La justicia para mí ha sido a golpe de amparo, lamentó Carlos Escobedo

MORELIA, Mich.,  28  de noviembre de 2024.- A más de tres meses de haber presentado denuncia por desaparición y tortura en contra del que fuera coordinador del Sistema Penitenciario de Michoacán, Ignacio N, la víctima denunció una serie de aparentes violaciones a sus derechos constitucionales y revictimización por parte de las autoridades. 

En entrevista con Quadratín, Carlos Escobedo relató que a lo largo de los meses ha tenido que recurrir a una serie de amparos y recursos legales ante tribunales locales y federales. Todos hasta ahora ganados, inconsistencias que detectó desde que inició esta batalla por el acceso a la justicia. 

Tras presentar la denuncia, “me encuentro en completa desatención, lo más grave para mí como víctima. Ni siquiera se previó atención de carácter médico o psicológico, al ser víctima de tortura, por otro lado, en lo que LE toca a la Fiscalía, he sufrido revictimización y los avances obtenidos para la investigación ha sido a golpe de amparo”, queja que fue admitida por el juez Alejandro Sosa Maya, en audiencia de incidencia.

“... determiné que al no realizar la Fiscalía una investigación completa del hecho denunciado… Así como tampoco realizó los análisis médicos y psicológicos a la víctima, se causó una afectación al derecho humano de debido acceso a la justicia, en perjuicio de la parte agraviada”, 

Luego de lograr su captura, Carlos Escobedo recurrió a presentar una denuncia. Fue recibido en la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, pero luego de unas semanas, sin previa consulta a la víctima, quien además es abogado con varios años de experiencia, de la nada, fue notificado del cambio de delito a lesiones dolosas. 

Con base a los derechos que le asisten estipulados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, presentó un recurso de tutela, mismo que le fue concedido en audiencia de incidencia por el juez Alejandro Sosa Maya, el pasado 21 de agosto a las 11 horas, documento integrado al cuaderno de antecedentes de la causa 02099/2024.

El juzgador local ordenó al Ministerio Público Esperanza Hurtado Murillo turnar nuevamente el caso a la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, echando para atrás la intención de que llegara a la Fiscalía Regional. 

Pero las irregularidades no concluyeron en ese punto. 

Carlos Escobedo llevó a los tribunales federales al Ministerio Público local porque le daba acceso parcial a la carpeta de investigación, derecho que finalmente le fue reconocido por la juez Cuarto de Distrito Katia Orozco Alfaro, en el juicio de amparo 948/2024.

“Se tiene por ciertas las manifestaciones del agraviado y, en consecuencia, por probada la omisión de la responsable-agente del Ministerio Público-que infringe el derecho de acceso a la justicia y conocimiento de la verdad del peticionario, el cual se encuentra garantizado en la Constitución  Federal, a pesar de que este juzgado ya había dictado diversas medidas para su protección. Por lo tanto, es fundado el incidente en que se actúa…”, resolvió a favor de la víctima la autoridad jurisdiccional federal.

Las medidas cautelares en favor de Carlos Escobedo continuaron avanzando, “a golpe de amparo” como él mismo señaló, en una segunda audiencia se les negó a los investigadores acceder a su expediente médico, ya que se pretendía introducir elementos ajenos a los actos denunciados. 

Pero los avances han sido lentos y persiste la resistencia del Poder Ejecutivo a garantizar sus derechos, como por ejemplo, brindarle acceso a la información del número de oficiales de la Guardia Civil asignados a la guardia y custodia del exfuncionario e imputados, esposa e hijos de Ignacio N, pese a un nuevo mandato judicial, derivado del amparo 1024/2024. 

Tampoco logró detener la decisión de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de turnar el caso a la Fiscalía Regional de Morelia, ya que ante el rechazo del juez Jesús Alejandro Sosa Maya, presentó acuerdo para declararse incompetente, el pasado 8 de noviembre. 

Para Carlos Escobedo el acceso a la justicia ha sido como luchar contra la corriente, porque hasta el juez Fernando Hernández Hernández echó por tierra lo resuelto en primera instancia por Jesús Alejandro Sosa Maya, lo que lo obligó ahora a presentar nuevas controversias, porque ante sus ojos no es solo por la justicia, es por su propia vida. 

“Parece que esta denuncia me ha traído más problemas que justicia, porque continúan las amenazas a mi persona, veladas, directas e indirectas. Me han contactado a través de colegas y amigos, conocidos y ofrecido dinero con la intención de generar una impunidad. Así lo he sabido por gente cercana es que después de que se enfríe el asunto, matarme”, declaró la víctima.  

Sin justicia ni medidas de protección efectivas para continuar con su vida, con las aparentes amenazas latentes, Carlos Escobedo tuvo que salir de Michoacán, autoexiliarse, lo que lo llevó a reducir sus ingresos por perdida de trabajo y pasar el trauma de los golpes y la tortura en soledad. A tres meses de la agresión, tiene algo solo en mente: justicia, para retomar su vida.