Ayotzinapa: Atrocidades e impunidad
CDMX, 10 de mayo, 2017.- El fiscal especial para el caso Iguala designado por la Procuraduría General de la República (PGR), Alfredo Higuera, reconoció dos casos de tortura de presuntos implicados en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Estos ominosos hechos fueron señalados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la oficina del Alto Comisionado de la ONU.
De nueva cuenta los acontecimientos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, donde desaparecieron 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, ilustran los graves problemas estructurales que aquejan a la sociedad mexicana: colusión de autoridades con grupos del crimen organizado, corrupción e impunidad, por mencionar solo algunos. Las consecuencias políticas, jurídicas y de imagen del país, al paso de cuatro años también exhiben el creciente deterioro de los derechos humanos y la ausencia de definiciones estratégicas para abordar los grandes problemas nacionales.
Diversas voces en el mundo de la academia, y en organismos internacionales de derechos humanos empiezan a sugerir la posible intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) en este lamentable hecho. Hasta ahora, el caso Ayotzinapa tendría pocas posibilidades de éxito para ser investigado por la CPI ya que el Estado mexicano tiene jurisdicción sobre los hechos, pero si no está dispuesto a llevar a cabo una investigación de acuerdo a los protocolos internacionales o no puede realmente hacerlo, la posibilidad de acceder a esa instancia es una opción que explora el informe “Atrocidades innegables, confrontando crímenes de lesa humanidad en México” elaborado por la organización de derechos humanos Open Society.
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