que presentamos a estos comités y, por ello, convocó a los ahí presentes a no esconder la realidad.

En su momento la Dra. Mercedes Juan López, Titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), señaló algunos avances alcanzados, como en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se contempla el derecho a la inclusión de personas con discapacidad; y en los capítulos de salud y educación se establecen acciones específicas y alternativas en la materia, y que son respuesta al artículo 7 de la Convención.

En la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiocomunicación, que contiene los capítulos sobre discapacidad, uno para los usuarios y otro para el derecho de la audiencia, que corresponde a los artículos 9 y 21 de la Convención, y el Código Nacional de Procedimientos Penales que establece el derecho a Interpretación en Lenguaje de Señas Mexicanas y medios tecnológicos accesibles para las personas con discapacidad, referente al artículo 13; asimismo se refirió a un programa piloto de la Secretaría de Educación Pública en 150 escuelas públicas del país para cambiar de educación especial a educación inclusiva.

Ricardo Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, hizo un reconocimiento al Poder Legislativo por el avance que ha tenido el país en materia de discapacidad en los últimos 20 años; recordó que en los años 90 el sector de personas con discapacidad en México vivía en un marco de invisibilidad, no había leyes ni convenciones, lo que promovía, provocaba, reproducía ampliamente la discriminación y la exclusión en muy diversas formas.

También participó Adalberto Méndez, Director de Atención a la Discapacidad de la CNDH, quien hizo un llamado a las legislaturas de los estados que aún faltan por armonizar sus leyes y normas para hacer efectivos los derechos humanos de las personas con discapacidad en sus Constituciones.

Por su parte, Camerina Ahideé Robles Cuellar, representante de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad (COAMEX), hizo referencia al Informe Alternativo “La Voz de la Sociedad Civil en la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Explicó que es un trabajo elaborado por COAMEX, que señala lo que se ha hecho en materia de inclusión. Documenta la situación que guardan los derechos de las personas con discapacidad considerando la experiencia de la sociedad civil quien va a brindar información adicional al Comité de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad en el diseño e implementación de la Convención.

Es una perspectiva distinta al Informe Oficial, que en su primera edición observó los temas salud, trabajo y educación, tomando en cuenta cuatro ejes transversales: políticas públicas y asignación presupuestaria, accesibilidad, los grupos con alto grado de marginación, e igual reconocimiento como personas ante la ley.

Aunque reconoció que los retos que el país tiene hacia Naciones Unidas estos tienen que ver con la sensibilización, lo que necesitamos es generar una conciencia de inclusión; dijo que los medios de comunicación tienen mucho que hacer para ya no ver a las personas con discapacidad con lástima y conmiseración. Llamó a no darles dádivas sino a realizar un verdadero ejercicio de sus derechos. Documentar y apoyar las buenas prácticas y los casos de éxito.

Javier Quijano Orvañanos, de la Confederación de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (CONFE), habló de la importancia de la sociedad civil en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad.

Refirió, por último, cómo desde los años 50, 60 y 70, algunas familias buscaron espacios y buenas prácticas en el país y en el extranjero, las trajeron a México donde lograron tropicalizarlas y ponerlas en práctica y dar su lugar a las personas con discapacidad; son pioneras de las actuales organizaciones de la sociedad civil que dieron un ejemplo de vinculación efectiva, al trabajar con aquellos gobiernos de manera conjunta para generar leyes y mecanismos en favor de ese sector.