Piden adecuar fiscalización en cuentas públicas de comunidades autónomas
MORELIA, Mich., 21 de marzo de 2019.- Un nuevo esquema de fiscalización que se adecue a la realidad cultural de las comunidades indígenas que han adquirido autonomía financiera, planteó el catedrático e investigador de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Felipe Orlando Aragón Andrade.
En entrevista con Quadratín, Aragón Andrade, conocido por haber encabezado la defensa jurídica de Cherán en su búsqueda del autogobierno, señaló que aunque se han dado avances, prevalece una serie de vacíos jurídicos que impiden el plena ejercicio de la autonomía.
“Las condiciones de fiscalización deberían ser diferenciadas; hay una ley de contabilidad federal que nos habla de eso, de que en el caso de las comunidades debe haber un poco más de flexibilidad”, dijo.
Precisó que esta flexibilidad se refiere a considerar circunstancias específicas, como las dificultades para conseguir dificultades para conseguir facturas, o el tema de las licitaciones, que muchas veces resultan inadecuadas porque la comunidad realiza las mismas obras.
“El reto es la armonización legislativa, no podemos seguir en un escenario donde los tribunales hacen estas resoluciones a favor de las comunidades pero las leyes no cambia, porque eso dificulta, genera lagunas legales para todos”, comentó el también licenciado en derecho y maestro en historia.
Mencionó que esta es una responsabilidad de los legisladores, a quienes hizo un llamado a que volteen a ver los ojos al tema, ya que además todavía hay quienes regatean el derecho a la libre autodeterminación y las comunidades deben pasar por el viacrucis de la judicialización.
“Ahorita cada comunidad que quiere hacer esto tiene que ir a un juicio, y una vez que termina todavía hay temas sobre la fiscalización, ninguna comunidad se niega a ser fiscalizada, pero la regla no se ha adecuado”, expresó el también doctor en Ciencias Antropológicas.
Ejemplificó que el caso de Santa Fe de la Laguna se prolongó durante dos años en un juicio que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que finalmente dio la razón y facultó a la comunidad para ejercer su presupuesto y autogobierno.
“El ayuntamiento perdió la controversia constitucional ante la Suprema Corte y se reconoció al Tribunal Electoral de Michoacán como la facultad para ordenar al ayuntamiento realizar la transferencia de los recursos, siendo la comunidad la beneficiaria de ese derecho”, explicó.
